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Argentina votó en contra de resolución de la ONU que califica la esclavitud como “el crimen de lesa humanidad más grave”

El Gobierno de Javier Milei se alineó con Estados Unidos e Israel en una postura que lo aisló de la comunidad internacional. Solo tres países rechazaron la iniciativa que conmemoraba el 25º aniversario de la Declaración de Durban.

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★ La Argentina ocupó un lugar incómodo en la historia reciente de las Naciones Unidas. El 25 de marzo de 2025, el gobierno de Javier Milei votó en contra de una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave», una iniciativa presentada por 60 países de África, el Caribe y América Latina en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban sobre racismo y xenofobia.

El resultado de la votación resultó contundente: 123 países apoyaron el texto, 52 se abstuvieron —principalmente del bloque occidental europeo— y solo tres naciones rechazaron la resolución: Argentina, Estados Unidos e Israel.

Una resolución histórica sobre crímenes del pasado

La iniciativa buscó reafirmar el compromiso internacional con la memoria de la trata transatlántica de esclavos africanos, un sistema que entre los siglos XVI y XIX deportó entre 12 y 15 millones de personas en condiciones de extrema violencia. El texto también condenó la esclavitud racializada en todas sus formas y llamó a los Estados a adoptar medidas educativas, reparativas y conmemorativas.

La resolución no imponía obligaciones jurídicas vinculantes ni establecía mecanismos de compensación económica directa. Su objetivo principal fue simbólico y político: reconocer la magnitud histórica del genocidio y la esclavitud como fundamento del racismo estructural contemporáneo.

El silencio diplomático del gobierno argentino

El gobierno de Milei no ofreció explicaciones públicas inmediatas sobre su voto negativo. Fuentes diplomáticas consultadas señalaron que la decisión respondió a una coordinación previa con la administración de Donald Trump y el ejecutivo de Benjamin Netanyahu, en línea con la política exterior de alineación automática que caracterizó los primeros meses de gestión.

La postura argentina contrastó con la de sus socios tradicionales del Mercosur. Brasil, Uruguay y Paraguay votaron a favor de la resolución. Chile, Colombia, México y prácticamente todo el continente americano —con excepción de Estados Unidos— apoyaron el texto.

Críticas de organismos de derechos humanos

Organizaciones de derechos humanos, movimientos afrodescendientes y especialistas en política exterior criticaron duramente la decisión. Consideraron que el voto negativo representó una ruptura con la tradición argentina de liderazgo en materia de derechos humanos y una traición a las comunidades afroargentinas, históricamente invisibilizadas.

«Argentina se puso del lado de quienes niegan la gravedad histórica de la esclavitud», señaló un comunicado conjunto de organizaciones sociales. «Este voto no solo es una vergüenza diplomática, es un insulto a las víctimas del tráfico de esclavos y a sus descendientes».

El contexto: de Durban a la actualidad

La Declaración y Programa de Acción de Durban, adoptada en 2001, constituyó el documento más completo aprobado por consenso internacional sobre racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa. Su redacción generó controversias en su momento, particularmente por tensiones entre el mundo occidental y los países que exigían reconocimiento de la esclavitud como crimen contra la humanidad.

Veinticinco años después, la resolución buscó actualizar ese compromiso. La negativa de Argentina, Estados Unidos e Israel remitió a posiciones históricas de rechazo a cualquier marco normativo que pudiera sentar precedentes para reclamos de reparación histórica o discusiones sobre responsabilidad estatal por crímenes del pasado.

Una señal de los tiempos

El voto en contra evidenció la profunda transformación de la política exterior argentina bajo el gobierno de Milei. La tradición de autonomía y equilibrio entre potencias, característica de décadas anteriores, cedió paso a una alineación explícita con los intereses de Washington y Tel Aviv, incluso cuando dicha alineación implicó aislamiento regional y rechazo de consensos amplios sobre derechos humanos.

La abstención de la mayoría de los países europeos —incluyendo Alemania, Francia y Reino Unido— mostró que existía espacio para posiciones intermedias. Argentina optó, sin embargo, por el rechazo frontal, ubicándose en una minoría de tres naciones frente a 123 votos favorables.

Puntos clave

  • ¿Qué se votó? Una resolución que calificó la esclavitud como «el crimen de lesa humanidad más grave» en el marco del 25º aniversario de la Declaración de Durban.
  • ¿Quiénes votaron en contra? Solo tres países: Argentina, Estados Unidos e Israel.
  • ¿Quiénes apoyaron? 123 países, incluyendo a todo el bloque latinoamericano —excepto EE.UU.—, África, Asia y la mayoría del mundo árabe.
  • ¿Quiénes se abstuvieron? 52 países, principalmente del bloque europeo occidental.
  • ¿Por qué importa? El voto argentino rompió con décadas de liderazgo en derechos humanos y generó rechazo de organizaciones sociales y diplomáticas.

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Juicio a Maduro en EE.UU.: las claves del juez que pueden cambiar el caso

El juez Alvin Hellerstein dejó señales clave sobre el futuro del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EE.UU. Analiza permitir el pago de su defensa pese a sanciones, cuestiona riesgos de seguridad nacional y no descarta revisar el caso en etapas posteriores.

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Lo que tenés que saber:

  • El juez analiza permitir el pago de abogados pese a sanciones de la OFAC.
  • El proceso podría no llegar a juicio en 2026 por su complejidad.
  • Hellerstein cuestionó si los acusados representan una amenaza actual.
  • El caso incluye acusaciones contra al menos 4 personas no detenidas.
  • No se descarta una revisión futura del caso, aunque no hay desestimación inmediata.

El rol del juez marca el rumbo del proceso

El juez Alvin Hellerstein dejó en claro durante la audiencia que el derecho a una defensa adecuada es un elemento central del proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Durante el debate, insistió en la necesidad de garantizar que los acusados puedan elegir y pagar a sus abogados, incluso en el marco de sanciones internacionales vigentes.


Sanciones en revisión y debate sobre la defensa

Uno de los puntos clave del proceso es la intervención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que regula el acceso a fondos bajo sanciones.

El magistrado cuestionó la vigencia y relevancia actual de esas medidas, señalando que las condiciones cambiaron desde su implementación inicial en 2015. También puso en duda que los acusados representen hoy una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.


Un caso complejo que podría extenderse

El proceso judicial recién comienza y presenta una complejidad significativa. La investigación podría incluir viajes internacionales y el análisis de una gran cantidad de pruebas acumuladas durante años.

El juez expresó dudas sobre la capacidad de defensores públicos para asumir un caso de esta magnitud, lo que refuerza la posibilidad de que se habilite una defensa privada financiada con fondos autorizados.


La posibilidad de revisar o modificar el caso

Aunque no está en discusión inmediata la desestimación del proceso, el juez dejó abierta la posibilidad de revisarlo en el futuro.

Esta opción podría activarse si surgen obstáculos en el financiamiento de la defensa o si se producen tensiones entre las decisiones judiciales y las restricciones del Departamento del Tesoro.


Qué puede pasar en las próximas semanas

El juez deberá resolver si ordena o no la emisión de una licencia para permitir el pago de los abogados.

La decisión será clave para definir el ritmo del proceso y las condiciones en que avanzará la causa, que por ahora no tiene una fecha concreta de juicio y continúa en etapa preliminar.

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