Medios
Cristina y Kicillof unidos contra Clarín: denunciaron que el multimedio encubre la represión y alertan sobre monopolio
El Partido Justicialista acusó al Grupo Clarín de difundir información falsa para encubrir la represión a jubilados y advirtió sobre la concentración del mercado de telecomunicaciones tras la posible adquisición de Telefónica Argentina.
El Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado en el que denunció al Grupo Clarín por llevar adelante una «desvergonzada campaña de desinformación contra sectores del peronismo». Según el PJ, esta estrategia busca «encubrir la responsabilidad» del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la «represión ilegal contra jubilados» durante la movilización del pasado miércoles.
En el comunicado, el PJ señaló que «este alineamiento sin fisuras entre las mentiras que Clarín publica en sus tapas y el relato oficial desplegado luego de la represión» coincide con el momento en que el grupo empresario busca adquirir Telefónica, lo que podría consolidar un monopolio en el sector de las telecomunicaciones.
Preocupación por concentración monopólica
La posible adquisición de Telefónica Argentina por parte del Grupo Clarín ha generado preocupación en diversos sectores. El gobierno de Javier Milei advirtió que esta operación podría dejar «aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico», lo que configuraría un monopolio.
La Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que afirmó que, de concretarse la compra, el Estado Nacional «tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo».
Reacciones de dirigentes peronistas
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se pronunció al respecto, criticando duramente dos notas del diario Clarín que lo acusaban de financiar los incidentes en la marcha de jubilados. Kicillof calificó estas publicaciones como «piezas de la chantada» y afirmó que «los gobiernos con tendencias autoritarias siempre necesitaron de una prensa cómplice».
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó el comunicado del PJ y denunció una campaña de desprestigio en su contra por parte de ciertos medios de comunicación.
Contexto y antecedentes
La tensión entre el peronismo y el Grupo Clarín no es nueva. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se implementaron políticas para limitar la concentración mediática, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, la relación entre el Estado y el conglomerado mediático ha sido históricamente conflictiva.
La posible adquisición de Telefónica Argentina por parte del Grupo Clarín se enmarca en un proceso de desinversión de la empresa española en América Latina. Esta operación ha encendido alarmas sobre la concentración del mercado y sus implicancias para la competencia y la calidad de los servicios de telecomunicaciones en el país.
Puntos clave:
- El Partido Justicialista acusó al Grupo Clarín de desinformar para encubrir la represión a jubilados.
- El gobierno de Javier Milei advirtió sobre la posible formación de un monopolio en telecomunicaciones.
- Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner criticaron la cobertura mediática y denunciaron campañas de desprestigio.
- La adquisición de Telefónica Argentina por parte del Grupo Clarín podría concentrar el 70% del mercado de telecomunicaciones.
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Libertad de expresión
Revés judicial para el Pentágono por censurar a la prensa: “La restricción es peligrosa”
Un juez federal ordenó restituir credenciales a periodistas tras calificar de «ilegales» las restricciones impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
★ El sistema judicial estadounidense puso un freno a los intentos de disciplinamiento informativo dentro del Departamento de Defensa. Paul Friedman, juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictaminó que el Pentágono debe restablecer de forma inmediata el acceso a los periodistas acreditados; tras considerar que la política emitida por el secretario Pete Hegseth vulneraba derechos constitucionales básicos.
Un esquema de castigos contra el periodismo
La resolución judicial se produjo luego de que se detectara que las disposiciones de la gestión de Hegseth permitían suspender o revocar credenciales de prensa en función del contenido de los reportajes. Friedman ya anuló varias de estas medidas el mes pasado; al entender que el organismo no puede utilizar criterios subjetivos sobre la cobertura periodística para decidir quién ingresa al edificio.
En un fallo con un tono de dura reprimenda; el magistrado sostuvo que el Departamento de Defensa no puede simplemente restablecer una política ilegal bajo el pretexto de tomar nuevas medidas y esperar que el tribunal haga la vista gorda. La sentencia pone en evidencia una metodología de persecución a las voces críticas que; según el juez; resulta especialmente peligrosa en contextos de conflicto bélico.
La vigencia de la Primera Enmienda
El dictamen judicial subrayó que la restricción de los derechos de la Primera Enmienda es un riesgo institucional permanente. Según la información difundida por la agencia Xinhua; el fallo destaca que el acceso de la prensa a las actividades militares estadounidenses no es una concesión discrecional del funcionario de turno; sino un pilar de la transparencia institucional.
Este antecedente internacional resuena en un clima de época donde distintos liderazgos políticos intentan avanzar sobre la labor comunicacional; tildando de operación o relato cualquier información que no sea complaciente con el poder de turno. La justicia federal de Washington fue contundente al señalar que el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a represalias por la naturaleza de sus investigaciones.
El rol del Pentágono ante la justicia
Con esta orden; los funcionarios del Pentágono quedan obligados a devolver las identificaciones a los reporteros que cubren el área. El caso expone las tensiones internas en la administración estadounidense respecto al manejo de la información pública y la soberanía informativa; en un marco donde el control estatal sobre los medios acreditados buscaba blindar las decisiones militares de la mirada pública.
Puntos clave:
- El juez Paul Friedman ordenó al Pentágono restablecer el acceso a periodistas acreditados.
- La justicia anuló disposiciones del secretario Pete Hegseth que permitían revocar credenciales según los reportajes.
- El fallo calificó de «ilegal» e «ineficaz» el intento de disfrazar políticas de restricción bajo nuevas medidas.
- Se destacó que limitar la Primera Enmienda es «peligroso» y más aún en tiempos de guerra.
- La resolución obliga a la restitución inmediata de los derechos laborales de los trabajadores de prensa en el edificio.
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