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Desregulación

¿Con la nuestra? El patrimonio de Sturzenegger creció $970 millones en un año

El ministro que desregula el Estado tiene más de US$1,4 millones fuera del sistema (en el exterior), fortuna que el propio Gobierno le pide a todos los argentinos repatriar. La declaración patrimonial 2024 del funcionario revela un patrimonio total de $2.371 millones, con más de $1.447 millones en depósitos fuera del país identificados solo como «OTRAS», sin precisar banco ni país.

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El-Argentino-Federico Sturzenegger.

★ El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó el 31 de julio de 2025 ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada patrimonial anual correspondiente al ejercicio 2024. El documento, de carácter público, registró un patrimonio de $1.402.292.739,22 al inicio del período y de $2.371.733.030,08 al cierre, una diferencia de $969.440.290,86 en doce meses.

El salto patrimonial y sus componentes declarados

La propia declaración desagrega los factores que explican esa variación. Según el formulario, $816.157.285,74 corresponden a diferencias de valuación de los mismos bienes, es decir, revalúos de activos ya existentes. A eso se suman $143.900.309,64 en ingresos del trabajo, alquileres y otras rentas neto de gastos, y $55.783.237,59 en ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias. Los gastos personales declarados ascendieron a $115.754.711,71.

La lectura del documento indica que el incremento no obedece exclusivamente a nuevas adquisiciones, sino a una combinación de revalúos y flujo de ingresos. Aun así, el volumen total del patrimonio y su composición abren interrogantes que exceden la aritmética del formulario.

El rubro más opaco: más de $1.447 millones en el exterior

El dato de mayor relevancia pública está en la sección de activos en el exterior. La declaración consigna dos partidas bajo el rubro «Depósitos de dinero en el exterior, OTRAS»: una por $23.749.330,29 y otra por $1.424.187.882,18 al cierre del período. La suma asciende a $1.447.937.212,47.

Tomando el tipo de cambio de referencia del Banco Central de la República Argentina del 30 de diciembre de 2024, de $1.032,50 por dólar, ese monto equivale a aproximadamente US$1.402.360. La versión pública del formulario no identifica banco, país ni instrumento financiero: los fondos quedan descriptos, únicamente, como «OTRAS».

Esa opacidad no viola por sí sola ninguna norma, pero contrasta con el nivel de detalle que sí exhibe el resto de la declaración, donde cada inmueble, vehículo y título público aparece con fecha, valuación y porcentaje de titularidad.

Bienes en el país: departamento, Toyota y títulos públicos

Dentro del territorio nacional, la declaración registra la incorporación de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, con el 50% de titularidad, adquirido el 9 de diciembre de 2024 por $116.437.500. También figura una Toyota Corolla Cross híbrida 2024, ingresada al patrimonio en julio por $32.490.000, y una Chevrolet Trailblazer 2020 valuada en $26.350.000.

El ministro declaró además otros inmuebles en Martínez, CABA, Villa La Angostura y La Plata. La cartera financiera local incluye títulos de deuda soberana argentina: GD35 por $351.280.184,64, GD29 por $27.073.895,52, GD38 por $22.220.120 y Discount $ por $30.823.942,50. A eso se agregan un fondo común de inversión FBA Renpea por $11.341.711,32, créditos impositivos por $26.660.790,82 y $22.137.453,24 en efectivo en dólares en el país.

En el pasivo, el ministro declaró deudas por $6.026.341,90 al inicio y $6.864.732,07 al cierre, entre ellas una obligación en el exterior con la entidad denominada HEC por $2.415.865,74.

Un Ombu S.A.S.: valuación mínima, objeto social sin fronteras

Uno de los elementos más llamativos de la declaración es la presencia de Un Ombu S.A.S., sociedad que figura valuada en apenas $10.700 tanto al inicio como al cierre del período, sin variación alguna. La empresa fue constituida el 18 de octubre de 2018 por Federico Adolfo Sturzenegger y María Josefina Rouillet, con sede en Libertad 1041, piso 4° A, en la ciudad de Buenos Aires, por un plazo de 99 años y un capital inicial de $21.400.

