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La Pampa al frente del reclamo federal: “Hoy estamos peor que en la pandemia”

Ziliotto cuestionó los dichos de Milei y Francos y defendió el reclamo por los ATN.

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Tras la reunión que semanas atrás reunió a gobernadores de diversos signos políticos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el pampeano Sergio Ziliotto volvió a posicionarse como uno de los principales críticos de la gestión libertaria. El mandatario provincial defendió la iniciativa conjunta que impulsa una ley para recuperar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y rechazó los señalamientos del Gobierno nacional.

“Los gobernadores no somos degenerados fiscales, decidimos que nos transfieran lo que nos pertenece”, disparó Ziliotto, en respuesta a los recurrentes cuestionamientos del presidente Javier Milei, quien acusa a las provincias de no haber hecho los recortes exigidos por la administración central.

La iniciativa fue respaldada por la totalidad de los mandatarios provinciales, quienes designaron a Ziliotto junto a Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Myriam Prunotto (Córdoba) para presentar el proyecto directamente ante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Una crisis más dura que la pandemia

Para Ziliotto, la situación económica de las provincias es crítica. “La crisis es más fuerte que en la pandemia. Hoy los recursos son mucho menores en términos reales”, afirmó, y remarcó que el reclamo por los ATN no afecta las finanzas nacionales, sino que busca restituir recursos legítimos que el Ejecutivo retiene arbitrariamente.

“El gobierno nacional abandonó los servicios esenciales. Las provincias no podemos recortar en salud, educación o seguridad. Lo que ellos llaman ‘monstruo de mil cabezas’ es el Estado que presta esos servicios”, señaló.

Respuesta a Francos y crítica a Macri

El gobernador pampeano también apuntó contra el jefe de Gabinete, quien tras el encuentro en el CFI acusó a las provincias de sostener una “presión fiscal elevada”. “Es mentira que bajaron los impuestos. Nosotros sí lo hicimos, y lo dicen los propios datos del Gobierno nacional”, aseguró Ziliotto.

En defensa del rol del Estado, detalló que “de cada cuatro empleados públicos en La Pampa, tres están asignados a servicios esenciales”, y sostuvo que su administración es eficiente y comprometida con el desarrollo del sector privado. “Estamos haciendo más fácil la vida a quienes invierten en trabajo y producción”, expresó.

Finalmente, vinculó el modelo económico actual con el de Mauricio Macri, al que calificó como otro experimento que terminó mal. “Nos quieren colonizar con el relato de que estamos peor para estar mejor. Es el túnel de Macri de nuevo: se veía la luz… y era el tren de frente”, ironizó.

Una ofensiva federal en tiempos de ajuste

La presentación del proyecto para recuperar los ATN marca un punto de inflexión en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional. Aunque el Ejecutivo insiste en recortar transferencias como parte del ajuste fiscal, los mandatarios provinciales buscan preservar las autonomías locales y garantizar el financiamiento de servicios básicos, ante la parálisis de obras públicas, la caída de ingresos y la reducción de fondos coparticipables.

Ziliotto sintetizó el malestar compartido: “Surgió la necesidad de trabajar en conjunto ante la misma realidad, más allá de la cercanía o lejanía con el Gobierno nacional”.

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Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia por el proyecto de propiedad privada

La relación entre el Gobierno y la jerarquía católica atraviesa un estancamiento profundo. Ante los constantes reclamos eclesiásticos por derechos sociales, la administración de Javier Milei responde con un silencio sistemático que agrava la falta de diálogo institucional.

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Iglesia vs. Casa Rosada, un vínculo de indiferencia

★ El reciente debate en el Senado sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, profundizó la brecha con la Iglesia. El arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, expuso ante los legisladores las graves consecuencias que la iniciativa oficialista podría tener para los sectores vulnerables. Según el prelado, el proyecto representa un retroceso en las políticas de integración socio urbana que afectaría directamente a 5 millones de personas residentes en 6.467 barrios populares del país.

El choque en el Congreso

Durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta bajo los principios de equilibrio fiscal y libertad económica. El funcionario argumentó que la protección de la propiedad privada es un requisito indispensable para el desarrollo económico y sostuvo que la normativa vigente no logró regularizar una porción significativa de los casos, atribuyendo este resultado a la ineficacia del Estado.

En contraposición, el arzobispo Carrara defendió la ley 27.453, sancionada en 2018 y ratificada en 2022, al considerarla una política de Estado con un amplio consenso político. El titular de Cáritas advirtió que el nuevo proyecto elimina instrumentos centrales, como la declaración de utilidad pública y la suspensión de desalojos, lo que, a su criterio, abre la puerta a desalojos forzosos y aumenta la litigiosidad. Carrara enfatizó que la problemática de los barrios populares no es transitoria, sino producto de un déficit estructural de acceso a la tierra.

Una agenda de desencuentros

La fricción en el Senado no es un hecho aislado. La jerarquía eclesiástica ha expresado su preocupación en diversos temas, como la baja de edad de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares y la falta de atención a personas con discapacidad. Ya en octubre del año pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, había pedido que el resultado electoral se tradujera en un compromiso renovado con el bien común y los sectores más desprotegidos.

A pesar de los intentos de mantener los canales institucionales abiertos, la percepción desde el episcopado es que sus críticas, formuladas siempre desde una postura respetuosa, son ignoradas por el Ejecutivo. Mientras el oficialismo busca dictámenes rápidos para llevar los proyectos al pleno de la Cámara, la Iglesia mantiene su postura de denuncia ante lo que considera un desamparo creciente hacia los más pobres.

Puntos clave

  • El ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma argumentando que la fragilidad fiscal vulnera el derecho de propiedad y desalienta la inversión.
  • El arzobispo Gustavo Carrara advirtió que la iniciativa oficialista rompe consensos previos y aumenta la incertidumbre jurídica en los barrios populares.
  • La ley 27.453 cuenta con 868.991 certificados de vivienda familiar entregados, según datos citados por el titular de Cáritas.
  • La jerarquía católica ha manifestado anteriormente su oposición a la baja de edad de imputabilidad y a cambios en la ley de glaciares.
  • El Gobierno sostiene la urgencia de avanzar con el proyecto de ley a pesar de las objeciones de diversos sectores.
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