Judiciales ⚖️
La Justicia detectó maniobra y prorrogó el congelamiento de los bienes de Espert
El Juzgado Federal de San Isidro extendió por 90 días la orden de no innovar sobre el patrimonio del diputado nacional. La medida alcanza a su entorno familiar y empresas vinculadas en una causa que investiga presunto lavado de dinero.
★ La Justicia Federal de San Isidro resolvió prorrogar por un plazo de 90 días la orden de no innovar que rige sobre el patrimonio de José Luis Espert, actual diputado nacional y aliado central del Gobierno de Javier Milei.
Según informó el periodista Ariel Zak en C5N, la decisión del juez Lino Mirabelli, adoptada a instancias del fiscal Fernando Domínguez, busca garantizar la integridad de la investigación penal que continúa en curso y aún no alcanzó su etapa definitiva.
Alcance de la medida y sujetos vinculados
La restricción judicial no solo afecta al legislador, sino que se extiende a su compañera, María Mercedes González, a su hijo Manuel Iglesias y a un conjunto de sociedades comerciales. Entre las firmas alcanzadas por la resolución se encuentran Varianza Sociedad Anónima, El Encuentro, Castelo Sociedad Anónima, Quilaco Sociedad Anónima y un condominio familiar.
Asimismo, la justicia detectó una orden de extracción de fondos vinculada a un fideicomiso de su esposa, por lo cual se decidió el embargo de 55.000 dólares que debían devolverse por su exclusión de dicho fondo; y otros 50 millones de pesos. Estas acciones se inscriben en una pesquisa que analiza maniobras de presunto lavado de dinero, donde incluso se investiga si el origen de los fondos podría estar relacionado con el narcotráfico.
Movimientos financieros bajo sospecha
Uno de los fundamentos centrales para la prórroga de la medida fue la detección de un movimiento de fondos realizado por Espert al inicio de la pesquisa. Según la información judicial volcada en el reporte, el diputado extrajo una suma cercana a los 80.000 dólares cuando todavía no regía la restricción sobre sus bienes.
Este hallazgo contradice los argumentos presentados anteriormente por la defensa del legislador. Sus abogados habían manifestado que la inhibición general de bienes generaba una distorsión en los gastos del hogar y que Espert no podía hacer frente a sus gastos de subsistencia básicos. Para los investigadores, la capacidad de movilizar esa suma de dinero desestima el escenario de vulnerabilidad financiera planteado por el imputado.
El cierre de la cuenta sueldo
Como parte de la resolución, la Justicia dispuso que los fondos existentes en la cuenta sueldo que el legislador posee en su carácter de diputado nacional sean transferidos a una cuenta judicial. La medida ordena además el cierre de dicha cuenta bancaria para evitar nuevos movimientos que puedan entorpecer la causa.
Este escenario judicial se suma a otros frentes de conflicto que atraviesa el oficialismo, en un contexto donde el Gobierno Nacional busca activamente el cierre de diversas causas que afectan a sus principales figuras políticas y aliados parlamentarios.
Puntos clave:
- El juez Lino Mirabelli prorrogó por 90 días la prohibición de tocar bienes a José Luis Espert y su familia.
- Se investigan maniobras de presunto lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
- La Justicia embargó 55.000 dólares y 50 millones de pesos vinculados a un fideicomiso familiar.
- Se detectó una extracción previa de 80.000 dólares que contradice el alegato de falta de fondos para subsistencia.
- Se ordenó el traspaso de los haberes de la cuenta sueldo del diputado a una cuenta bajo control judicial. ★
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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