Política 📢
Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia por el proyecto de propiedad privada
La relación entre el Gobierno y la jerarquía católica atraviesa un estancamiento profundo. Ante los constantes reclamos eclesiásticos por derechos sociales, la administración de Javier Milei responde con un silencio sistemático que agrava la falta de diálogo institucional.
Iglesia vs. Casa Rosada, un vínculo de indiferencia
★ El reciente debate en el Senado sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, profundizó la brecha con la Iglesia. El arzobispo de La Plata y titular de Cáritas nacional, Gustavo Carrara, expuso ante los legisladores las graves consecuencias que la iniciativa oficialista podría tener para los sectores vulnerables. Según el prelado, el proyecto representa un retroceso en las políticas de integración socio urbana que afectaría directamente a 5 millones de personas residentes en 6.467 barrios populares del país.
El choque en el Congreso
Durante la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el ministro Sturzenegger defendió su propuesta bajo los principios de equilibrio fiscal y libertad económica. El funcionario argumentó que la protección de la propiedad privada es un requisito indispensable para el desarrollo económico y sostuvo que la normativa vigente no logró regularizar una porción significativa de los casos, atribuyendo este resultado a la ineficacia del Estado.
En contraposición, el arzobispo Carrara defendió la ley 27.453, sancionada en 2018 y ratificada en 2022, al considerarla una política de Estado con un amplio consenso político. El titular de Cáritas advirtió que el nuevo proyecto elimina instrumentos centrales, como la declaración de utilidad pública y la suspensión de desalojos, lo que, a su criterio, abre la puerta a desalojos forzosos y aumenta la litigiosidad. Carrara enfatizó que la problemática de los barrios populares no es transitoria, sino producto de un déficit estructural de acceso a la tierra.
Una agenda de desencuentros
La fricción en el Senado no es un hecho aislado. La jerarquía eclesiástica ha expresado su preocupación en diversos temas, como la baja de edad de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares y la falta de atención a personas con discapacidad. Ya en octubre del año pasado, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, había pedido que el resultado electoral se tradujera en un compromiso renovado con el bien común y los sectores más desprotegidos.
A pesar de los intentos de mantener los canales institucionales abiertos, la percepción desde el episcopado es que sus críticas, formuladas siempre desde una postura respetuosa, son ignoradas por el Ejecutivo. Mientras el oficialismo busca dictámenes rápidos para llevar los proyectos al pleno de la Cámara, la Iglesia mantiene su postura de denuncia ante lo que considera un desamparo creciente hacia los más pobres.
Puntos clave
- El ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma argumentando que la fragilidad fiscal vulnera el derecho de propiedad y desalienta la inversión.
- El arzobispo Gustavo Carrara advirtió que la iniciativa oficialista rompe consensos previos y aumenta la incertidumbre jurídica en los barrios populares.
- La ley 27.453 cuenta con 868.991 certificados de vivienda familiar entregados, según datos citados por el titular de Cáritas.
- La jerarquía católica ha manifestado anteriormente su oposición a la baja de edad de imputabilidad y a cambios en la ley de glaciares.
- El Gobierno sostiene la urgencia de avanzar con el proyecto de ley a pesar de las objeciones de diversos sectores.
Judiciales ⚖️
Jubiladas acreedoras de Adorni declaran este miércoles
Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito al jefe de Gabinete, se presentarán en Comodoro Py en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita aguarda además información bancaria y fiscal del funcionario y su esposa.
Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, las jubiladas que le vendieron al jefe de Gabinete Manuel Adorni el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Una venta de 230.000 dólares con financiamiento propio
La operación se concretó en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares. Según precisó la escribana Adriana Nechevenko, quien participó de la escrituración, las vendedoras le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, un monto que el funcionario deberá devolver en noviembre de 2026. Es decir, el jefe de Gabinete pagó de contado solo 30.000 dólares, menos del 15 por ciento del valor total del inmueble.
El departamento fue adquirido al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y sostuvo que lo había vendido por 200.000 dólares, un valor inferior al declarado en la escritura de compraventa.
La postergación por el juicio de los cuadernos
Viegas y Sbabo tenían previsto declarar la semana pasada, pero el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, solicitó postergar la testimonial. La razón: la fecha coincidía con el juicio oral por los cuadernos de las coimas, donde el letrado también interviene. La postergación fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
Otras declarantes y el avance de la investigación
La semana pasada declararon ante la Justicia Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza. Ambas detallaron que fue la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana Nechevenko. Según precisaron, Adorni les pagó 30.000 dólares y aún les debe otros 70.000, más los intereses de la operación, que deberá saldar en un plazo de siete meses.
Mientras tanto, el fiscal federal Gerardo Pollicita aguarda respuestas a pedidos de información cursados a distintos organismos públicos. La medida fue posible después de que el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa. Eso le permitirá al fiscal conocer sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.
Puntos clave
- Viegas (72) y Sbabo (64) declararán este miércoles en Comodoro Py como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito.
- Le financiaron 200.000 dólares a Adorni, sin intereses, con vencimiento en noviembre de 2026.
- El abogado Ledesma pidió postergar la testimonial anterior por su intervención en el juicio de los cuadernos de las coimas.
- El juez Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa.
- El fiscal Pollicita aguarda información de organismos públicos para avanzar en la investigación.
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