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Medidas antiinflacionarias y mesa multisectorial por los aumentos

Tras el mensaje de anoche del presidente Alberto Fernández desde Olivos, el Poder Ejecutivo oficializó hoy -con su publicación en el Boletín Oficial- las dos primeras medidas.

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Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobado en el Congreso, el Gobierno nacional avanza en la pelea contra la inflación, con la creación del Fondo Estabilizador del Trigo y la modificación del actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, así como con una convocatoria a partir del lunes próximo a distintos sectores para ampliar el paquete de medidas.

Tras el mensaje de anoche del presidente Alberto Fernández desde Olivos, el Poder Ejecutivo oficializó hoy -con su publicación en el Boletín Oficial- las dos primeras medidas.

Fondo Estabilizador del Trigo Argentino

Una de ellas es la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos y reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de este cereal.

Además, con otro decreto, el Gobierno modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

Así, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

A través de sus redes sociales, ministros y secretarios se sumaron hoy a la campaña «Bajar la inflación», en apoyo al plan de acción presentado anoche por Fernández.

«#BajarLaInflación es una prioridad. Por eso, en el marco del plan de acción presentado por el Presidente trabajaremos junto a los gobernadores y las gobernadoras y con todos los intendentes para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón del país», publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su cuenta de Twitter.

El pacto con el FMI y la inflación

La aprobación el jueves en el Senado de la ley que avala el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre la Argentina y el FMI, que venía con media sanción de Diputados, abrió en parte el camino para la agenda que viene: el Presidente quiere superar el debate por la deuda y avanzar hacia la pelea contra la inflación.

«Necesitábamos despejar ese tema central», señalan en Balcarce 50, y explican que, además de la reestructuración de la deuda, «en ese acuerdo también hay herramientas que tienen que ver con la lucha contra la inflación».

«Todos sabemos la inflación que se informó el martes, pero no sabemos si se va detener la guerra en Ucrania, por lo cual es probable que la inflación mundial siga creciendo a tasas desconocidas hasta este momento. Entonces, hay que tomar una cantidad de medidas», admiten.

Según reconstruyó un miembro del Gobierno con despacho en la Casa Rosada, la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de intentar hacer caer la sesión en la Cámara alta por una eventual suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias «la dio Patricia Bulrich a través de un Whatsapp en el que convocaba a una reunión a sus miembros», y refirió que hubo «diversas conversaciones con la oposición para aclarar este punto».

Finalmente, al igual que lo hizo en la Cámara de Diputados, la coalición opositora aprobó el acuerdo.

Las promesas de lo que viene

Los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Agricultura, Ganadería y Pesca; Julián Domínguez; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Comercio, Roberto Felleti; fueron los que trabajaron en los últimos días en las medidas que anunció anoche el Presidente; e irán explicando los detalles en los próximos días.

El titular de Trabajo, Claudio Moroni, la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, también participaron anoche en Olivos del repaso final del plan que se irá anunciando progresivamente a través de cada Ministerio.

Domínguez y las retenciones

Esta mañana, Domínguez fue el encargado de precisar en rueda de prensa que lo que se estableció es una «suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020», y que «esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor».

Asimismo, Domínguez informó que se instrumentarán las medidas necesarias «para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra» entre Rusia y Ucrania.

El turno de Kulfas

El lunes está previsto que sea el turno de Kulfas y el martes se convocaría a una mesa de acuerdo económica y social, con la participación de representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, referentes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil.

En el Gobierno admiten que en el tema precios hay «un problema con los comercios de cercanía» y no con los supermercados, que según el último índice de inflación están respetando los Precios Cuidados.

También reconocen preocupación por la suba de marzo, luego de que la Organización de las Naciones Unidas informara que habrá «un 30% de inflación en alimentos todos los países del mundo y la Argentina viene con una base de 50%».

«En España no consiguen aceite y en Italia no consiguen pasta. Estamos en un problema serio en el mundo y eso obviamente va a tener impacto en la Argentina. Lo que nos dicen todos los que saben es que la situación internacional es grave. Si la guerra no termina la semana que viene, vamos a vivir una economía mundial que desconocemos», señalan desde la Casa Rosada.

Salario Mínimo Vital y Móvil

El miércoles, empresarios y gremialistas acordaron un incremento del 45% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fue rubricado por la tarde por Fernández, quien aprovechó la oportunidad para convocarlos desde el lunes próximo para empezar a acordar ese paquete antiinflacionario.

«El Presidente nos planteó que el lunes va a hacer una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario que viene deteriorando día a día los ingresos de los trabajadores, jubilados y todos los sectores tienen ingresos fijos», dijo uno de los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró también «la convocatoria del Presidente a este diálogo, a esta construcción», y se mostró «convencido en trabajar en conjunto los problemas del país y enfrentar estos problemas globales» generados a partir de la pandemia del coronavirus y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania «para darle previsibilidad al país» y que permita «mayor inversión y crecimiento».

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional oficialista Hugo Yasky coincidió con ellos y señaló que «la preocupación es contener el aumento de los precios».

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Está cara la nafta: Caputo hace fiesta por el Superávit que se logra con rutas rotas y el saqueo del impuesto al combustible

El Ministerio de Economía anunció un resultado financiero positivo de $268.103 millones en abril. Pero detrás de los números que el Gobierno festeja como «disciplina fiscal», se esconde un mecanismo regresivo: el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que los consumidores pagan cada vez que cargan nafta, financia el equilibrio de las cuentas mientras las rutas nacionales se desmoronan y la inversión en obras públicas acumula un derrumbe del 86% desde diciembre de 2023.

