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Política 📢

Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia por el proyecto de propiedad privada

La relación entre el Gobierno y la jerarquía católica atraviesa un estancamiento profundo. Ante los constantes reclamos eclesiásticos por derechos sociales, la administración de Javier Milei responde con un silencio sistemático que agrava la falta de diálogo institucional.

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Iglesia vs. Casa Rosada, un vínculo de indiferencia

★ El reciente debate en el Senado sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, profundizó la brecha con la Iglesia. El arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, expuso ante los legisladores las graves consecuencias que la iniciativa oficialista podría tener para los sectores vulnerables. Según el prelado, el proyecto representa un retroceso en las políticas de integración socio urbana que afectaría directamente a 5 millones de personas residentes en 6.467 barrios populares del país.

El choque en el Congreso

Durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta bajo los principios de equilibrio fiscal y libertad económica. El funcionario argumentó que la protección de la propiedad privada es un requisito indispensable para el desarrollo económico y sostuvo que la normativa vigente no logró regularizar una porción significativa de los casos, atribuyendo este resultado a la ineficacia del Estado.

En contraposición, el arzobispo Carrara defendió la ley 27.453, sancionada en 2018 y ratificada en 2022, al considerarla una política de Estado con un amplio consenso político. El titular de Cáritas advirtió que el nuevo proyecto elimina instrumentos centrales, como la declaración de utilidad pública y la suspensión de desalojos, lo que, a su criterio, abre la puerta a desalojos forzosos y aumenta la litigiosidad. Carrara enfatizó que la problemática de los barrios populares no es transitoria, sino producto de un déficit estructural de acceso a la tierra.

Una agenda de desencuentros

La fricción en el Senado no es un hecho aislado. La jerarquía eclesiástica ha expresado su preocupación en diversos temas, como la baja de edad de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares y la falta de atención a personas con discapacidad. Ya en octubre del año pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, había pedido que el resultado electoral se tradujera en un compromiso renovado con el bien común y los sectores más desprotegidos.

A pesar de los intentos de mantener los canales institucionales abiertos, la percepción desde el episcopado es que sus críticas, formuladas siempre desde una postura respetuosa, son ignoradas por el Ejecutivo. Mientras el oficialismo busca dictámenes rápidos para llevar los proyectos al pleno de la Cámara, la Iglesia mantiene su postura de denuncia ante lo que considera un desamparo creciente hacia los más pobres.

Puntos clave

  • El ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma argumentando que la fragilidad fiscal vulnera el derecho de propiedad y desalienta la inversión.
  • El arzobispo Gustavo Carrara advirtió que la iniciativa oficialista rompe consensos previos y aumenta la incertidumbre jurídica en los barrios populares.
  • La ley 27.453 cuenta con 868.991 certificados de vivienda familiar entregados, según datos citados por el titular de Cáritas.
  • La jerarquía católica ha manifestado anteriormente su oposición a la baja de edad de imputabilidad y a cambios en la ley de glaciares.
  • El Gobierno sostiene la urgencia de avanzar con el proyecto de ley a pesar de las objeciones de diversos sectores.

Dólar 💵

El vocero de Milei dijo que el dólar podría llegar a $1.800: la grieta entre el relato oficial y el mercado

El vocero presidencial admitió en un streaming oficialista que una corrección cambiaria «es una posibilidad», y el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta un tipo de cambio cercano a los $1.700 para fin de año. La confesión contradice el discurso gubernamental de estabilidad.

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Adrián Ravier reconoció que el tipo de cambio podría llegar a $1.700 o $1.800 en los próximos meses.

El dólar y los salarios son los dos pilares sobre los que el Gobierno de Javier Milei construyó su relato de éxito económico. Pero en las últimas horas, uno de los propios funcionarios del equipo oficialista horadó ese andamiaje: el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que el tipo de cambio podría experimentar una corrección y llegar a valores de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses. La declaración, formulada en un streaming de carácter oficialista, no pasó inadvertida en un contexto donde la devaluación es una amenaza latente para el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Es una posibilidad»: la admisión que el oficialismo intentó minimizar

Ravier intentó enmarcar la posible corrección cambiaria como un movimiento «mínimo» que «no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos». Tras recorrer una serie de grandes devaluaciones de gobiernos anteriores para contextualizar el escenario actual, el vocero reconoció que «es una posibilidad que el tipo de cambio llegue a $1.800 ó $1.700 para dentro de unos meses». El argumento del funcionario buscó diferenciarse de saltos cambiarios abruptos del pasado, pero la admisión en sí misma representa una fisura en el discurso oficial de estabilidad cambiaria que el equipo económico repite cada vez que puede.

