CABA
Renunció Marcelo D´Alessandro
Con el apoyo de Larreta, ahora asumirá la cartera el exviceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
El ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, presentó este miércoles su renuncia al cargo para enfrentar la causa abierta tras la filtración de presuntos chats que intercambió con jueces y directivos del Grupo Clarín, así como con un colaborador de la Corte Suprema y empresarios, y será reemplazado por el exviceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.
Tras la salida del funcionario, fuentes de la administración porteña informaron que el lunes asumirá Burzaco, quien fue viceministro de Seguridad nacional (segundo de Patricia Bullrich) durante la presidencia de Mauricio Macri, y también ocupó la jefatura de la Policía Metropolitana en 2009.
«En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra», anunció el ahora exfuncionario porteño en un posteo en redes sociales.
La declinación fue respaldada por Horacio Rodríguez Larreta, quien también eligió las redes para resaltar lo hecho por D’Alessandro en el Ministerio, le agradeció por su gestión y aseguró que confía en su «inocencia», por lo que adelantó que lo sumará a los equipos técnicos que trabajan en un «plan nacional de seguridad» que podría aplicar de llegar a la Presidencia.
«Confío y confié siempre en su inocencia, su hombría de bien y su compromiso con los porteños y con cada uno de los policías, bomberos y agentes a su cargo», señaló el alcalde porteño y justificó la renuncia en que «la operación de inteligencia ilegal que viene soportando en su contra le consume tiempo y energía para defenderse».
Por su parte, D’Alessandro destacó que «haber liderado este equipo será siempre un hito de mi carrera y mi vida. Le agradezco a Horacio y a los que me acompañaron en esta difícil tarea, a mi familia, a mi equipo y, en especial, a los policías, bomberos y agentes que todos los días arriesgan su vida para cuidarnos».
«Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino», indicó.
Y sostuvo que «sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune».
D’Alessandro inició su licencia en los primeros días del 2023 tras la filtración de un supuesto intercambio de mensajes con jueces y camaristas federales, así como con directivos del Grupo Clarín, en los que presuntamente se diseñaba una maniobra para encubrir un viaje que los involucrados compartieron a la residencia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, Río Negro.
Además, una filtración posterior de chats de Telegram expuso supuestas conversiones entre D’Alessandro y Silvio Robles, uno de los asesores del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en las que discutían el fallo por coparticipación de la Ciudad y la integración del Consejo de la Magistratura.
A su vez, el funcionario realizó una denuncia penal por el hackeo de su teléfono celular.
En tanto, el Gobierno porteño prepara la llegada de Burzaco a la cartera de Seguridad desde el lunes para hacerse cargo de un ministerio que está en crisis debido a la falta de conducción, pero también por las subas de casos de robos que se registraron en las últimas semanas, sobre todo bajo la modalidad del arrebato.
Burzaco fue en 2009 el primer jefe civil que tuvo la Policía Metropolitana porteña -la fuerza de seguridad que antecedió a la Policía de la Ciudad-, y arribó a ese cargo luego del escándalo de las escuchas ilegales a familiares de víctimas del atentado a la AMIA que determinó la salida de Jorge «El Fino» Palacios de la conducción de la fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.
En 2015, cuando Macri llegó a la Casa Rosada, nombró a Burzaco como secretario de Seguridad, en un rol subordinado al de la entonces ministra de esa cartera y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con quien mantuvo un vínculo de enfrentamiento interno permanente hasta su alejamiento del cargo, dos años después.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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