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Caputo festeja el superávit de abril gracias al saqueo USD 3.000 M del impuesto al combustible que por ley se debe destinar a rutas

★ El Ministerio de Economía informó este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un resultado financiero superavitario de $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones y un pago neto de intereses de deuda pública de $364.741 millones. El acumulado del primer cuatrimestre alcanzó el 0,2% del PIB (con un superávit primario de 0,5%).

«El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos», afirmó el ministro Luis Caputo.

Los ingresos totales del SPN crecieron un 29,6% interanual, impulsados principalmente por Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.) e IVA neto (+28,1% i.a.). En el otro extremo, los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual, lo que significa que los grandes exportadores aportaron menos al fisco mientras los consumidores, a través de impuestos indirectos, sostuvieron la recaudación.

El impuesto que pagan todos pero no vuelve a las rutas

Entre los ingresos que alimentan el equilibrio fiscal se encuentra el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), un tributo que cada ciudadano abona cada vez que carga nafta o gasoil. La Ley 23.966 establece que una porción significativa de lo recaudado, el 28,58%, debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para financiar Vialidad Nacional y obras de infraestructura. Sin embargo, en la práctica del gobierno de Javier Milei, ese mandato legal se incumple sistemáticamente.

Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y noviembre de 2025 la recaudación del ICL y el Impuesto al Dióxido de Carbono alcanzó los $4.231.130 millones de pesos, equivalentes a casi USD 3.000 millones, un incremento del 104% respecto al mismo período de 2024. Pese a esa recaudación récord, el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto asignado para obras públicas, según el Informe número 141 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso.

El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, denunció en abril de 2026 que el Ministerio de Economía recaudó 6 billones de pesos a través del impuesto a los combustibles en dos años de gestión libertaria, sin volcar un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar por ley.

Un mecanismo que sostiene el ajuste

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que el 24,2% del ajuste fiscal acumulado durante la gestión de Milei se explica directamente por la poda del gasto en obra pública. El dato no es menor: según el informe del Foro Economía y Trabajo publicado el 4 de mayo de 2026, el gasto de capital del Estado nacional registró una caída real acumulada del 86% desde diciembre de 2023.

Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (COPNADUV), advirtió a fines de abril de 2026 que el gobierno nacional «busca disolver la Dirección Nacional de Vialidad» mientras continúa desviando los fondos del ICL, «unos 3.000 millones de dólares por año que se recaudan y deberían asignarse a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales».

Los gremios viales denunciaron en documentos presentados ante la Defensoría del Pueblo de Formosa que esos fondos «son retenidos indebidamente por el Ministerio de Economía» para engrosar el superávit fiscal. El deterioro progresivo de la red vial, advierten, «no solo genera un incremento de la siniestralidad, sino que perjudica la actividad comercial y turística de todo el país».

La estructura regresiva detrás del equilibrio

El cuadro se completa con la lógica distributiva del ajuste. Mientras los Derechos de Exportación cayeron un 17,4% interanual en abril, beneficiando a los grandes exportadores agropecuarios, los impuestos indirectos que paga el conjunto de la población sostuvieron la recaudación. El IVA creció un 28,1% interanual, los impuestos a Débitos y Créditos un 35,1%.

Este esquema se enmarca en lo que el Foro Economía y Trabajo describió como un sistema tributario «regresivo por diseño»: aproximadamente el 70% de la recaudación argentina proviene de impuestos indirectos que recaen proporcionalmente con más fuerza sobre los sectores de menores ingresos. El ICL es parte de ese universo: todos pagan lo mismo por litro, pero quienes más distancia recorren por necesidad laboral o quienes no tienen acceso al transporte público soportan una carga efectiva mayor.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios y transporte público acumuló una suba superior al 525%, con el transporte liderando los aumentos con casi el 912%, según informes del IIEP (UBA-CONICET). La paradoja es brutal: los argentinos pagan más por el combustible, más por el transporte, y el dinero recaudado no regresa en la forma de rutas seguras ni infraestructura reparada, sino en el equilibrio contable que Caputo festeja.

«Un hecho inédito» que no cierra para todos

Caputo celebró la posibilidad de «alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina».

Lo que el ministro omitió es el costo concreto de ese equilibrio: transferencias a provincias recortadas un 66% en términos reales, programas sociales podados un 61%, salarios públicos erosionados un 29% y un gasto de capital desplomado un 86%, todo desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo. Las rutas deterioradas, los hospitales sin mantenimiento y las universidades desfinanciadas son la otra cara del número que el oficialismo muestra como trofeo.

Puntos clave:

  • El Gobierno anunció un superávit financiero de $268.103 millones en abril de 2026, con un acumulado cuatrimestral de 0,2% del PIB.
  • El ICL recaudó casi USD 3.000 millones entre enero y noviembre de 2025, pero el Gobierno ejecutó menos del 25% del presupuesto vial asignado.
  • La Ley 23.966 obliga a destinar el 28,58% del ICL a infraestructura vial; el mandato se incumple sistemáticamente según denuncias de gremios y funcionarios provinciales.
  • Los Derechos de Exportación cayeron 17,4% interanual en abril, mientras el IVA (consumidores) creció 28,1%.
  • El gasto de capital acumula una caída real del 86% desde diciembre de 2023, según el Foro Economía y Trabajo.
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