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¿Se robaron todo? Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfuss y cómo evadir impuestos

Las mencionadas empresas fueron intimadas a abonar más de US$50 millones por exportaciones de soja.

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La Dirección de Aduanas intimó a las empresas Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss de haber llevado adelante maniobras a través de las cuales abonaron menos retenciones por exportaciones de soja previamente importadas desde Paraguay, por un monto total estimado en algo más de US$50 millones.

Fuentes de la dependencia que conduce Guillermo Michel confirmaron que “tras una investigación, Aduana intimó a estas cerealeras por más de 50 millones de dólares”.

La operatoria empleada por las firmas agroexportadoras consistía en reducir la base imponible del cálculo de los derechos de exportación sobre soja importada bajo el régimen temporal de Paraguay.

El período comprendido por la intimación corresponde a los años 2020, 2021 y 2022.

Lo valores que la Aduana le reclama a Cofco ascienden a US$ 14,7 millones; US$27 millones a Cargill; US$7 millones a Bunge; y US$3,7 millones a Dreyfuss.

“Desde la Aduana se sigue monitoreando a todo el mercado de los exportadores de cereales, para saber si el resto de las firmas aplicaron la misma lógica de cálculo”, señalaron las fuentes.

Los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, se calculan en base al precio de la tonelada FOB, que representa el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.

La ley 21453, de normas de exportación para productos agrícolas, aclara que en ambos casos se aplica, para calcular los derechos de exportación, precio oficial y tratamiento arancelario vigente a la fecha del cierre de venta informada por el declarante ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

Mientras que el decreto 1177 del año 1992 agrega que al oficiar el precio oficial como base única de tributación, no corresponde realizar deducción alguna sobre dicha base.

La operatoria de las cerealeras intimadas consistió aplicar el decreto 1330 del año 2004 al momento de declarar la importación temporal de soja paraguaya.

De manera complementaria tomaban en cuenta una nota del año 2002 de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, para reducir la base de tributación.

Desde Aduana subrayaron que la normativa que emana del decreto 1177/02 es específica para la importación temporaria de mercaderías que serán destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo.

“En concreto, al precio oficial le descontaban el porcentaje de retenciones a las exportaciones y recién sobre el número resultante de esa cuenta volvían a aplicarle la alícuota de derechos de exportación. Es decir, modificaban la base imponible, hacia abajo, para calcular retenciones”, señalaron las fuentes.

Para la Aduana «la importación temporal de soja es una medida acertada siempre que

permita tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado».

Desde el organismo sostienen que “esto no puede implicar que se aplique a un régimen de excepción creado en el 2004 (régimen de importación temporal del Decreto 1330) un criterio técnico de la vieja Secretaria de Agricultura del año 2002” ya que consideran que «no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos».

En 2018, se importaron de Paraguay 5,8 millones de toneladas, en 2019 bajó a 3,8 millones de toneladas, producto de la caída en la producción previa, lo que obligó a importar más en los años siguientes, que son precisamente los que Aduanas investigó y sobre los que intimó a Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfuss.

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Riesgo país a 675: Ravier culpa al mundo y promete que nada va a cambiar

El vocero presidencial atribuyó a la “incertidumbre global” el máximo del año del indicador, descartó un “plan platita” y evitó fijar posición sobre el pedido de Estados Unidos contra el Comité de Descolonización de la ONU, clave para el reclamo por Malvinas.

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Riesgo país récord y Estados Unidos contra el reclamo por Malvinas: la respuesta oficial es que todo está “bajo análisis”.

El Gobierno no piensa tocar nada frente al salto del riesgo país: la explicación oficial es la “incertidumbre global” y la política económica, aseguró, “no va a cambiar”.

El vocero presidencial Adrián Ravier habló este lunes en la conferencia de prensa que suele dar los martes y que esta semana adelantó un día. Consultado por el indicador, que se disparó a 675 puntos y alcanzó su mayor nivel del año, recordó que el gobierno de Javier Milei “recibió una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos”, mientras que hoy se encuentra “sobre los 600 puntos”.

Ravier sostuvo que “la suba obedece a la incertidumbre global” y que, frente a ese escenario, la administración libertaria “construye solidez macroeconómica”. Afirmó además que la Argentina actual tiene menos riesgo y menos incertidumbre que la de diciembre de 2023.

