Desregulación
¿Con la nuestra? El patrimonio de Sturzenegger creció $970 millones en un año
El ministro que desregula el Estado tiene más de US$1,4 millones fuera del sistema (en el exterior), fortuna que el propio Gobierno le pide a todos los argentinos repatriar. La declaración patrimonial 2024 del funcionario revela un patrimonio total de $2.371 millones, con más de $1.447 millones en depósitos fuera del país identificados solo como «OTRAS», sin precisar banco ni país.
★ El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó el 31 de julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial anual correspondiente al ejercicio 2024. El documento, de carácter público, registró un patrimonio de $1.402.292.739,22 al inicio del período y de $2.371.733.030,08 al cierre, una diferencia de $969.440.290,86 en doce meses.
El salto patrimonial y sus componentes declarados
La propia declaración desagrega los factores que explican esa variación. Según el formulario, $816.157.285,74 corresponden a diferencias de valuación de los mismos bienes, es decir, revalúos de activos ya existentes. A eso se suman $143.900.309,64 en ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas neto de gastos, y $55.783.237,59 en ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Los gastos personales declarados ascendieron a $115.754.711,71.
La lectura del documento indica que el incremento no obedece exclusivamente a nuevas adquisiciones, sino a una combinación de revalúos y flujo de ingresos. Aun así, el volumen total del patrimonio y su composición abren interrogantes que exceden la aritmética del formulario.
El rubro más opaco: más de $1.447 millones en el exterior
El dato de mayor relevancia pública está en la sección de activos en el exterior. La declaración consigna dos partidas bajo el rubro «Depósitos de dinero en el exterior, OTRAS»: una por $23.749.330,29 y otra por $1.424.187.882,18 al cierre del período. La suma asciende a $1.447.937.212,47.
Tomando el tipo de cambio de referencia del Banco Central de la República Argentina del 30 de diciembre de 2024, de $1.032,50 por dólar, ese monto equivale a aproximadamente US$1.402.360. La versión pública del formulario no identifica banco, país ni instrumento financiero: los fondos quedan descriptos, únicamente, como «OTRAS».
Esa opacidad no viola por sí sola ninguna norma, pero contrasta con el nivel de detalle que sí exhibe el resto de la declaración, donde cada inmueble, vehículo y título público aparece con fecha, valuación y porcentaje de titularidad.
Bienes en el país: departamento, Toyota y títulos públicos
Dentro del territorio nacional, la declaración registra la incorporación de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, con el 50% de titularidad, adquirido el 9 de diciembre de 2024 por $116.437.500. También figura una Toyota Corolla Cross híbrida 2024, ingresada al patrimonio en julio por $32.490.000, y una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26.350.000.
El ministro declaró además otros inmuebles en Martínez, CABA, Villa La Angostura y La Plata. La cartera financiera local incluye títulos de deuda soberana argentina: GD35 por $351.280.184,64, GD29 por $27.073.895,52, GD38 por $22.220.120 y Discount $ por $30.823.942,50. A eso se agregan un fondo común de inversión FBA Renpea por $11.341.711,32, créditos impositivos por $26.660.790,82 y $22.137.453,24 en efectivo en dólares en el país.
En el pasivo, el ministro declaró deudas por $6.026.341,90 al inicio y $6.864.732,07 al cierre, entre ellas una obligación en el exterior con la entidad denominada HEC por $2.415.865,74.
Un Ombu S.A.S.: valuación mínima, objeto social sin fronteras
Uno de los elementos más llamativos de la declaración es la presencia de Un Ombu S.A.S., sociedad que figura valuada en apenas $10.700 tanto al inicio como al cierre del período, sin variación alguna. La empresa fue constituida el 18 de octubre de 2018 por Federico Adolfo Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, en la ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 99 años y un capital inicial de $21.400.
Su objeto social cubre, entre otras áreas, actividades agropecuarias, comunicaciones, espectáculos, editoriales, industrias manufactureras, cultura y educación, desarrollo tecnológico, software, gastronomía, hotelería, turismo, negocios inmobiliarios, inversiones, finanzas, fideicomisos, petróleo, gas, minería, energía, salud y transporte. El instrumento de constitución también le otorga capacidad para realizar aportes de capital, comprar y vender títulos y valores, y tomar u otorgar créditos.
