Las 23 provincias relevadas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) cerraron 2025 con un déficit primario de $380.000 millones, revirtiendo el superávit de $4,8 billones registrado el año anterior. La caída de la coparticipación federal y el incremento del gasto en personal explican un desequilibrio que el gobierno nacional debió salir a contener con adelantos de emergencia en marzo pasado.

Los números son contundentes y contradicen el relato oficial de una economía que se recupera. El conjunto de las administraciones provinciales pasó en un año de tener cuentas saneadas a acumular un rojo que, según el informe del IARAF elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, equivale al 2,1% de los ingresos totales provinciales y al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

El desequilibrio en números

El gasto primario de los estados subnacionales creció un 6,8% real interanual, mientras que los ingresos totales apenas avanzaron un 3,4% en términos reales. La brecha entre ambas variables explica con precisión aritmética el origen del desequilibrio: los gobiernos provinciales gastaron más de lo que ingresaron, y lo hicieron en un contexto donde los fondos que distribuye la Nación tampoco acompañaron.

El resultado fiscal final, es decir, tras contemplar el pago de deuda, cerró el año con un saldo negativo de $3,6 billones, frente a los $2 billones positivos del ciclo previo. Una reversión de casi seis billones de pesos en apenas doce meses, a valores de mayo de 2026.

Según el IARAF, las transferencias automáticas desde la Casa Rosada hacia las provincias, que incluyen la coparticipación y otros envíos compensatorios, cayeron un 6,4% en términos reales en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia que ya venía erosionando las cajas provinciales durante 2025.

El gasto en personal, primer motor del desequilibrio

El estudio del IARAF identifica con claridad el principal factor del aumento del gasto: el rubro personal. El reporte señala que el gasto en personal realizó el principal aporte a la suba, representando el 43% del incremento del gasto primario consolidado. Detrás de ese número hay un contexto político innegable: durante 2025 se desarrolló el ciclo electoral de medio término, y varios gobiernos provinciales sostuvieron o mejoraron los sueldos de sus empleados estatales en el marco de una inflación que no cedía.

Otros rubros que también mostraron incrementos significativos fueron la inversión real directa, con un alza del 23,1% real, y las prestaciones de la seguridad social provincial, con una suba del 11% real. La foto completa revela que las provincias apostaron a sostener el gasto en un contexto donde los ingresos no respondieron al mismo ritmo.

Ingresos en baja: el efecto de la recesión sobre las arcas provinciales

Por el lado de los recursos, el crecimiento de los ingresos totales en apenas un 3,4% real estuvo impulsado casi exclusivamente por la recaudación tributaria propia de las provincias, que aumentó un 3,6%. El informe del IARAF destaca que esa suba fue producto del aporte de los impuestos locales, entre los que se destacaron el impuesto de Sellos, con un incremento del 28,7%, y el Automotor, con una suba del 21,8%.

La contracara de ese dato es la debilidad de los recursos coparticipables, directamente atados a la dinámica de la recaudación nacional. En un año marcado por la persistente debilidad del consumo y la actividad económica, impuestos como el IVA y Ganancias, que según el IARAF explican el 94% de la masa coparticipable, no generaron el flujo de fondos que las provincias necesitaban. El titular del instituto, Nadin Argañaraz, ya había advertido en meses previos que para que la recaudación de 2026 no pierda terreno respecto de 2025 en términos reales, el IVA debería crecer al menos un 3,4% y Ganancias un 1,1%; cumplir esas metas, señaló, es de cumplimiento improbable.

El salvataje de marzo: el Gobierno admitió la crisis con los adelantos de coparticipación

El deterioro de las cuentas provinciales no fue solo un dato estadístico: tuvo consecuencias políticas y financieras concretas. En marzo de 2026, el gobierno de Javier Milei debió habilitar un mecanismo de adelantos de fondos de coparticipación federal para asistir a las administraciones que no podían cerrar sus presupuestos. El Ministerio de Economía activó una línea de adelantos transitorios para una docena de distritos, a una tasa del 15% anual y con retenciones de coparticipación como garantía, por un monto total que alcanzó los $400.000 millones.

La medida, que el oficialismo intentó presentar como una herramienta de asistencia coordinada, fue leída en clave opositora como una admisión implícita del fracaso del modelo. Si el ajuste del Gobierno nacional había logrado el equilibrio fiscal en las cuentas centrales, lo había hecho en parte trasladando el costo a las provincias: menos transferencias discrecionales, menores envíos automáticos y una economía que no crecía lo suficiente para sostener la recaudación coparticipable.

El contexto no es ajeno a la dinámica política de los últimos meses: varios gobernadores, incluso algunos inicialmente alineados con la Casa Rosada, endurecieron sus posiciones frente al gobierno nacional. La tensión entre el ajuste fiscal nacional y las necesidades financieras de los estados subnacionales recorre transversalmente el mapa político argentino y promete profundizarse de cara al ciclo electoral de 2027.

Puntos clave

• Las 23 provincias relevadas pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, a valores de mayo de 2026.
• El gasto primario provincial creció un 6,8% real, con el rubro personal como principal factor al explicar el 43% del incremento.
• Los ingresos totales crecieron solo un 3,4% real, traccionados por impuestos propios como Sellos (+28,7%) y Automotor (+21,8%).
• Las transferencias automáticas nacionales hacia las provincias cayeron un 6,4% real en el primer trimestre de 2025, según el IARAF.
• El gobierno de Milei debió habilitar en marzo de 2026 adelantos de coparticipación por $400.000 millones para asistir a doce provincias en crisis fiscal.