Su objeto social cubre, entre otras áreas, actividades agropecuarias, comunicaciones, espectáculos, editoriales, industrias manufactureras, cultura y educación, desarrollo tecnológico, software, gastronomía, hotelería, turismo, negocios inmobiliarios, inversiones, finanzas, fideicomisos, petróleo, gas, minería, energía, salud y transporte. El instrumento de constitución también le otorga capacidad para realizar aportes de capital, comprar y vender títulos y valores, y tomar u otorgar créditos.

En la misma declaración figura al inicio un crédito denominado «CP Un Ombu SAS» por $4.394.479,62. La combinación entre una valuación societaria de $10.700, un objeto social de amplitud extraordinaria y un crédito vinculado convierte a esa firma en uno de los ángulos menos transparentes del patrimonio declarado.

La contradicción con el relato oficial

La fotografía patrimonial adquiere una dimensión política concreta cuando se la contrasta con los dichos del propio Gobierno. El 8 de mayo de 2025, durante el Latam Economic Forum, el presidente Javier Milei sostuvo que buscaba que los ahorros de los argentinos en el exterior ingresaran «adentro del sistema» y calificó a quienes tenían dólares «en el colchón» como los «héroes» que podían motorizar la recuperación económica.

Semanas después, al anunciar el denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el Gobierno habilitó que los ciudadanos dispongan libremente de sus ahorros sin justificar su origen. En ese mismo marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que tener dólares en el exterior está permitido y que quien quiera mantenerlos afuera puede hacerlo.

La posición de Caputo es jurídicamente correcta. Pero la declaración de Sturzenegger pone en evidencia una distancia que no es jurídica sino política: mientras el discurso oficial convocaba a los argentinos a repatriar sus ahorros, uno de los ministros más influyentes del gabinete mantenía más de US$1,4 millones en depósitos en el exterior descriptos con el mínimo de detalle que admite el formulario.

Lo que la declaración no dice

La DDJJ anual 2024 no permite inferir irregularidades por sí sola. La normativa vigente no obliga a los funcionarios a repatriar sus activos en el exterior ni a identificar el banco o el país en la versión pública del formulario. Pero sí permite medir distancias: entre el volumen declarado y el nivel de opacidad de una parte central de ese patrimonio; entre el relato del Gobierno sobre los dólares fuera del sistema y la foto patrimonial del funcionario a cargo de desregular el Estado.

La Oficina Anticorrupción cuenta con acceso a la versión reservada del formulario, que incluye datos que no son de acceso público. Ningún organismo de control ha señalado inconsistencias en la declaración de Sturzenegger. La información disponible, no obstante, es suficiente para que el caso constituya un asunto de interés público.

Puntos clave

  • Sturzenegger declaró un patrimonio de $2.371 millones al cierre de 2024, contra $1.402 millones al inicio, una suba de casi $970 millones.
  • Más de $1.447 millones del patrimonio están en depósitos en el exterior identificados solo como «OTRAS», sin banco ni país.
  • La declaración registra una sociedad, Un Ombu S.A.S., valuada en $10.700 con un objeto social de alcance extraordinariamente amplio.
  • El incremento patrimonial incluye $816 millones en revalúos de bienes ya existentes y $143 millones en ingresos laborales y rentas.
  • La declaración fue presentada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025 y no registra señalamientos de inconsistencias por parte de ningún organismo de control. ★

Desregulación

El Gobierno cedió en el Senado: las sociedades automatizadas deberán tener responsables humanos

El oficialismo retrocedió en uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La senadora Patricia Bullrich anunció que las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) deberán contar con al menos una persona física o jurídica responsable, descartando la posibilidad de empresas completamente automatizadas y sin intervención humana alguna.

