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Medidas antiinflacionarias y mesa multisectorial por los aumentos

Tras el mensaje de anoche del presidente Alberto Fernández desde Olivos, el Poder Ejecutivo oficializó hoy -con su publicación en el Boletín Oficial- las dos primeras medidas.

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Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobado en el Congreso, el Gobierno nacional avanza en la pelea contra la inflación, con la creación del Fondo Estabilizador del Trigo y la modificación del actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, así como con una convocatoria a partir del lunes próximo a distintos sectores para ampliar el paquete de medidas.

Tras el mensaje de anoche del presidente Alberto Fernández desde Olivos, el Poder Ejecutivo oficializó hoy -con su publicación en el Boletín Oficial- las dos primeras medidas.

Fondo Estabilizador del Trigo Argentino

Una de ellas es la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos y reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales de este cereal.

Además, con otro decreto, el Gobierno modificó el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

Así, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

A través de sus redes sociales, ministros y secretarios se sumaron hoy a la campaña «Bajar la inflación», en apoyo al plan de acción presentado anoche por Fernández.

«#BajarLaInflación es una prioridad. Por eso, en el marco del plan de acción presentado por el Presidente trabajaremos junto a los gobernadores y las gobernadoras y con todos los intendentes para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón del país», publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su cuenta de Twitter.

El pacto con el FMI y la inflación

La aprobación el jueves en el Senado de la ley que avala el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre la Argentina y el FMI, que venía con media sanción de Diputados, abrió en parte el camino para la agenda que viene: el Presidente quiere superar el debate por la deuda y avanzar hacia la pelea contra la inflación.

«Necesitábamos despejar ese tema central», señalan en Balcarce 50, y explican que, además de la reestructuración de la deuda, «en ese acuerdo también hay herramientas que tienen que ver con la lucha contra la inflación».

«Todos sabemos la inflación que se informó el martes, pero no sabemos si se va detener la guerra en Ucrania, por lo cual es probable que la inflación mundial siga creciendo a tasas desconocidas hasta este momento. Entonces, hay que tomar una cantidad de medidas», admiten.

Según reconstruyó un miembro del Gobierno con despacho en la Casa Rosada, la postura de Juntos por el Cambio (JxC) de intentar hacer caer la sesión en la Cámara alta por una eventual suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias «la dio Patricia Bulrich a través de un Whatsapp en el que convocaba a una reunión a sus miembros», y refirió que hubo «diversas conversaciones con la oposición para aclarar este punto».

Finalmente, al igual que lo hizo en la Cámara de Diputados, la coalición opositora aprobó el acuerdo.

Las promesas de lo que viene

Los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Agricultura, Ganadería y Pesca; Julián Domínguez; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Comercio, Roberto Felleti; fueron los que trabajaron en los últimos días en las medidas que anunció anoche el Presidente; e irán explicando los detalles en los próximos días.

El titular de Trabajo, Claudio Moroni, la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, también participaron anoche en Olivos del repaso final del plan que se irá anunciando progresivamente a través de cada Ministerio.

Domínguez y las retenciones

Esta mañana, Domínguez fue el encargado de precisar en rueda de prensa que lo que se estableció es una «suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020», y que «esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor».

Asimismo, Domínguez informó que se instrumentarán las medidas necesarias «para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra» entre Rusia y Ucrania.

El turno de Kulfas

El lunes está previsto que sea el turno de Kulfas y el martes se convocaría a una mesa de acuerdo económica y social, con la participación de representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, referentes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil.

En el Gobierno admiten que en el tema precios hay «un problema con los comercios de cercanía» y no con los supermercados, que según el último índice de inflación están respetando los Precios Cuidados.

También reconocen preocupación por la suba de marzo, luego de que la Organización de las Naciones Unidas informara que habrá «un 30% de inflación en alimentos todos los países del mundo y la Argentina viene con una base de 50%».

«En España no consiguen aceite y en Italia no consiguen pasta. Estamos en un problema serio en el mundo y eso obviamente va a tener impacto en la Argentina. Lo que nos dicen todos los que saben es que la situación internacional es grave. Si la guerra no termina la semana que viene, vamos a vivir una economía mundial que desconocemos», señalan desde la Casa Rosada.

Salario Mínimo Vital y Móvil

El miércoles, empresarios y gremialistas acordaron un incremento del 45% del Salario Mínimo Vital y Móvil, que fue rubricado por la tarde por Fernández, quien aprovechó la oportunidad para convocarlos desde el lunes próximo para empezar a acordar ese paquete antiinflacionario.

«El Presidente nos planteó que el lunes va a hacer una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario que viene deteriorando día a día los ingresos de los trabajadores, jubilados y todos los sectores tienen ingresos fijos», dijo uno de los cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró también «la convocatoria del Presidente a este diálogo, a esta construcción», y se mostró «convencido en trabajar en conjunto los problemas del país y enfrentar estos problemas globales» generados a partir de la pandemia del coronavirus y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania «para darle previsibilidad al país» y que permita «mayor inversión y crecimiento».

