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«Es un orgullo que Macri diga que no son 30 mil»

El secretario de Derechos Humanos del gobierno, Horacio Pietragalla Corti, acusó a la familia del ex presidente de beneficiarse con el golpe de Estado de 1976 y apuntó contra Mauricio Macri por «defender a los genocidas».

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El secretario de Derechos Humanos del gobierno, Horacio Pietragalla acusó a la familia de Mauricio Macri de beneficiarse del golpe de Estado de 1979, y apuntó contra el expresidente a quien culpó de «defender a los genocidas». «Es un orgullo que diga que no son 30 mil», indicó en el inicio de la marcha que organiza La Cámpora desde la exEsma hacia Plaza de Mayo.

En el marco de la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Pietragalla aseguró que la administración de Cambiemos «llevó adelante una embestida contras las políticas y contra los símbolos, tratando de generar una discusión en el sentido común de la sociedad», además, agregó: «Es natural que ellos defiendan a los genocidas. Macri responde a esos intereses», consignó Agencia NA.

«Que digan que los organismos de Derechos Humanos son un curro, que digan que no son 30 mil, que vapuleen a los sectores nacionales y ataquen a la máxima dirigente nos tiene que dar en un punto orgullo», planteó en la movilización histórica organizada por el 24M respecto a la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras haber recibido una condena de 8 años de prisión y la inhabilitación de por vida de ejercer cargos políticos en la causa Vialidad.

En la misma línea, explicó que el líder del PRO es «hijo de los empresarios que se favorecieron con la dictadura», y precisó que Franco Macri tenía cinco empresa cuando inició la dictadura y a su término, cosechaba más de 40. «Las dictaduras favorecieron a los empresarios y a estos sectores de poder. Por eso decimos que es un golpe cívico militar, se fue tejiendo este núcleo de poder que arremete contra los sectores populares», planteó.

«Nos atacan, pero estamos acá. Antes nos atacaban y muchos terminaron en fosas comunes y arrojados vivos desde aviones en el río de la plata. Más allá de que la batalla es desigual en poder, saben que tenemos las calles y visibilizamos al enemigo real», indicó Pietragalla.

Asimismo, reveló que los 24 de marzo son muy movilizadores, y recordó que a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, las marchas se transformaron. «Tiene que ver con todo lo que se fue construyendo a partir de la legitimidad que tenía los movimientos sociales que era un emblema para muchos, que no tenían lugar en ámbitos políticos, pero que Néstor invitó y abrió, abrazando a los organismos, la participación juvenil, política, estudiantil, social», aclaró.

«Es un día para celebrar porque hay una victoria. Estuve en algunas charlas y planteaba que nos imagináramos que hoy tuviésemos que ir a trabajar, que no sea feriado, que no haya juicios de lesa humanidad, que no haya espacios de memoria, que no haya tantos nietos recuperados, solo abuelas buscándolos, sin esta masividad en las calles, y si uno mira Latinoamérica es lo que pasa en realidad y las dictaduras fueron a lo largo y a lo ancho del continente y se vive este proceso de reparación integral a las víctimas en la Argentina y sobre todas las cosas, reparación integral a la sociedad para contar lo que pasó y lo que somos hoy cómo argentinos y qué significado tiene esta fecha», desarrolló.

Por último, se mostró nostálgico respecto a la figura de sus padres, Horacio «Chacho» Pietragalla, asesinado en Córdoba por la Triple A, y Liliana Corti, fue muerta el 4 de agosto de 1976 en la localidad de Villa Adelina, por grupos de tareas de la dictadura militar. «Tengo un Edipo terrible. Uno piensa que va creciendo y se va distanciando, pero cuando uno tiene hijos y va construyendo su identidad política, uno cada vez los extraña más. Una nostalgia que invade y el mejor homenaje que podemos hacerles es defender que los pibes de los centros de estudiantes se puedan organizar», concluyó.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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