En la misma declaración figura al inicio un crédito denominado «CP Un Ombu SAS» por $4.394.479,62. La combinación entre una valuación societaria de $10.700, un objeto social de amplitud extraordinaria y un crédito vinculado convierte a esa firma en uno de los ángulos menos transparentes del patrimonio declarado.
La contradicción con el relato oficial
La fotografía patrimonial adquiere una dimensión política concreta cuando se la contrasta con los dichos del propio Gobierno. El 8 de mayo de 2025, durante el Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei sostuvo que buscaba que los ahorros de los argentinos en el exterior ingresaran «adentro del sistema» y calificó a quienes tenían dólares «en el colchón» como los «héroes» que podían motorizar la recuperación económica.
Semanas después, al anunciar el denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno habilitó que los ciudadanos dispongan libremente de sus ahorros sin justificar su origen. En ese mismo marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que tener dólares en el exterior está permitido y que quien quiera mantenerlos afuera puede hacerlo.
La posición de Caputo es jurídicamente correcta. Pero la declaración de Sturzenegger pone en evidencia una distancia que no es jurídica sino política: mientras el discurso oficial convocaba a los argentinos a repatriar sus ahorros, uno de los ministros más influyentes del gabinete mantenía más de US$1,4 millones en depósitos en el exterior descriptos con el mínimo de detalle que admite el formulario.
Lo que la declaración no dice
La DDJJ anual 2024 no permite inferir irregularidades por sí sola. La normativa vigente no obliga a los funcionarios a repatriar sus activos en el exterior ni a identificar el banco o el país en la versión pública del formulario. Pero sí permite medir distancias: entre el volumen declarado y el nivel de opacidad de una parte central de ese patrimonio; entre el relato del Gobierno sobre los dólares fuera del sistema y la foto patrimonial del funcionario a cargo de desregular el Estado.
La Oficina Anticorrupción cuenta con acceso a la versión reservada del formulario, que incluye datos que no son de acceso público. Ningún organismo de control ha señalado inconsistencias en la declaración de Sturzenegger. La información disponible, no obstante, es suficiente para que el caso constituya un asunto de interés público.
Puntos clave
- Sturzenegger declaró un patrimonio de $2.371 millones al cierre de 2024, contra $1.402 millones al inicio, una suba de casi $970 millones.
- Más de $1.447 millones del patrimonio están en depósitos en el exterior identificados solo como «OTRAS», sin banco ni país.
- La declaración registra una sociedad, Un Ombu S.A.S., valuada en $10.700 con un objeto social de alcance extraordinariamente amplio.
- El incremento patrimonial incluye $816 millones en revalúos de bienes ya existentes y $143 millones en ingresos laborales y rentas.
- La declaración fue presentada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025 y no registra señalamientos de inconsistencias por parte de ningún organismo de control. ★
Desregulación
Sturzenegger quiere eliminar los colegios inmobiliarios: el mercado libre como única ley
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó de «aberración social» la fijación de honorarios mínimos por parte de los colegios profesionales del sector. Presentó un plan que incluye un paquete legislativo para eliminar barreras al mercado y proyectó un boom hipotecario en la próxima década.
Sturzenegger apuntó contra los colegios inmobiliarios y prometió más desregulación
★ Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, volvió a poner en el centro de la escena la agenda desreguladora del Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el blanco fue el mercado inmobiliario y, en particular, los colegios profesionales del sector. «Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social», sentenció ante un auditorio de desarrolladores e inmobiliarios, en el evento «Real estate 2026: expectativas y realidad», organizado por Reporte Inmobiliario.
Las declaraciones del funcionario grafican el rumbo ideológico de una gestión que convirtió la desregulación en su bandera más visible, aunque los resultados concretos de esa agenda para los sectores más vulnerables de la sociedad siguen siendo materia de debate.
Los colegios profesionales en la mira
En su exposición, Sturzenegger distinguió entre la existencia de los colegios y el uso del poder estatal para fijar condiciones. «El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado», planteó. En esa línea, cuestionó tres aspectos concretos: la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que, según su visión, limitan la competencia.
El ministro anunció que en los próximos meses el Gobierno enviará al Congreso un paquete legislativo de desregulación orientado a «eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial». La meta declarada es avanzar hacia un mercado «más libre, dinámico y competitivo», donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales.
