Un atraso superior al 70%

El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa lo que referentes del sector califican como «una situación de gravedad extrema». Instituciones que brindan servicios de rehabilitación, educación y cuidado están al borde del cierre, mientras profesionales cobran valores que no alcanzan a cubrir costos básicos y miles de familias ven en riesgo la asistencia de sus hijos e hijas.

Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), advirtió en declaraciones a Radio Rivadavia que el sector enfrenta un atraso arancelario superior al 70% y que «miles de prestadores están quebrando y en jaque».

Aranceles congelados y ajuste insuficiente

Según explicó Goldman, los aranceles que regulan la actividad de centros de día, instituciones educativas terapéuticas, hogares y servicios de rehabilitación están congelados desde diciembre de 2024. «En Argentina, los aranceles los regula el Estado, aunque los principales financiadores sean las obras sociales y prepagas. Esos valores están congelados desde diciembre de 2024», señaló.

El gobierno nacional anunció recientemente un incremento del 35% en los valores de las prestaciones, pero según el dirigente de CAIDIS, la medida «llega tarde y es totalmente insuficiente frente a un atraso superior al 70%».

A esto se suma la demora estructural en los pagos: los prestadores facturan a mes vencido y cobran recién a los 90 días. «Eso significa que la actualización recién se sentirá entre enero y marzo del año próximo, si es que se concreta», detalló Goldman.

El 20% de las instituciones bonaerenses ya cerró

El impacto del ajuste es directo sobre las instituciones. Goldman denunció que «los centros de día, los educativos terapéuticos y los hogares están quebrando» y que el sistema se sostiene «a pulmón».

«Hay entidades que apelan a la caridad para comprar alimentos o pagar servicios. El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerraron», afirmó el representante de CAIDIS.

La situación pone en riesgo no solo la continuidad de los espacios, sino también la atención de miles de personas con discapacidad que dependen de estos servicios para su desarrollo, rehabilitación y cuidado diario.

Profesionales al límite: 12 mil pesos por sesión

Uno de los puntos más críticos es la situación de los trabajadores del sector. Según Goldman, los valores que perciben son «irrisorios» y no alcanzan para cubrir los costos mínimos de ejercicio profesional.

«Un terapista o psicólogo recibe 12 mil pesos por sesión. Un transportista, 540 pesos por kilómetro. Así es imposible sostener la atención. Muchos profesionales se van, y las personas con discapacidad quedan sin rehabilitación, sin traslados, sin asistencia», lamentó.

El éxodo de profesionales genera un círculo vicioso: las instituciones pierden personal capacitado, las familias no encuentran vacantes y las personas con discapacidad ven interrumpidos tratamientos esenciales.

ANDIS en la mira: sin respuestas ni cumplimiento de la ley

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud encargado de regular los aranceles y ejecutar la política pública en discapacidad, es señalada como responsable de la falta de actualización.

«ANDIS debería actualizar los aranceles y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley», sostuvo Goldman.

El dirigente destacó que, pese a los reclamos del sector, «no ha dado respuestas» concretas ni plazos claros para revertir la situación.

Baja masiva de pensiones: 197.000 en riesgo para 2026

Otro aspecto que agrava el panorama es la eliminación de prestaciones por parte del Estado. Goldman denunció que «en los últimos meses se dieron de baja más de 1.100 pensiones» y que el presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 más.

«Es absurdo: no se puede dar de baja algo que no se conoce. Esas pensiones no fueron auditadas», advirtió.

La quita de pensiones por discapacidad implica un golpe directo al ingreso de miles de familias que dependen de ese recurso para sostener los cuidados y tratamientos de sus integrantes con discapacidad.

Amparo judicial y esperanza en la Justicia

Ante la falta de respuesta oficial, el colectivo de instituciones y prestadores adhirió a un amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Campana. La medida judicial busca que se ordene al Estado la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad.

«Tenemos esperanza en que la Justicia ordene al Estado cumplir con la normativa vigente. No pedimos nada extraordinario, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad», concluyó Goldman.

Puntos clave:

• Los aranceles del sector están congelados desde diciembre de 2024 con un atraso superior al 70%

• El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerró por la crisis económica

• Profesionales cobran 12 mil pesos por sesión y transportistas 540 pesos por kilómetro

• El presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 pensiones por discapacidad sin auditoría previa

• El sector presentó un amparo judicial para exigir el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad