★ El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. La norma establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un régimen de penas graduadas que contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Entre las modificaciones principales se destaca la reducción de la edad punible, una medida que fue rechazada por las iglesias católica y evangélica, todos los defensores públicos del país, la Red de jueces penales de la Provincia de Buenos Aires, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, el colegio de psicólogos, académicos y juristas que advirtieron sobre la ineficacia del punitivismo para reducir la violencia juvenil.

El Senado aprobó la norma con resistencias

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo, consolidando su apuesta al punitivismo como eje de la política de seguridad.

La votación reflejó la estrategia de acuerdos del oficialismo con bloques dialoguistas que permitió avanzar con una reforma cuestionada por especialistas que señalaron la ausencia de políticas integrales de prevención, contención social y tratamiento de adicciones que aborden las causas estructurales de la violencia juvenil.

De los 13 a los 14 años: la negociación política de una edad arbitraria

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja «negociación parlamentaria» con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un «punto de equilibrio» más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, como señaló la abogada Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), «sin ninguna justificación, hasta hace dos días el proyecto del gobierno era de 13. Hace unos años, el proyecto de Bullrich, cuando era ministra de Mauricio Macri, era de 15 años. No hay ninguna razonabilidad, ni explicación basada en datos, estadísticas o casos que explique por qué saltan a 15, 14 y 13, alternativamente». La arbitrariedad de la edad elegida evidencia que la decisión responde más a cálculos políticos que a fundamentos técnicos o evidencia empírica.

La comparación regional que oculta las tasas de homicidios

El oficialismo justificó la reforma comparándola con otros países de la región. Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Lo que el Gobierno prefiere no mencionar es que, como señaló el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca Rodrigo Morabito, «en América Latina sólo dos países tienen la edad de 16 años para poder castigar: la Argentina y Cuba. Sorpresivamente, son los países que tienen las tasas de homicidios más bajas; 3,8 cada 100 mil habitantes Argentina y 3,2 o 3,4 Cuba«.

En contraste, Brasil, con edad de imputabilidad de 12 años, tiene una tasa de 20 homicidios cada 100 mil habitantes, y Uruguay, con 13 años, registra 10,3 cada 100 mil habitantes. Ecuador, con edad de punibilidad de 12 años desde hace más de tres décadas, tiene hoy la tasa más alta de homicidios de la región. Los datos contradicen el argumento oficial de que bajar la edad de imputabilidad reduce la violencia.

Una ley sin garantías de implementación

La promulgación de la Ley 27.801 no garantiza su implementación efectiva. El proyecto no incluye un mecanismo directo de financiamiento para la construcción de centros de detención diferenciados ni para los programas socioeducativos que promete la norma. El oficialismo rechazó en Diputados la propuesta del legislador Maximiliano Ferraro de establecer una asignación presupuestaria específica y optó por un sistema de convenios entre Nación y provincias que históricamente demostró ser ineficaz.

Como señaló la exdefensora nacional Marisa Graham, «estamos discutiendo bajar la edad penal cuando más del 99% de los chicos no tiene ningún conflicto con la ley«. Los datos oficiales de 2024 en la provincia de Buenos Aires muestran que apenas el 0,3% de los adolescentes de 16 y 17 años estuvo involucrado en una investigación penal.

La promulgación de esta ley consolida una apuesta punitiva que ignora la evidencia empírica y las advertencias de especialistas, en un contexto donde el Gobierno desfinancia la educación pública (el presupuesto 2026 ajustó 48% a Educación y Cultura respecto a 2023) y recorta programas sociales que podrían prevenir la marginalidad que empuja a los jóvenes hacia el delito.

Puntos clave:

• El Gobierno promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial

• La norma baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pese al rechazo de organizaciones de derechos humanos, jueces y especialistas

• El Senado aprobó la iniciativa el 27 de febrero con 44 votos positivos y 27 negativos

• Argentina y Cuba, con edad de 16 años, tienen las tasas de homicidios más bajas de América Latina (3,8 y 3,2 cada 100 mil habitantes)

• El proyecto no garantiza financiamiento directo para centros diferenciados ni programas socioeducativos ★