Lo que el ministro omitió en su diagnóstico es que los colegios profesionales no solo regulan precios: también garantizan estándares mínimos de idoneidad, habilitaciones y mecanismos de responsabilidad frente a los consumidores. La desregulación total de la intermediación inmobiliaria, sin un marco alternativo de protección al usuario, puede derivar en una mayor desprotección para quienes menos recursos tienen para litigar frente a una operación viciada.
La derogación de la ley de alquileres: un «éxito» con letra chica
Sturzenegger defendió con entusiasmo la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023, firmado por Milei a pocos días de asumir la presidencia. Según el ministro, la desregulación completa del mercado «permitió que el mercado vuelva a funcionar» y exhibió dos datos como evidencia: un aumento del 300% en la oferta de propiedades en alquiler y una caída real de precios cercana al 30%.
Lo que el funcionario no mencionó es que la derogación abrupta de la ley dejó a miles de inquilinos sin las protecciones mínimas que establecía la norma: plazos mínimos de contrato, mecanismos de actualización previsibles y limitaciones a los requisitos de garantía. El mercado efectivamente se movió, pero en condiciones donde los propietarios recuperaron todo el poder de negociación frente a inquilinos que, en la mayoría de los casos, no tienen margen para rechazar contratos desventajosos.
Crédito hipotecario: la promesa de una expansión que aún no llega
El funcionario proyectó una expansión significativa del crédito hipotecario en los próximos diez años. Señaló que hoy los bancos argentinos operan con recursos que representan apenas entre el 12% y el 15% del PBI, muy por debajo de países como Chile, donde ese ratio supera el 80%. El stock actual de hipotecas en Argentina ronda los 5.000 millones de dólares y, según Sturzenegger, podría multiplicarse por diez si los argentinos traen sus ahorros al sistema financiero local.
Para que eso ocurra, argumentó, los bancos deberán transformar su modelo de negocio: en un contexto de baja inflación, ya no podrán depender de instrumentos de corto plazo con tasas altas y tendrán que salir a captar el ahorro de largo plazo. El instrumento central seguirá siendo el crédito UVA, con tasas reales que podrían ubicarse en niveles similares a los internacionales, con un punto de partida de UVA + 8%.
Lo que la ecuación del ministro deja afuera es la situación de los trabajadores que hoy no califican para ningún crédito hipotecario, en un contexto donde el poder adquisitivo del salario real no recuperó los niveles previos a la gestión Milei y donde la informalidad laboral sigue siendo estructuralmente alta.
Costos de construcción y el modelo exportador
Sturzenegger completó su diagnóstico con dos ejes adicionales. Por un lado, afirmó que la construcción tiene margen para abaratarse por la vía de la apertura económica y la reducción de la carga impositiva y regulatoria sobre insumos. Por otro, trazó un horizonte macroeconómico basado en el crecimiento exportador, energético y minero, que en su lógica fortalecería el peso y elevaría los precios de los inmuebles medidos en dólares.
El funcionario mencionó a Neuquén y Vaca Muerta como ejemplo del tipo de geografía que podría atraer demanda inmobiliaria en el nuevo esquema. Cerró con una frase que sintetiza la filosofía del gabinete: «Lo ideal sería que no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio.»
La declaración, más que una promesa técnica, es un programa político: el Estado como obstáculo a eliminar, no como garante de derechos. Una visión que choca frontalmente con la realidad de millones de argentinos que necesitan precisamente de ese Estado para acceder a una vivienda digna.
Puntos clave
- Sturzenegger calificó de «aberración social» la fijación de honorarios mínimos por colegios inmobiliarios y anunció un paquete legislativo desregulador para los próximos meses.
- Defendió la derogación de la ley de alquileres vía DNU 70/2023, atribuyéndole un aumento del 300% en la oferta y una caída real del 30% en los precios.
- Proyectó que el crédito hipotecario podría multiplicarse por diez en diez años, con créditos UVA como instrumento central desde una tasa de UVA + 8%.
- Afirmó que la construcción tiene márgenes para bajar sus costos por vía de apertura económica y reducción impositiva.
- El discurso oficial omite sistemáticamente el impacto sobre los sectores con menor poder de negociación: inquilinos, trabajadores informales y familias sin acceso al crédito.
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