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Energía

El Gobierno ya arrancó con las privatizaciones: cuáles son las cuatro primeras concesiones

Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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El Gobierno nacional privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta su primer paquete de concesiones. Las empresas incluidas en este proceso son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila, que están siendo operadas con prórrogas transitorias. Así lo estableció mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El artículo 6 indica que “dentro de los ciento ochenta (180) días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de las empresas indicadas.

La norma establece que las empresas ENARSA y NASA deberán transferirle a la Secretaría de Energía las acciones de las empresas a privatizar dentro de los próximos seis meses para formalziar el proceso.

Asimismo, se facultó a la Secretaría de Energía a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional que deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: (i) Contrato de Concesión, (ii) perímetro y descripción, (iii) inventario, (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; (v) normas de manejo de aguas; (vi) guardias permanentes; (vii) protección del ambiente; (viii) seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios.

En caso que el proceso de privatización quede desierto las acciones volverán al Estado nacional.

El artículo 1 del decreto también estableció que los actuales concesionarios de estas hidroeléctricas seguirán operándolas hasta que se complete el proceso de privatización.

Combustibles ⛽

Precio récord: la nafta super en Argentina supera los $2.000 y duplica la inflación

El litro de nafta super en Argentina superó los $2.000 y es 35% más caro que en Estados Unidos, producto de la política de vincular precios locales a la cotización internacional. Desde febrero, los combustibles acumulan un aumento del 15%, mientras el impuesto duplicó su incidencia en el surtidor.

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Lo que tenés que saber:

  • El precio de la nafta super llegó a $2.000 por litro en marzo
  • Argentina paga más que Estados Unidos por combustibles locales
  • Desde que asumió Milei, la nafta aumentó 514% nominal y 56,9% real
  • El impuesto a los combustibles pasó a representar el 20% del precio final
  • La ejecución de fondos de Vialidad Nacional cayó casi 40% respecto a lo recaudado

Precio récord de la nafta en Argentina

El litro de nafta super alcanzó en marzo los $2.000, un 35% más que el valor promedio en Estados Unidos, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). La suba responde al mecanismo de “micropricing” que vincula los precios locales al barril internacional, dejando al consumidor expuesto a conflictos globales como la guerra en Medio Oriente.

Impacto económico y social

Desde febrero, los combustibles aumentaron un 15%, mientras que la inflación general acumulada es del 291,9% desde la llegada del gobierno de Milei. La política de precios eliminó el Barril Criollo, un amortiguador que protegía a los consumidores, y el impuesto a los combustibles pasó de representar el 10% al 20% del precio final, afectando directamente al bolsillo de los argentinos.

Infraestructura vial en crisis

Aunque los ingresos fiscales derivados de los combustibles crecieron, la ejecución de fondos de Vialidad Nacional cayó un 39,8% respecto de lo recaudado. Esto ha generado un deterioro histórico de rutas y pavimentos, aumentando el riesgo de accidentes fatales en el país, mientras se profundiza el ajuste en obra pública.

Conclusión

La nafta argentina se encuentra entre las más caras del continente, superando los precios de Estados Unidos en 35%. El aumento de impuestos y la política de vinculación internacional presionan el bolsillo y deterioran la infraestructura vial, generando un riesgo directo para la economía y la seguridad de los ciudadanos.

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