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Legislativo

Milei convoca a extraordinarias: vuelve a la carga con la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares

El Gobierno insiste con la reforma que precariza el trabajo y habilita la megaminería en zonas protegidas. También busca aprobar el acuerdo Mercosur-UE y premiar a Fernando Iglesias con dos cargos diplomáticos.

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★ Javier Milei convocó formalmente a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, según el Decreto 24/2026 que firmó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La agenda incluye cuatro temas centrales: la Reforma Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la designación del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante el bloque europeo.

Los dos primeros puntos ya habían sido rechazados durante las extraordinarias de diciembre por la oposición, organizaciones sindicales, ambientalistas y científicos. Sin embargo, el Gobierno insiste en impulsar estas iniciativas como parte de su agenda proempresarial.

Reforma Laboral: nueva embestida contra los trabajadores

La Reforma Laboral volverá al recinto tras haber conseguido dictamen de comisión en diciembre, gracias a las negociaciones que encabezó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien logró sumar votos del PRO, la UCR y aliados provinciales.

El proyecto quedó frenado tras la movilización masiva de la CGT a Plaza de Mayo en los últimos días de 2025. Ahora, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó durante la primera quincena de enero una gira por provincias aliadas para garantizar los votos necesarios en el Senado.

La iniciativa apunta a quitar derechos conquistados históricamente por el movimiento obrero y flexibilizar las condiciones laborales en favor de las empresas.

Ley de Glaciares: vía libre para la megaminería

El otro proyecto que generó fuerte rechazo es la «adecuación» del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639). La propuesta oficial representa un retroceso respecto del principio de presupuestos mínimos que la propia Corte Suprema de Justicia validó en un fallo de 2019.

La modificación transfiere a las provincias la potestad de definir criterios para proteger glaciares y zonas periglaciares, lo que en la práctica habilita a empresas multinacionales a explotar esos territorios con proyectos mineros.

La reforma fue rechazada por organizaciones ambientalistas, académicos y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El Gobierno intentó aprobarla de manera acelerada en el Senado durante diciembre, pero no consiguió los votos suficientes.

Acuerdo Mercosur-UE: reprimarización y desprotección

Milei incluyó en la convocatoria la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el sábado pasado. El pacto crea una zona de libre comercio de 720 millones de personas mediante la eliminación de aranceles sobre productos industriales y agrícolas.

El acuerdo genera interrogantes sobre la compatibilidad legislativa entre ambos continentes y el riesgo de profundizar la reprimarización de la economía sudamericana. En Europa, los productores agrícolas mantienen fuertes protestas en rechazo al tratado.

Iglesias, de la «anticasta» a embajador

El cuarto punto de la agenda es la ratificación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. Se trata del segundo cargo diplomático para el ex diputado, quien carece de experiencia en el área y ya había sido designado por Milei como embajador en Bélgica.

La nominación expone la contradicción del discurso «anticasta» del oficialismo, que premia con cargos diplomáticos a figuras del círculo político más cercano al Presidente.

Puntos clave:

• El Gobierno convocó a extraordinarias del 2 al 27 de febrero mediante Decreto 24/2026
• Reforma Laboral y modificación de Ley de Glaciares vuelven al debate tras rechazo en diciembre
• Se buscará aprobar el acuerdo Mercosur-UE firmado recientemente
• Fernando Iglesias será propuesto como embajador ante la Unión Europea
• CGT y organizaciones ambientalistas anticipan resistencia a las reformas

Legislativo

¿El fin del Etiquetado Frontal? Milei intenta favorecer a importadores y alimenticias

El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para eliminar los octógonos negros de advertencia nutricional en alimentos envasados. La iniciativa, que lleva las firmas de Milei, Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, generó rechazo de especialistas en salud pública, mientras fuentes del propio oficialismo reconocieron que la medida responde en buena medida a presiones de la industria alimenticia.

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El Gobierno envió al Congreso el proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal

★ El Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, que ingresó este sábado al Congreso, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. El Ejecutivo solicitó al Parlamento el «pronto tratamiento y sanción» de la norma.

La maniobra no sorprende en su lógica desregulatoria: ya en 2024, la administración libertaria había intentado modificar la ley por la vía administrativa, mediante dos disposiciones de la ANMAT que alteraron la metodología de cálculo de nutrientes excesivos. Ahora, el Ejecutivo avanza directamente con la derogación total.

