Judiciales ⚖️
Rossati en Amcham se quejó de que «se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política»
Dijo que también sucede eso «cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política».
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, disertó hoy en AmCham, donde puso ejemplos de situaciones en las que «se violenta la seguridad jurídica» del país y entre ellas mencionó «cuando no se cumple una orden judicial», «cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial» y «cuando se emite dinero incontroladamente».
Rosatti disertó sobre “Reflexiones sobre una justicia transparente” en la edición 2024 del evento AmCham Summit, y allí afirmó que «se conspira contra la seguridad jurídica cuando no se cumple una orden judicial, especialmente si proviene de la Corte, último intérprete del orden jurídico».
Y agregó: «También se violenta la seguridad jurídica cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial», al resaltar que «como ocurre históricamente» en la Argentina, «hay más de un 25% de cargos vacantes de jueces», lo que constituye «una forma institucionalizada de conspirar contra la seguridad jurídica».
Además, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación sostuvo que «se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política», y advirtió que “frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial».
Existe inseguridad jurídica, añadió, «cuando se emite incontroladamente y no se cumple con la Constitución, que establece la defensa del valor de la moneda».
Rosatti identificó «una relación directa y estrecha entre la vigencia de la Constitución y la seguridad jurídica». En tal sentido, resaltó que la Carta Magna «expresa un consenso político» que no se refleja en otras normas, y que «es la norma con mayor estabilidad en el tiempo: una estabilidad que no tienen las leyes ni otras fuentes del derecho, como un decreto o una resolución».
La Constitución «no solo reconoce los derechos y garantías de la población: también es el instrumento que establece cómo debe funcionar el Estado, y consagra el principio republicano de división de poderes, de independencia de funcionamiento y de control entre los distintos órganos de poder. Este sistema de frenos y contrapesos es la base de la seguridad jurídica», subrayó.
«Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia», señaló Rosatti y, en ese marco, agregó que «el juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político».
Trazando un paralelismo con las competencias de saltos ornamentales, dijo que, «en un contexto capitalista competitivo, los empresarios asumen el riesgo de hacer figuras cada vez más imaginativas en el aire, pero lo hacen sobre la base de que van a caer en una pileta que tiene agua: seguridad jurídica es que no se va a vaciar la pileta mientras el acróbata esté en el aire».
Citando a Juan Bautista Alberdi, remarcó que la Constitución «es la carta de navegación de un país”, y concluyó: “En el caso argentino, es también la tabla de salvación cuando el barco parece a punto de naufragar en un mar complejo».
Por eso, consideró «importante que nuestros funcionarios conozcan la Constitución; que la conozcan los empresarios, los maestros, toda la población», ya que «hay seguridad jurídica en un país cuando sus actos se dictan y las personas se juzgan» conforme al texto constitucional.
Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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