Denuncia penal por malversación de fondos apunta a Caputo, Adorni y Sturzenegger por el desguace de Vialidad Nacional

★ La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 por malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.

Los apuntados son el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la cúpula directiva del organismo descentralizado. La presentación denuncia el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos, con destino legal específico en la infraestructura vial federal, hacia la compra de títulos y letras del Tesoro Nacional.

El núcleo de la acusación: fondos con destino legal desviados hacia la especulación financiera

La Ley 23.966 establece con precisión que el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe transferirse de forma automática al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, según el texto de la denuncia, el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales recientes y esos recursos fueron canalizados hacia instrumentos de financiamiento del propio Tesoro.

La presentación gremial es contundente: «El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación», sostiene el documento.

El resultado directo de esa maniobra es devastador para el organismo: Vialidad Nacional arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo su presupuesto anual aprobado, lo que los propios profesionales del ente califican como una situación de «quiebra técnica inducida».

El costo del abandono: cada peso no invertido hoy exigirá diez mañana

La denuncia no solo describe una irregularidad contable; expone las consecuencias materiales sobre la infraestructura del país. La ingeniería civil vial establece que cada unidad monetaria que deja de invertirse en conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura una vez que el pavimento colapse.

Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial. A eso se suman la paralización total de obras estratégicas y la interrupción de acuerdos con financiamiento internacional, por incumplimiento de pagos a empresas contratistas.

La premisa libertaria del «ahorro fiscal» se invierte ante estos datos: el costo de reconstruir el sistema vial superará con creces el supuesto ahorro alegado por la gestión de Javier Milei.

Sturzenegger, acusado de falsificar informes para justificar el desguace

La denuncia alcanza al ministro de Desregulación con una imputación de particular gravedad. Según el gremio, Sturzenegger habría «falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados».

El mecanismo descripto implica la incorporación de herramientas menores al inventario institucional para inflar artificialmente el ratio de maquinaria por empleado, creando una apariencia de ineficiencia productiva que luego habilitaría el recorte de la planta técnica permanente.

«Régimen de terror laboral» contra los técnicos que denuncian

El vaciamiento del capital humano especializado es otro eje central de la presentación. Ingenieros de carrera y personal de supervisión de contratos viales denuncian traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa ni la realización de sumarios regulares.

La presentación afirma: «Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira, ha instaurado un régimen de terror laboral».

El objetivo de esa presión sistemática, según el gremio que conduce Jorge Maturano, sería acallar las objeciones de los inspectores de campo ante la entrega de corredores públicos a operadores privados bajo condiciones contractuales consideradas lesivas para el patrimonio del Estado.

El impacto federal: provincias sin recursos para sus rutas

La legislación vigente establece que el 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse directamente a las direcciones de vialidad provinciales. Los coeficientes que aplica el Consejo Vial Federal contemplan factores como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen de combustibles gravados en cada jurisdicción. Al interrumpirse esos flujos, los estados provinciales quedan sin capital para mantener las rutas que enlazan con el sistema troncal nacional, con consecuencias directas sobre la conectividad y la producción regional.

Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), manifestó: «Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además si es posible nos vamos a presentar para sumar información». Y agregó: «Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública». La Conaduv también presentó ante el Congreso un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento del impuesto a los combustibles, con participación de usuarios viales directos e indirectos.

Adorni y la suma de causas judiciales

Esta denuncia se suma al ya complejo panorama judicial de Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete enfrenta una investigación paralela por enriquecimiento ilícito a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares y que incluye refacciones de lujo pagadas en efectivo sin declarar, el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa y vínculos investigados con productoras televisivas y contratos en la Televisión Pública. La acumulación de frentes judiciales abiertos sobre un mismo funcionario refuerza la mirada crítica sobre la gestión del organismo que conduce y sobre los mecanismos de control que, sistemáticamente, parecen no funcionar en esta administración.

Puntos clave

• La denuncia penal acusa a Caputo, Adorni y Sturzenegger por desviar $400.000 millones del impuesto a los combustibles, con destino legal en infraestructura vial, hacia títulos del Tesoro.
• Vialidad Nacional registra una deuda interna equivalente al 90% de su presupuesto anual, en lo que los propios profesionales califican como una «quiebra técnica».
• La ingeniería vial establece que cada peso no invertido hoy en conservación preventiva costará entre 4 y 10 veces más para reconstruir el pavimento colapsado.
• Sturzenegger es acusado de falsificar informes de gestión para justificar el desguace institucional y el achicamiento de la planta técnica especializada.
• El corte de transferencias provinciales priva a las vialidades de todo el país de recursos para mantener sus redes secundarias, agravando el aislamiento productivo y territorial.