El argumento oficial y lo que oculta

El texto firmado por Milei, Adorni y Lugones sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total. El Gobierno cuestiona que el sistema aplique criterios homogéneos sobre matrices alimentarias muy diversas, sin considerar las porciones reales consumidas, generando, según el Ejecutivo, «interpretaciones simplificadas o poco precisas» y confusión en el consumidor.

Sin embargo, lo que el discurso oficial no menciona es la variable política de fondo: según fuentes oficialistas, el impulso del proyecto responde «en buena medida» a presiones del sector de la industria alimenticia, que resistió la normativa desde su aprobación en 2021. La ley fue sancionada tras un amplio debate parlamentario con el respaldo de organismos médicos, científicos y asociaciones vinculadas a la salud pública, y su cuestionamiento siempre provino de las grandes corporaciones alimentarias, no de la ciudadanía.

La derogación paso a paso

El proyecto es breve y directo: su artículo 1° dispone la derogación total de la Ley 27.642, mientras que el artículo 2° establece que la nueva norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La derogación implicaría la quita de los octógonos negros de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías en los envases de alimentos y bebidas, la eliminación de las restricciones asociadas a la publicidad de ultraprocesados en entornos escolares, y la habilitación del uso de personajes infantiles y animados en el marketing de productos con alto contenido de nutrientes críticos, actualmente prohibido.

El Ejecutivo aclaró que la declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará vigente bajo el Código Alimentario Argentino y las normativas del Mercosur. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que esa información técnica, sin la señal visual clara y directa de los octógonos, no garantiza la comprensión del consumidor corriente, especialmente en sectores de baja escolaridad.

Un debate con dos modelos en pugna

En el fondo, la discusión enfrenta dos concepciones de la regulación estatal: por un lado, una norma diseñada como herramienta de salud pública y derecho a la información; por el otro, una agenda oficial que prioriza la desregulación y la eliminación de lo que el Gobierno denomina «trabas comerciales». Desde 2025, el Mercosur trabaja en la armonización del etiquetado frontal entre los países miembros. El Gobierno de Milei invoca esa armonización como justificación; sus críticos señalan que el proceso podría servir como vía indirecta para bajar los estándares de protección, dado que el modelo argentino es considerado uno de los más exigentes de la región por el uso de octógonos y sus restricciones adicionales sobre publicidad.

El sistema cuestionado, basado en los parámetros de la OPS, utiliza «umbrales móviles», es decir, proporciones de nutrientes en relación con las calorías totales del alimento, en lugar de cantidades absolutas por cada 100 gramos. Los impulsores de la derogación argumentan que ese esquema genera distorsiones; sus defensores, en cambio, sostienen que constituye la herramienta más efectiva y clara para que los consumidores identifiquen en segundos la calidad nutricional real de los productos ultraprocesados.

La voz de la salud pública

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de profesionales de la nutrición y la salud pública manifestaron su rechazo a la eliminación de la Ley 27.642. Desde el campo sanitario se advirtió que derogar los octógonos implicaría un retroceso en el acceso a información clara, en un contexto donde las tasas de obesidad infantil y enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, siguen siendo un problema de primer orden en Argentina y en la región. Para estas organizaciones, la medida subordina el bienestar ciudadano a los intereses de las corporaciones alimentarias, siguiendo la lógica del desguace regulatorio que el Gobierno libertario aplica sistemáticamente desde diciembre de 2023.

No es un dato menor que el proyecto lleve la firma de Manuel Adorni, actualmente investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa instruida por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita que ya supera los 840.000 dólares bajo sospecha.

Puntos clave

  • El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para derogar en su totalidad la Ley de Etiquetado Frontal N° 27.642, con las firmas de Milei, Adorni y el ministro de Salud Lugones.
  • Fuentes oficialistas reconocieron que el proyecto responde «en buena medida» a presiones de la industria alimenticia.
  • La derogación implicaría eliminar los octógonos negros, las restricciones publicitarias en entornos escolares y el uso de personajes infantiles en el marketing de ultraprocesados.
  • Organizaciones de salud pública y especialistas en nutrición advirtieron sobre un retroceso en la protección del consumidor.
  • El sistema argentino de etiquetado frontal es considerado uno de los más exigentes de la región.
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