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Judiciales ⚖️

Rossati en Amcham se quejó de que «se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política»

Dijo que también sucede eso «cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política».

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, disertó hoy en AmCham, donde puso ejemplos de situaciones en las que «se violenta la seguridad jurídica» del país y entre ellas mencionó «cuando no se cumple una orden judicial», «cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial» y «cuando se emite dinero incontroladamente».

Rosatti disertó sobre “Reflexiones sobre una justicia transparente” en la edición 2024 del evento AmCham Summit, y allí afirmó que «se conspira contra la seguridad jurídica cuando no se cumple una orden judicial, especialmente si proviene de la Corte, último intérprete del orden jurídico».

Y agregó: «También se violenta la seguridad jurídica cuando no se cubren las vacantes propias del Poder Judicial», al resaltar que «como ocurre históricamente» en la Argentina, «hay más de un 25% de cargos vacantes de jueces», lo que constituye «una forma institucionalizada de conspirar contra la seguridad jurídica».

Además, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación sostuvo que «se desafía a la seguridad jurídica cuando se judicializan cuestiones que deben ser resueltas por la política», y advirtió que “frente a la incapacidad de la política de resolver determinadas situaciones, se proyecta el problema hacia una instancia judicial».

Existe inseguridad jurídica, añadió, «cuando se emite incontroladamente y no se cumple con la Constitución, que establece la defensa del valor de la moneda».

Rosatti identificó «una relación directa y estrecha entre la vigencia de la Constitución y la seguridad jurídica». En tal sentido, resaltó que la Carta Magna «expresa un consenso político» que no se refleja en otras normas, y que «es la norma con mayor estabilidad en el tiempo: una estabilidad que no tienen las leyes ni otras fuentes del derecho, como un decreto o una resolución».

La Constitución «no solo reconoce los derechos y garantías de la población: también es el instrumento que establece cómo debe funcionar el Estado, y consagra el principio republicano de división de poderes, de independencia de funcionamiento y de control entre los distintos órganos de poder. Este sistema de frenos y contrapesos es la base de la seguridad jurídica», subrayó.

«Podríamos elaborar un teorema: a mayor debate público, menor injerencia de la Justicia; a menor debate público, más deseo de intervención de los tribunales de Justicia», señaló Rosatti y, en ese marco, agregó que «el juez no está para reemplazar a la política; está para cumplir con las normas que, entre otros fundamentos, provienen del estamento político».

Trazando un paralelismo con las competencias de saltos ornamentales, dijo que, «en un contexto capitalista competitivo, los empresarios asumen el riesgo de hacer figuras cada vez más imaginativas en el aire, pero lo hacen sobre la base de que van a caer en una pileta que tiene agua: seguridad jurídica es que no se va a vaciar la pileta mientras el acróbata esté en el aire».

Citando a Juan Bautista Alberdi, remarcó que la Constitución «es la carta de navegación de un país”, y concluyó: “En el caso argentino, es también la tabla de salvación cuando el barco parece a punto de naufragar en un mar complejo».

Por eso, consideró «importante que nuestros funcionarios conozcan la Constitución; que la conozcan los empresarios, los maestros, toda la población», ya que «hay seguridad jurídica en un país cuando sus actos se dictan y las personas se juzgan» conforme al texto constitucional.

Femicidio

A un año del triple femicidio narco de Varela: 4 nuevos detenidos

Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron atraídas con la promesa de una fiesta y asesinadas. La fiscalía de Labozzetta avanza con allanamientos en CABA y el conurbano.

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El Argentino Diario-Familiares de Brenda, víctima del triple femicidio.

Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas el 20 de septiembre de 2025 luego de ser captadas con el señuelo de una falsa fiesta. La investigación estableció que el crimen respondió a una disputa narco: el grupo organizado sospechaba que las jóvenes habían robado droga y montó una trampa para exigirles la devolución de la cocaína. Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia.

La noche en que todo fue una trampa

La tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres amigas fueron vistas por última vez cerca de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca creyendo que iban a una celebración. Dentro de la vivienda ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a una violencia brutal: mutilaciones y golpes reiterados antes de ser asesinadas. Sus cuerpos no aparecieron de inmediato. Recién el 24 de septiembre, después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio trasero de esa misma casa. El hallazgo conmocionó al país.

La acusación formal establece que el eje del crimen fue el reclamo por el supuesto robo de droga, motivo por el cual la organización montó una falsa fiesta narco para atraparlas. Los delitos imputados son triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Quiénes son los detenidos y quiénes están acusados

Los cuatro nuevos aprehendidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos de este sábado. Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos ordenados por la fiscal Mariela Labozzetta. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta que los imputados comparezcan el lunes.

A lo largo de la investigación el expediente acumuló numerosos imputados: Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como figura central; Víctor Sotacuro Lázaro (41); Milagros Florencia Ibáñez (20); Maximiliano Andrés Parra (18); Iara Daniela Ibarra (19); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Matías Agustín Ozorio (28); Mónica Débora Mujica (37); Celeste Magalí González Guerrero (28); Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Un episodio que generó debate fue el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú. Sin embargo, para la acusación el eje de la organización es Valverde Victoriano, quien habría intervenido en la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el sometimiento de las jóvenes hasta su asesinato.

Un crimen que es también violencia de género

Más allá del entramado narco, el triple femicidio de Florencio Varela tiene una dimensión que no puede soslayarse: tres mujeres jóvenes, de 15 y 20 años, fueron elegidas como blanco porque la organización criminal consideró que podía someterlas, torturarlas y asesinarlas sin consecuencias. La agravante de violencia de género incorporada a la acusación reconoce que el género de las víctimas no fue un dato neutro, sino una condición que el grupo criminal explotó. El caso integra un patrón más amplio de crimen organizado que utiliza a mujeres y adolescentes como eslabones vulnerables de su cadena de violencia.

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