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Disputa con la CGT: Milei libera elección de obra social para trabajadores

El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.

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El Argentino Diario-Javier Milei.

El gobierno del presidente Javier Milei anunció hoy la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 para posibilitarle a los trabajadores derivar sin restricciones sus aportes a la obra social o empresa de medicina prepaga que elijan desde el inicio de su contratación, una decisión que amenaza con tensar todavía más la relación de la Casa Rosada con la mayoría de los sindicatos nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT).

Luego de que se conociera que el Poder Ejecutivo se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir, mediante un recurso extraordinario, el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/23, se conoció hoy la decisión que termina con la obligatoriedad para los trabajadores de tener que afiliarse, cuando se inicia un vínculo de trabajo, a la obra social del sindicato correspondiente a la rama laboral en la que se desempeña.

Ambas decisiones fueron tomadas en medio de la tensión que existe entre el Gobierno y los sindicatos, una relación que quedó resquebrajada luego del paro nacional que la CGT llevó a cabo el 24 de enero pasado y que, día tras día, suma declaraciones de confrontación.

Fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, anunció la pronta publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación del 70/2023:

«Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba a tener la actividad o el sindicato al que pertenecían, así que esto les va a dar mucha más libertad», dijo el funcionario.

La reglamentación, aclaró, «busca terminar con la obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso en la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea», explicó, y afirmó que «el objetivo es darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y prepagas».

Desde el Gobierno aclararon, además, que los beneficiarios «podrán elegir una obra social o prepaga sin ningún tipo de intermediación» y que «podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral».

El de los fondos de las obras sociales ha sido, a través de los años, un tema siempre sensible y desde hace algunos días en la Casa Rosada se venía anticipando que encararían ese conflictivo tema.

En la agenda entre las partes también se encuentra el irresuelto Consejo de Salario Mínimo y la convocatoria a paritarias docentes, punto que el Gobierno insiste en derivar a las autoridades provinciales.

«Seguramente esta semana haya reuniones entre las partes para tratar de destrabar el conflicto», dijo Adorni.

Aunque se intentará insistir retóricamente en que son las jurisdicciones las que deben fijar los sueldos, también se entiende que «a nadie le conviene que las clases no se inicien», reconocieron hoy fuentes de Balcarce 50.

Todos esos frentes se dan en un escenario en el que la CGT volvió a abrir la posibilidad de un nuevo paro general.

Ayer, el cosecretario general de la CGT y líder del sindicato de los trabajadores de la Sanidad, Héctor Daer, consideró que «va madurando» en la central obrera la posibilidad de realizar una nueva medida de fuerza, en el marco de un «feroz aumento de la pobreza».

«Se va madurando por la propia actitud de ajuste que tiene el Gobierno», respondió Daer ante una consulta acerca de si la CGT evalúa llevar adelante una huelga, tal cual hizo el 24 de enero pasado a nivel nacional y por el lapso de 12 horas.

Hace tan sólo dos días, el otro cosecretario general, Pablo Moyano, pronosticó que marzo «será un mes muy conflictivo», dijo que «el interior del país es un polvorín» y confirmó las deliberaciones internas sobre la medida de fuerza.

«El Consejo de la CGT está autorizado para tomar las medidas necesarias, no vamos a poner fechas todavía, pero se está discutiendo el paro general», dijo

En una clara advertencia, Moyano advirtió a Milei que «se prepare» porque señaló que, desde la CGT, no serán «meros espectadores de cómo van a ir destruyendo el país y del avasallamiento a los trabajadores».

Mientras tanto, este miércoles el gremio ferroviario de La Fraternidad tendrá su propia medida de fuerza y su titular, Omar Maturano, consideró que la CGT debe convocar al paro.

«Tenemos que hacer un paro general por nosotros, pero también por los jubilados, por el trabajo, por la reforma laboral del DNU», explicó el dirigente de La Fraternidad en declaraciones a El Destape Radio.

Gremiales

Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei

Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.

Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei

★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.

Un sistema sanitario bajo la motosierra

Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.

Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.

El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.

Los reclamos del sector

La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:

  • No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
  • No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
  • No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
  • No al retroceso en políticas de Salud Mental.

Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.

La posición oficial y las acusaciones cruzadas

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.

El contexto de un ajuste en cadena

La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.

Puntos clave:

  • El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
  • Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
  • El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
  • Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
  • Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.

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