Política 📢
Advierten al Gobierno que el cierre del Inadi debe hacerse por ley
Tras el anuncio del vocero presidencial, referentes y exfuncionarios destacaron que la decisión sólo podrá concretarse por la vía por la cual el organismo fue creado en 1995, y aseguraron que es un «bastión fundamental» en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
El Gobierno nacional anunció este jueves que impulsará el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de la reducción de la estructura estatal que decidió el presidente Javier Milei, aunque referentes de la oposición advirtieron que la medida solo puede llevarse a cabo por medio de una Ley, la vía por la cual el organismo fue creado en 1995.
«Dijimos que lo íbamos a cerrar, incluso antes de ser diputados», señaló, en un posteo hecho en la red social X (antes Twitter), la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien recordó un mensaje que había publicado el 4 de enero de 2021 en la misma plataforma: «Hay que cerrar el Inadi. Creado por Ley durante el Gobierno de Menem, es una verdadera cueva de impresentables. Zaffaroni, Lubertino, Morgado, Donda fueron algunos de sus presidentes. Nunca representó al pueblo sino q sirve de herramienta de castigo de los progres. #CierrenElInadi», concluyó en aquella ocasión.
También el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, se refirió a la decisión de cerrar el Inadi, una institución que, comentó «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos».
«Cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos…», escribió en su cuenta personal de la red X.

La intervención del organismo
El anuncio oficial se conoció un día después de que el Gobierno prorrogara por 180 días intervención del Inadi y nombrara a María Quiroga al frente del organismo.
La medida fue oficializada este miércoles por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.
El Inadi fue creado en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, por medio de la Ley 24.515 y su primer director fue el periodista Víctor Ramos.
Al comienzo funcionó en el ámbito del Ministerio del Interior, pero luego fue traspasado a la órbita del de Justicia y Derechos Humanos.
Los trabajadores del Inadi habían impulsado una petición en la plataforma Change -que reunió unas 15.000 firmas- para que no se cerrara el organismo.
«El funcionamiento del Inadi tiene su basamento en el cumplimiento de compromisos internacionales que la República Argentina asumió; el respeto y la promoción de los derechos humanos es un compromiso de todas las personas y es responsabilidad del Estado Nacional», dijeron en la petición y destacaron que desde el año 1997 el organismo «ha trabajado incansablemente para promover la creación e implementación de políticas así como planes destinados a eliminar todas las formas de discriminación».
Reacciones
Greta Pena, quien estuvo a cargo de la intervención del Instituto entre enero y diciembre de 2023, recordó que el Instituto fue creado «luego de los dos grandes atentados terroristas» sufridos en el país y que tuvieron como blanco la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994. ataques que dejaron un saldo de más de un centenar de muertos.
Pena, en declaraciones al canal C5N, mencionó que el cierre del Inadi estaba incluido entre las reformas que el Gobierno presentó como parte de la llamada Ley Bases, cuyo tratamiento en particular fracasó en la Cámara de Diputados semanas atrás, y afirmó que «para cerrarlo es necesario derogar la ley».
Por su parte, Victoria Donda, exinterventora del organismo, destacó en declaraciones al diario Perfil que, si pretende cerrar el Instituto, el Gobierno «debería recurrir a otra Ley si es que cree un poquito en la democracia».
En el mismo sentido, el diputado nacional Esteban Paulon, del Partido Socialista de Santa Fe, indicó que «el Gobierno no puede tomar unilateralmente» la decisión de cerrarlo si no es por medio de una Ley, e instó a que las «organizaciones defensoras de derechos humanos deben alzar la voz para evitar este atropello inadmisible».
El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, opinó que con la decisión de cerrar el Instituto «el gobierno de Milei va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática» y expresó su «repudio absoluto a esta decisión», hecha pública esta mañana.
Leandro Santoro, integrante del bloque de diputados nacionales de UxP, también criticó el anuncio del Gobierno y se preguntó si las autoridades consultaron «a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país».
