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Desregulación

El Gobierno oficializó la rebaja del 20% en las tarifas del practicaje

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación publicó la Resolución 46/2026 en el Boletín Oficial, que formaliza el acuerdo alcanzado con los prácticos para desactivar el paro portuario. La quita rige de forma provisoria, mientras dure la suspensión de la reforma desregulatoria impulsada por el ministro Federico Sturzenegger.

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Decreto, crisis y retroceso: el fracaso del modelo desregulatorio de Sturzenegger en el sector portuario.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó este viernes la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje mediante la Resolución 46/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida cierra formalmente el capítulo más agudo del conflicto portuario que paralizó el transporte fluvial y marítimo del país durante los últimos días, aunque lo hace a un costo político significativo para el gobierno de Javier Milei: la rebaja no es una concesión voluntaria sino la contraprestación pactada a cambio de que los trabajadores depusieran las medidas de fuerza.

Una derrota táctica disfrazada de acuerdo

El origen del conflicto fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que eliminaba regulaciones del servicio de practicaje vigentes desde 1991 con el argumento de remover barreras de entrada y facilitar la incorporación de nuevos prestadores. El rechazo de los trabajadores del sector fue inmediato y contundente: prácticos, pilotos y baqueanos fluviales iniciaron un lock-out que afectó el funcionamiento de los puertos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, comprometiendo el flujo de comercio exterior que transita por las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

Ante la envergadura del conflicto, el Ejecutivo retrocedió: primero suspendió temporalmente los efectos del decreto mediante el Decreto 716/2026, restituyendo el marco regulatorio anterior, y luego negoció en el Ministerio de Seguridad Nacional los términos de la reapertura del servicio. El acuerdo incluyó tres puntos centrales: la reanudación regular del servicio, la creación de una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento de practicaje, y la baja inmediata del 20% en los aranceles del sector. La Resolución 46/2026 es la expresión administrativa de ese tercer punto.

Cómo se aplica la quita tarifaria

La normativa establece que la reducción del 20% se aplicará sobre el resultado de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018. Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.

La rebaja entra en vigencia de forma inmediata, aunque con un condicionamiento central: tendrá validez estrictamente de manera provisoria, mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje. Esa fórmula revela la fragilidad del acuerdo. El conflicto de fondo, la tensión entre la pretensión desregulatoria del gobierno y la resistencia del sector al desmantelamiento de un esquema que garantiza condiciones laborales y seguridad en la navegación, quedó diferido hacia la mesa de negociación, no resuelto.

El patrón que se repite

El desenlace del conflicto portuario reproduce un patrón que se ha vuelto recurrente en la gestión de Milei: la desregulación por decreto genera una crisis inmediata, el gobierno anuncia represalias que nunca llegan a materializarse, y finalmente negocia una salida que implica revertir, al menos parcialmente, la medida original. En este caso, la secuencia fue especialmente visible: el Decreto 690/2026 se convirtió en el Decreto 716/2026 de suspensión en el lapso de pocos días, y el sector que el gobierno amenazó con sancionar terminó obteniendo una reducción tarifaria del 20%.

La apuesta de Sturzenegger por desregular el practicaje sin acuerdo previo con los actores del sector no solo fracasó en sus objetivos inmediatos sino que generó un daño económico concreto en uno de los eslabones más sensibles del comercio exterior argentino. La mesa intersectorial que ahora se crea debería haber existido antes del decreto.

Puntos clave

  • La ANPyN publicó la Resolución 46/2026 en el Boletín Oficial, que oficializa la rebaja del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje.
  • La quita rige de forma provisoria, mientras dure la suspensión del Decreto 690/2026 de desregulación del sector.
  • El acuerdo incluyó también la creación de una mesa intersectorial permanente para redactar un nuevo reglamento de practicaje con participación sectorial.
  • Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales confirmaron su conformidad con lo acordado.
  • El conflicto expuso la incapacidad del gobierno para implementar reformas desregulatorias sin consenso previo en sectores estratégicos del comercio exterior.

Desregulación

Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario

Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.

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El Argentino Diario-AySA.
Primero la Hidrovía, ahora el agua: los Román, la familia que se quedó con la infraestructura estratégica de Argentina.

Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.

Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.

El consorcio que se quedó con el agua

El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.

La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró

La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.

En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.

La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román

Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.

Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Karina Román y el círculo rojo

La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.

En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
  • Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
  • Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
  • La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
  • La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
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