Judiciales ⚖️

La Justicia volvió a rechazar los intentos de Macri por frenar los entrecruzamientos de llamadas

La jueza Servini rechazó nuevamente los planteos de la defensa del ex presidente en la causa que investiga presiones contra directivos del Grupo Indalo. Además, remitió copias de la última presentación del abogado Pablo Lanusse, para que se evalúen sus dichos contra la magistrada.

Publicado hace

6 años

13.08.2020

ElArgentino.ar

La magistrada del Fuero Federal, María Romilda Servini, volvió a rechazar un planteo formulado por la defensa de Mauricio Macri, en contra de la orden con la que la jueza dispuso el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente con distintos ex funcionarios y miembros de su entorno político, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones contra los directivos del Grupo Indalo.

La jueza remitió, además, copias de la última presentación realizada por el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri en este expediente, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, para que se evalúe su conducta y ese organismo pueda evaluar el tono de sus manifestaciones, dado que el letrado acusó a Servini de “inclinar la cancha” a favor de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

«Las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura».

Servini dijo que «las expresiones y descalificativos vertidos por el Dr. Pablo Jorge Lanusse no pueden pasar inadvertidos porque agravian la Magistratura», más allá que «uno pueda coincidir o no con las decisiones adoptadas en los procesos judiciales», porque para eso «tiene acceso a las herramientas procesales».

La jueza citó como ejemplo de este mal proceder que el abogado haya cuestionado «la fecha y hora en que se implanta una firma electrónica, que no incide en la habilitación de día y hora inhábil», y que haya dicho que «las resoluciones o decisiones le causan náuseas y que resultan funcionales, acomodaticias y motivadas a/en los intereses de personas ajenas al expediente».

En ese contexto, dio como ejemplo que haya copiado publicaciones que hiciera «la actual vicepresidenta de la Nación en la red social Twitter», que dijo, «nada tiene que ver con la causa» y «exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión».

no existe ninguna situación de “desobediencia” porque la Cámara federal porteña, en tanto tribunal superior, “ no emitió orden alguna».

La presentación de la defensa de Macri era una apelación contra la decisión de la jueza de ordenar reanudar el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le indicó acotar el alcance de la medida.

Al responder el planteo, la jueza Servini sostuvo que en su decisión no existe ninguna situación de “desobediencia” porque la Cámara federal porteña, en tanto tribunal superior, “no emitió orden alguna, sino que encomendó un curso de acción en relación a la diligencia probatoria”.

“A poco que se repasa el fallo, los Sres. Jueces no sólo reconocieron el carácter discrecional de la medida de prueba dispuesta el 06 de julio de 2020, además validaron su utilidad y pertinencia a los fines del proceso, eso sí, limitaron su período temporal, aunque no de una manera precisa, sino sólo señalando que debería circunscribirse a los ´a los momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso´”, enfatizó la jueza en el fallo.

Servini sostuvo que en el “expediente se encuentra asegurada la igualdad” ya que “todas tuvieron, tienen y tendrán garantizadas las mismas facultades».

En relación a las acusaciones de la defensa de Macri, que sostuvo que la jueza actuaba en favor de los intereses del abogado Carlos Beraldi, representante del empresario Fabián De Sousa, pero también de la ex presidenta en otras causas, Servini sostuvo que en el “expediente se encuentra asegurada la igualdad” ya que “todas tuvieron, tienen y tendrán garantizadas las mismas facultades para influir sobre la reconstrucción fáctica”.

Sobre la medida reanudada, la magistrada remarcó que “nadie ha divulgado información que pueda considerarse privada, más aun, los registros de comunicaciones son registros que existen en poder de empresas privadas y que por lo tanto tienen un grado de publicidad relativa ciertamente inconsistente con el reclamado secreto de Estado que parece introducirse de las expresiones de las partes”.

Las partes “siguen discutiendo respecto de una medida de prueba que ha sido ordenada de acuerdo con el principio de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; que ha sido controlada por la Cámara de Apelaciones quien ha avalado su realización y sólo ha restringido su divulgación a las partes en lo atinente a la hipótesis de investigación aquí ventilada”, enfatizó.

“Los recursos de apelación se encuentran dirigidos contra una decisión inapelable y tampoco se observa la existencia de un gravamen irreparable”.

Finalmente, la magistrada sostuvo que “los recursos de apelación se encuentran dirigidos contra una decisión inapelable y tampoco se observa la existencia de un ´gravamen irreparable´”, por lo cual decidió no concederlos “en tanto son una reedición más grandilocuente de los planteos ya resueltos por la suscripta y por la Cámara de Apelaciones”.

Servini había ordenado la prueba, por primera vez, el 6 de julio pasado cuando dispuso un entrecruzamiento de llamados entre Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el ex jefe de asesores de la presidencia José Torello y los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre otros, para establecer si se comunicaron en las fechas en que los denunciantes Fabián De Sousa y Cristóbal López afirmaron haber recibido presiones o advertencias de dictado de medidas contra el Grupo Indalo.

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Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

Publicado hace

17 horas

17.05.2026

ElArgentino.ar

Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.