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad de Buenos Aires calificó la decisión de «inaudita» y ponderó el rol del instituto al considerarlo «un organismo de carácter federal que cuenta con delegaciones en todo el país».
«Desde ATE Capital reafirmamos el compromiso por las políticas públicas inclusivas e igualitarias que tanto bien le hicieron a nuestro país. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando derechos conquistados», indicó el gremio en un comunicado.

El rechazo de la DAIA y otras ongs
Por su parte, organizaciones sociales, intelectuales y ex funcionarios del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) manifestaron su preocupación por el «cierre definitivo» del organismo anunciado por el Gobierno nacional y aseguraron que es un «bastión fundamental» en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó en su cuenta de la red social X que «la discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI, un verdadero ejemplo en el mundo».
«La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial», afirmó la DAIA en un tuit en el que arrobó al INADI y al vocero Adorni.
Ante el anuncio, Andrea Rivas, presidenta de la Asociación Familias Diversas De Argentina (AFDA) e integrante del Frente Orgullo y Lucha, que reúne a decenas de organizaciones LGBTINB+, repudió la medida y alertó sobre «la gran discriminación» que pesa sobre «muchos grupos vulnerados en la Argentina».
En dialogo con Télam, Rivas resaltó que «el Inadi tiene un rol fundamental en la valoración del pluralismo social en el país y en la protección de los derechos de toda la población» y dijo que «hay personas que son discriminadas todos los días por su color de piel, si son migrantes, su religión o su clase social».
«Esto es un retroceso que tiene un impacto directo en la gente», completó.
Rivas recordó que la frustrada Ley Ómnibus que se debatió en la Cámara de Diputados tenía el artículo 348, que eliminaba la ley 24.515 de creación del Inadi.

Manu Mireles, cofundadora y secretaria del bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, opinó que «el cierre implica atentar contra la democracia y la garantía de los derechos humanos».
«Es fundamental elaborar políticas que combatan la discriminación», aseguró Mireles y recordó que «articularon y trabajaron con el instituto para brindar servicios a un montón de personas víctimas de discriminación, en particular por su identidad de género».
«Este cierre muestra una postura que beneficia a los discursos de odio, muchos que se hacen desde la política», alertó.
«La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial» – Comunicado de la DAIA
Ornella Infante, dirigente del movimiento Evita y ex directora de Políticas contra la Discriminación del Inadi, sostuvo que el organismo «supo ser el oído fundamental para aquellos y aquellas que no éramos escuchados por nadie, incluso para quienes éramos detenidas y torturadas por leyes que venían de la época de Onganía».
«Es muy preocupante porque el Inadi es el segundo en América Latina y el Caribe, solo México tiene un organismo que lucha contra la discriminación y nuestro país es de avanzada en materia de derechos humanos justamente porque el instituto fue un bastión fundamental para ello», afirmó.
«En épocas en donde arrecian mensajes violentos contra diferentes colectivos en relación al género, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad y la religión, entre otros, necesitamos sostener espacios de promoción y protección de derechos», expresó por su parte Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, y consideró que el Inadi es «un instituto pionero en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia».
«Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el Congreso», repudió la escritora Claudia Piñeiro en su cuenta de X (exTwitter).
María José Lubertino, ex titular del Inadi durante la presidencia de Néstor Kirchner, escribió en sus redes sociales: «Por favor (Adorni) podrías indicarnos cuál es el acto administrativo que sustenta esta información. En el Boletín Oficial solo está la designación de una interventora de ayer. Fue creado por ley. No hay necesidad ni urgencia en esto. No se puede derogar por decreto», aseveró
Energía
La Bolsa le cobra la factura a Rockhopper: el proyecto Sea Lion en Malvinas, cada vez más cerca del precipicio
La petrolera británica ratificó que avanzará con el proyecto Sea Lion en Malvinas pese a las sanciones del gobierno argentino, y el mercado respondió con un desplome del 19,28% en una sola jornada. En el último mes, la compañía acumula una pérdida bursátil del 32%, mientras la Argentina activa un arbitraje bajo la CONVEMAR y estudia pedir medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Un derrumbe del 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y una caída acumulada del 32% en el último mes: ese es el saldo bursátil de Rockhopper Exploration, la petrolera británica que insiste en avanzar con el proyecto Sea Lion en el área de las Islas Malvinas pese a las sanciones del Estado argentino y a la escalada de acciones legales y diplomáticas que el gobierno nacional ya puso en marcha.
