★ La organización ambientalista Greenpeace presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las audiencias públicas previstas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la reforma a la Ley de Glaciares.

La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que actualmente es subrogado por Enrique V. Lavié Pico.

El pedido judicial apunta contra la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que estableció un mecanismo restrictivo: solo podrán exponer en forma presencial 200 inscriptos el miércoles 25 (los primeros de cada provincia), otros 200 en forma virtual el jueves 26, y el resto deberá enviar su ponencia por escrito o mediante un video de 5 minutos.

500 días de audiencias o restricción a la participación

Según fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas, si se aceptara el pedido de Greenpeace se necesitarían 500 días para realizar las audiencias. Sin embargo, desde la oposición señalaron que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.

La organización ambientalista rechazó el mecanismo dispuesto por el oficialismo y en su escrito pidió que se ordene «al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones» sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos contra 31 rechazos.

«A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas», agregó la presentación.

Incompatibilidad con el Acuerdo de Escazú

Greenpeace también solicitó que «se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral, como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube, por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública».

Además, la organización pidió la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Este tratado internacional, ratificado por Argentina en 2021, garantiza derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

Contexto: una reforma para habilitar la megaminería

La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas.

La iniciativa elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciares y transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

El proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica para destrabar inversiones en megaminería e hidrocarburos. El oficialismo aceleró el trámite en Diputados con el objetivo de mostrar avances antes del «Argentina Week 2026», evento que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.

Puntos clave:

• Greenpeace pidió una medida cautelar ante la Justicia Federal para garantizar participación oral a 100 mil inscriptos

• El oficialismo estableció un mecanismo que habilita solo 400 exposiciones orales en las audiencias del 25 y 26 de marzo

• La organización solicitó veedores judiciales y readecuación del cronograma conforme al Acuerdo de Escazú

• Fuentes parlamentarias señalaron que atender a todos los inscriptos demandaría 500 días de audiencias

• La reforma a la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado el 26 de febrero con 40 votos afirmativos ★