El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) se sumó la semana pasada a las presentaciones judiciales para pedir la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución en Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, al considerar que «pone en peligro la democracia y criminaliza la protesta social».

«Adherimos a la presentación de inconstitucionalidad de la reforma que fue impuesta entre gallos y medianoche, sin el conocimiento de las comunidades. Es un texto que viola todas las normas y ponen en peligro la democracia, no sólo en Jujuy, sino también en el resto del territorio argentino, al criminalizar la protesta social», señaló a Télam Rodolfo Paulino Fernández, coordinador de Endepa.

Esta pastoral es un organismo que funciona en comunión y depende de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (Cepa), de la Iglesia Católica, y en una carta elevada a los jueces de la Corte Suprema de Jujuy -que lleva la firma de Fernández- se sostiene que «en el acompañamiento a los Pueblos Indígenas» es que se plantea la «adhesión a la acción de inconstitucionalidad».

«La reforma constitucional de Jujuy vulnera de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, a la consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento y el derecho al acceso a la información adecuada con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy», sostiene el texto de la pastoral.

En diálogo con Télam, el coordinador recordó que Argentina adhirió en el año 2000 al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que depende de las Naciones Unidas.

Ese tratado sostiene «los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos´», indicó Fernández.

Sin embargo, advirtió, «Morales lo ha desconocido en su totalidad, pese a que ese convenio tiene rango de ley nacional».

En particular, esto implica que «en el caso de la reforma debe haber una consulta previa e informada a las comunidades. Los pueblos tienen que saber muy bien cuando se va a legislar sobre sus territorios y, sin embargo, no se les informó nada».

«El Gobierno de Morales ha procedido de una manera oscurantista al reformar la Constitución de la provincia. Los pueblos apenas escucharon previamente algunos rumores sobre la criminalización de la protesta y eso efectivamente sucedió. Hoy eso está vigente y vulnera no sólo sus derechos, sino también los de todos los ciudadanos del país. El derecho a la protesta está incluido en la Constitución Nacional», añadió.

La adhesión de Endepa se suma así a las peticiones de declaración de inconstitucionalidad de la reforma que figuran en un expediente caratulado «Acción de Inconstitucionalidad´, presentado originariamente por la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales y otros C/ Estado Provincial radicado en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy.

«Planteamos la adhesión como institución al pedido solicitado ante la Justicia de la acción de inconstitucionalidad. Entendemos que el Estado debe garantizar a los pueblos originarios la entrega de los títulos de las propiedades comunitarias, respetando sus recursos naturales y la espiritualidad de sus integrantes», agrega la carta de Endepa a los jueces de la Corte de Jujuy.

Se basan en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, el pedido de inconstitucionalidad se funda en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (ONU), y la Declaración de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (OEA).

«Esta presentación tiene que ver con el trabajo territorial que desarrollamos desde hace más de 40 años con las comunidades. En Endepa trabajamos en comunión con la comisión CEA y dentro de ese conjunto tenemos una comisión de obispos de la pastoral aborigen», explicó.

Y contó que los integrantes de este equipo son «agentes pastorales diseminados en todo el país» y que la mayoría son «voluntarios que se formaron en el trabajo en los territorios».

El coordinador contó también que acompañan «a los pueblos indígenas» y como antecedente contó que la entidad asesoró a la Convención Constituyente que reformó la Constitución Nacional del año 1994, y «estableció en el artículo 75 que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas que están siendo vulnerados», recordó el coordinador.

Explicó que en el trabajo diario «estamos cercanos a las luchas del pueblo y las acompañamos».

«Estamos viendo mucho dolor y muchos atropellos» desde que «comenzó el tema de la reforma constitucional» que impulsa Morales, rememoró, y aclaró que «mientras no se expida la Justicia, porque ahora están en feria, seguimos en constantes reuniones viendo lo que va pasando y aguardando una respuesta».

La postura de esta organización eclesial es que la Constitución Nacional «deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de consulta indígena deben ser respetados y garantizados».

«Así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Lhaka Honhat contra Argentina», dijo.

Fernández se refirió al fallo de la Corte IDH que ordenó al Estado argentino abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat. Ante esta decisión, las autoridades nacionales dieron cumplimiento en junio del año pasado, cuando se realizó una consulta previa a las comunidades indígenas sobre el plan de acceso al agua y demarcación territorial.