Rockhopper, que posee el 35% de participación en Sea Lion, y Navitas Petroleum, la operadora israelí dueña del 65% restante, ratificaron públicamente su intención de seguir adelante con la exploración offshore sin el aval de la Argentina. La decisión le costó a la compañía británica una caída del 8,13% en los primeros dos días hábiles de octubre y un descenso cercano al 18% en septiembre, acelerando un ciclo bajista que amenaza la viabilidad financiera de todo el proyecto.
Sea Lion: el cronograma que Argentina impugna
El proyecto Sea Lion fue aprobado y financiado en su primera fase a fines de 2025. Esa primera etapa contempla 11 pozos de desarrollo. La perforación de producción está prevista para comenzar a principios de 2027 y la puesta en operación comercial está proyectada para el primer trimestre de 2028. Es decir que las empresas operan bajo un calendario concreto, pero lo hacen dentro de un territorio en disputa y contra la voluntad explícita del Estado argentino.
La Argentina no reconoce la jurisdicción del gobierno colonial británico sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ni sobre los espacios marítimos circundantes, y considera ilegítima cualquier actividad de explotación de recursos naturales en esas áreas sin su consentimiento.
La respuesta argentina: sanciones, denuncias y arbitraje internacional
El gobierno de Javier Milei intensificó en las últimas semanas el frente de presión contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas. Las medidas incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales que colocan a Rockhopper y Navitas en una posición de creciente vulnerabilidad jurídica.
El paso más significativo fue la instrucción presidencial de iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El proceso prevé la conformación de un tribunal de cinco árbitros y, antes de que esas designaciones se concreten, la Argentina podría presentarse ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales. Se trata de la vía multilateral más potente disponible para disputar la legitimidad del proyecto en el escenario jurídico internacional.
El mercado como termómetro de la incertidumbre
La reacción del mercado no es un dato menor. El desplome bursátil de Rockhopper refleja la percepción de los inversores sobre el nivel de riesgo que implica avanzar en un proyecto bajo sanciones estatales, con arbitraje internacional en curso y sin certezas jurídicas sobre la operabilidad futura. Una caída del 32% en un mes en cualquier plaza bursátil es una señal de alarma que los accionistas y los financiadores del proyecto difícilmente puedan ignorar.
El gobierno argentino, al intensificar las acciones legales y diplomáticas, opera también sobre esa dimensión: incrementar el costo financiero y reputacional de participar en Sea Lion hasta tornar el proyecto inviable sin necesidad de forzar una confrontación directa. Es una estrategia de presión acumulativa que, por ahora, muestra resultados medibles en la cotización bursátil de la principal empresa inversora.
Lo que tenés que saber:
- Rockhopper cayó un 19,28% en la Bolsa de Londres este lunes y acumula una baja del 32% en el último mes.
- La petrolera británica (35% de Sea Lion) y Navitas Petroleum (65%, operadora israelí) ratificaron que seguirán adelante con la exploración offshore en Malvinas pese a las sanciones argentinas.
- La primera fase del proyecto, con 11 pozos, fue financiada y aprobada a fines de 2025; la producción está prevista para el primer trimestre de 2028.
- El gobierno argentino instruyó el inicio de un arbitraje bajo la CONVEMAR y estudia solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
- Las acciones del Estado incluyen expedientes sancionatorios, denuncias penales y acciones judiciales contra las empresas operadoras.
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