Una explicación global para una suba que los mercados leen como local

La lectura oficial choca con el discurso que el propio Gobierno sostuvo meses atrás. En junio, durante un acto de la Fundación Faro, Milei aseguró que el país estaba “en el momento más bajo del Riesgo País”, una afirmación que hoy contrasta con el máximo del año.

Según un análisis de mercado difundido por la prensa económica, el indicador estaba en torno a los 430 puntos hasta julio y desde agosto acumuló una suba de 209 puntos básicos: 128 responden a factores específicos de la Argentina y 81 a variables globales, como las tasas de Estados Unidos. Morgan Stanley Research señaló que el salto en el rendimiento de los bonos soberanos argentinos desde mediados de julio estuvo impulsado sobre todo por primas de riesgo propias del país y no por una debilidad generalizada de los mercados emergentes.

Las consultoras Hyperion y PPI advirtieron que el nivel cercano a los 600 puntos sería un piso y no un techo, por la incertidumbre electoral a un año de los comicios de 2027. Es decir, buena parte del mercado atribuye la suba a factores domésticos que el discurso oficial deja de lado.

Crecimiento desparejo y ningún “plan platita”

Ravier reiteró que “la política económica no va a cambiar” y que “no va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones”. Defendió el plan como exitoso para bajar la inflación y sostuvo que, de la mano de esa baja, se reducirán la pobreza y la indigencia y se recuperará el crecimiento, aunque admitió que no es a la velocidad que desearían.

El vocero reconoció que, si se mira sector por sector, la situación puede variar y que no se trata de un crecimiento homogéneo. Como ejemplo dijo que “julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo” y anticipó que “de septiembre en adelante va a ir mejorando”. Dijo que no niegan los datos, en especial los oficiales, pero que creen que el país vuelve a crecer pese a la coyuntura global. La promesa de mejora se apoya, según el propio Ravier, en datos parciales y no en series consolidadas.

El pedido de Estados Unidos contra el Comité de Descolonización

Consultado por el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, Ravier indicó que el tema “está bajo análisis” y que lo abordará el canciller Pablo Quirno.

El planteo estadounidense quedó asentado en el comunicado GA/SPD/841 de Naciones Unidas, del 15 de octubre: la Cuarta Comisión de la Asamblea General aprobó más de 20 proyectos de resolución y una decisión, aunque el representante de Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité y describió algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos. El pedido no implica la disolución automática del organismo, que sería una decisión de la Asamblea General.

El Comité es el foro donde la Argentina sostiene cada año su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En junio, con el canciller Quirno al frente de la delegación, aprobó por consenso una resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones, presentada por Chile con el acompañamiento de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La declaración de Ravier ocurre luego de que se suspendiera la reunión que debía realizarse mañana en la Comisión de Defensa Nacional de Diputados para abordar la cuestión de la soberanía de Malvinas. Que el Gobierno diga que el pedido “está bajo análisis” contrasta con la posición histórica del país en ese ámbito y deja abierta la pregunta sobre cómo se posicionará la Cancillería frente a la administración de Donald Trump.

RIGI: otro megaproyecto en Vaca Muerta

El vocero informó que el Ministerio de Economía aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique-La Invernada, de la empresa Pluspetrol, en Vaca Muerta, que prevé una inversión de 12.240 millones de dólares y generaría más de 2.300 puestos de trabajo.

Según Ravier, el RIGI ya suma 25 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial, con inversiones por 68.438 millones de dólares y la generación de 118.650 empleos directos e indirectos. Se trata de montos y puestos previstos, que dependerán de la ejecución de cada proyecto.

Lo que tenés que saber:

  • Ravier atribuyó la suba del riesgo país a la “incertidumbre global” y aseguró que la política económica no va a cambiar.
  • El indicador se disparó a 675 puntos, su mayor nivel del año.
  • El vocero descartó un “plan platita” y admitió que el crecimiento no es homogéneo.
  • Estados Unidos pidió el 15 de octubre poner fin al mandato del Comité de Descolonización de la ONU; para Ravier, el tema “está bajo análisis”.
  • Economía aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de Pluspetrol en Vaca Muerta, por 12.240 millones de dólares.
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