La pregunta de si existe o no atraso cambiario sobrevoló la declaración de Ravier, quien esquivó una respuesta directa: «Si hay atraso cambiario o no, es muy difícil de decir», señaló, antes de concluir que cualquier corrección sería de magnitud acotada. Sin embargo, la dificultad para responder con certeza esa pregunta es, en sí misma, una señal de alarma para quienes siguen de cerca la política monetaria.

El mercado ya descuenta una suba del dólar

Las palabras de Ravier no llegaron en el vacío. Antes de su declaración, el propio mercado financiero ya venía descontando un tipo de cambio más elevado hacia fin de año. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado en base a encuestas realizadas a las consultoras y empresas más relevantes del sector financiero, proyecta un dólar cercano a los $1.700 para diciembre de 2026. El consenso privado y las palabras del vocero apuntan, entonces, en la misma dirección, aunque el Gobierno se esfuerce en llamarlo «corrección mínima» en lugar de devaluación.

El Banco Central acumuló más de 6.000 millones de dólares en reservas desde principios de año, un dato que el oficialismo exhibe como señal de fortaleza. No obstante, analistas del sector advierten que ese ritmo de compra se desacelerará una vez superada la cosecha gruesa, lo que limitará el margen del Gobierno para sostener artificialmente el valor del dólar en los meses siguientes.

El ancla que sostiene una macroeconomía frágil

El tipo de cambio cumple en el esquema libertario una función doble y contradictoria: es, al mismo tiempo, el principal instrumento antiinflacionario y el punto de mayor fragilidad del modelo. La estabilidad financiera que el Gobierno exhibe hoy, a pesar de la caída de los salarios, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, depende en gran medida del dólar quieto. Una devaluación, aunque sea presentada como «mínima», arrastra un riesgo concreto: acelerar el cierre de negocios y licuar aún más el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente si la respuesta del Gobierno fuera profundizar el ajuste para evitar nuevas correcciones del tipo de cambio, como ya hizo en ciclos anteriores.

El propio Gobierno reconoció en otras instancias que el proceso de recomposición salarial «lleva tiempo» y «genera tensiones». Mientras tanto, los salarios privados registrados subieron apenas un 2% en mayo, por debajo de la inflación del mismo mes, que fue del 2,1%, según datos del INDEC. La brecha entre salarios y precios se repite en las comparaciones interanuales y acumula un deterioro sostenido desde el inicio de la gestión. En ese contexto, una nueva corrección del tipo de cambio sería una mala noticia más para los sectores populares.

La contradicción estructural del modelo

La declaración de Ravier expone una contradicción que el Gobierno prefiere no abordar frontalmente: si el tipo de cambio está atrasado, cualquier corrección afectará los precios internos y erosionará los ingresos reales; si no lo está, la competitividad de las exportaciones queda condicionada por otros factores estructurales que el modelo libertario tampoco resolvió. El propio Ravier intentó salir de ese dilema reivindicando el rendimiento exportador como prueba de competitividad sin necesidad de devaluación, pero sus números sobre la posible llegada del dólar a $1.700 o $1.800 desmienten esa certeza.

El mercado, los analistas y ahora el propio vocero presidencial confluyen en un escenario que el relato oficial prefiere esquivar: el dólar se va a mover. La discusión es cuánto, cuándo y, sobre todo, quién pagará el costo.

Puntos clave

  • El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el tipo de cambio podría llegar a $1.700 o $1.800 en los próximos meses.
  • El REM del Banco Central proyecta un dólar cercano a $1.700 para diciembre de 2026.
  • El Banco Central acumuló más de 6.000 millones de dólares desde principios de año, pero el ritmo se desaceleraría tras la cosecha gruesa.
  • Los salarios privados registrados subieron 2% en mayo, por debajo de la inflación del 2,1% según el INDEC.
  • Una corrección cambiaria profundizaría el deterioro del poder adquisitivo en un contexto de ajuste sostenido.
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