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Rossati en Amcham se quejó de que «se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política»

Dijo que también sucede eso «cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política».

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, disertó hoy en AmCham, donde puso ejemplos de situaciones en las que «se violenta la seguridad jurídica» del país y entre ellas mencionó «cuando no se cumple una orden judicial», «cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial» y «cuando se emite dinero incontroladamente».

Rosatti disertó sobre “Reflexiones sobre una justicia transparente” en la edición 2024 del evento AmCham Summit, y allí afirmó que «se conspira contra la seguridad jurídica cuando no se cumple una orden judicial, especialmente si proviene de la Corte, último intérprete del orden jurídico».

Y agregó: «También se violenta la seguridad jurídica cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial», al resaltar que «como ocurre históricamente» en la Argentina, «hay más de un 25% de cargos vacantes de jueces», lo que constituye «una forma institucionalizada de conspirar contra la seguridad jurídica».

Además, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación sostuvo que «se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política», y advirtió que “frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial».

Existe inseguridad jurídica, añadió, «cuando se emite incontroladamente y no se cumple con la Constitución, que establece la defensa del valor de la moneda».

Rosatti identificó «una relación directa y estrecha entre la vigencia de la Constitución y la seguridad jurídica». En tal sentido, resaltó que la Carta Magna «expresa un consenso político» que no se refleja en otras normas, y que «es la norma con mayor estabilidad en el tiempo: una estabilidad que no tienen las leyes ni otras fuentes del derecho, como un decreto o una resolución».

La Constitución «no solo reconoce los derechos y garantías de la población: también es el instrumento que establece cómo debe funcionar el Estado, y consagra el principio republicano de división de poderes, de independencia de funcionamiento y de control entre los distintos órganos de poder. Este sistema de frenos y contrapesos es la base de la seguridad jurídica», subrayó.

«Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia», señaló Rosatti y, en ese marco, agregó que «el juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político».

Trazando un paralelismo con las competencias de saltos ornamentales, dijo que, «en un contexto capitalista competitivo, los empresarios asumen el riesgo de hacer figuras cada vez más imaginativas en el aire, pero lo hacen sobre la base de que van a caer en una pileta que tiene agua: seguridad jurídica es que no se va a vaciar la pileta mientras el acróbata esté en el aire».

Citando a Juan Bautista Alberdi, remarcó que la Constitución «es la carta de navegación de un país”, y concluyó: “En el caso argentino, es también la tabla de salvación cuando el barco parece a punto de naufragar en un mar complejo».

Por eso, consideró «importante que nuestros funcionarios conozcan la Constitución; que la conozcan los empresarios, los maestros, toda la población», ya que «hay seguridad jurídica en un país cuando sus actos se dictan y las personas se juzgan» conforme al texto constitucional.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.

El argumento que la llevó presa

Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.

El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.

Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.

50 denuncias en días en Mendoza

El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.

El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.

Un fenómeno que se expande por el país

La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.

En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».

En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.

Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.

El Estado ausente, otra vez

Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.

La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.

Puntos clave:

  • La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
  • La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
  • La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
  • El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
  • El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones

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