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional oficialista Hugo Yasky coincidió con ellos y señaló que «la preocupación es contener el aumento de los precios».

Desregulación

AySA privatizada: el agua del AMBA ya tiene nuevo dueño

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en el que participa el empresario Mauricio Filiberti, se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos por US$340,2 millones, monto que quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Gobierno. La operación, amparada en la Ley Bases, consumó la segunda privatización de la empresa que brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la Ciudad y el conurbano.

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De proveedor a dueño del agua: Filiberti se queda con AySA y consolida un negocio sin competencia real.

El agua que beben 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense quedó, a partir de este 8 de octubre de 2026, bajo control privado por primera vez en dos décadas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó en la licitación al grupo Roggio y se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, casi un 20% más que la oferta rival de US$285 millones, pero muy lejos de los US$500 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar.

El proceso, encuadrado en la Resolución 704/2026, se inició con la Ley Bases 27.742 aprobada en 2024, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, cuyo referente sindical es Omar Lingeri. La adjudicación definitiva aún aguarda la revisión final de la Comisión de Evaluación.

Un proveedor que ahora será el dueño

El consorcio ganador está encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería e infraestructura fundada por Walter Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo de inversión PHX AQUA AR BV, con sede en los Países Bajos. Arcos opera agua y cloacas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, y fue designada como Operador Técnico de la concesión.

La figura de Filiberti merece una lectura aparte. Transclor es proveedora exclusiva de AySA desde 2009 del policloruro de aluminio, el insumo más importante para la potabilización del agua. Al ganar la concesión, Filiberti pasa de proveedor a controlante de la misma empresa a la que le vende su principal insumo. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus mayores clientes. El encadenamiento de negocios regulados en torno a un mismo grupo concentrado no es un detalle menor: es la radiografía de cómo funciona el llamado «círculo rojo» empresarial cuando el Estado decide soltar activos estratégicos.

Historia de ida y vuelta: de Menem a Kirchner, de Kirchner a Milei

AySA no siempre se llamó así ni siempre fue estatal. Su historia condensa cinco décadas de disputas sobre quién debe controlar el agua. La empresa se llamó Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912, hasta que Carlos Menem la privatizó en 1993 y la concesionó al consorcio Aguas Argentinas, operado mayoritariamente por el grupo francés Suez. Ese proceso judicial derivó en la determinación de que la empresa había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.

En 2006, Néstor Kirchner rescindió el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones de infraestructura comprometidas, creó AySA y colocó el 90% del capital bajo control estatal. Desde entonces y hasta 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión subió del 76% al 85%, y la de cloacas del 57% al 72,6%, según datos de Chequeado. El Gobierno de Milei eligió destacar otro ángulo: desde la reestatización, la empresa requirió aportes del Tesoro por más de US$13.400 millones.

El contrato y los compromisos de inversión

El holding ganador confirmó un compromiso de inversión de US$1.940 millones en los primeros cinco años de concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. El nuevo pliego establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación.

Las metas de cobertura también quedaron fijadas: para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los pisos suben al 90% y 75% respectivamente. El Gobierno asumió además la deuda de la empresa por US$70 millones, que será transferida a los adjudicatarios. Los que paguen las tarifas también pagarán esa deuda.

Un negocio que sale debajo del precio de reserva

La oferta ganadora de US$340,2 millones equivale, considerando el 10% en manos del sindicato, a un precio implícito de US$378 millones por el 100% de la empresa. El Ministerio de Economía había proyectado recaudar US$500 millones. La diferencia de US$160 millones entre lo esperado y lo obtenido es la brecha entre el discurso de eficiencia del mercado y la realidad de una licitación con apenas dos oferentes, de un proceso que comenzó con 17 grupos interesados y terminó con solo dos dispuestos a presentarse.

Así funciona la privatización de servicios esenciales en mercados cautivos: sin competencia real, el precio lo pone el comprador. Los 14 millones de usuarios no eligieron al nuevo concesionario ni votaron la Ley Bases que lo habilitó.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones, por debajo de los US$500 millones esperados por el Gobierno.
  • Mauricio Filiberti, a través de Transclor, era el proveedor exclusivo de cloro para potabilización de AySA desde 2009 y ahora pasará a ser parte del grupo controlante.
  • La empresa brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en CABA y 26 municipios del conurbano.
  • AySA fue creada en 2006 por Néstor Kirchner tras rescindir el contrato con el grupo francés Suez; su privatización es la segunda en la historia de la empresa.
  • El grupo controlante asumirá una deuda de US$70 millones de la empresa y se comprometió a invertir US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
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