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La IA sin control, frenada en el Congreso: cómo el Senado obligó al oficialismo a poner un humano detrás de las empresas algorítmicas.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de su proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. Durante una nueva jornada de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich, reconoció las resistencias que generaba la figura de las «sociedades automatizadas» y anunció que el texto será modificado para incorporar la presencia obligatoria de al menos un responsable humano o jurídico en las nuevas entidades.

El proyecto original, elaborado por el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, había introducido dos figuras sin precedentes en el derecho argentino: las «Sociedades Automatizadas», capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario; y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras de gobernanza tecnológica con participaciones representadas en tokens y registros en blockchain. Ambas podían funcionar, en la letra del proyecto original, sin ningún director, gerente o representante legal humano.

Un retroceso en las formas, pero no en el fondo

«Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos», anunció Bullrich ante la comisión. La senadora justificó el cambio en la necesidad de brindar seguridad jurídica, asegurando que «el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados». La modificación concreta del texto seguía en discusión al cierre de la sesión, por lo que su redacción definitiva se conocerá en los próximos días.

El cambio no es menor en términos simbólicos: durante semanas, la posibilidad de habilitar empresas sin ningún ser humano a cargo generó críticas transversales. Abogados, docentes universitarios y especialistas en derecho comercial alertaron sobre el vacío de responsabilidad que implicaría una empresa cuyos actos fueran ejecutados íntegramente por algoritmos, sin ninguna persona física a quien reclamarle daños, incumplimientos contractuales o irregularidades fiscales.

El proyecto de Sturzenegger: desregulación total del esquema societario

La reforma de la Ley General de Sociedades, norma que regula la constitución y funcionamiento de empresas en Argentina desde 1972, fue enviada al Congreso en mayo de 2026. Uno de sus ejes centrales convierte las disposiciones de la ley vigente en normas supletorias: el estatuto de cada empresa prevalece sobre la legislación general, lo que en la práctica reduce las facultades de organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) y las Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas. El proyecto también permite que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o arbitraje privado, sin pasar por la justicia argentina.

Sturzenegger justificó la iniciativa señalando que la ley vigente era «rígida y anacrónica» y estaba construida sobre «la desconfianza al sector privado». La reforma elimina la obligación de consignar un objeto social específico: si el estatuto no lo determina, la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita. También admite la plena digitalización de la persona jurídica, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución por firma digital.

El debate continúa: segunda semana de septiembre, primer turno posible en el recinto

La comisión continúa recibiendo expositores invitados por los distintos bloques. La semana próxima se realizará una nueva ronda de presentaciones, lo que correría el tratamiento en el recinto al menos hasta la segunda semana de septiembre. El proyecto llega al Senado en un contexto político delicado: el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta y necesita el apoyo de bloques aliados o dialoguistas para avanzar en su agenda legislativa.

La concesión de Bullrich sobre los responsables humanos en las DAO puede leerse, también, como una señal de que el oficialismo está dispuesto a negociar aspectos puntuales para destrabar el debate. Lo que no está en discusión, al menos de momento, es el núcleo desregulador del proyecto: la preeminencia del estatuto sobre la ley, la eliminación de controles registrales y la apertura al derecho extranjero para dirimir conflictos societarios internos.

Puntos clave

  • El oficialismo anunció que incorporará al menos un responsable humano o jurídico en las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), descartando empresas sin ninguna participación humana.
  • Patricia Bullrich realizó el anuncio durante el debate en la Comisión de Legislación General del Senado, en respuesta a críticas de expositores invitados.
  • El proyecto original de Sturzenegger habilitaba sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados ni directores humanos.
  • El texto de la modificación aún estaba en redacción al cierre de la jornada; el tratamiento en el recinto no se espera antes de la segunda semana de septiembre.
  • El núcleo desregulador del proyecto, que convierte la Ley de Sociedades en norma supletoria frente al estatuto de cada empresa, no fue puesto en cuestión.
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