Cuatro días de puertos paralizados con más de 185 buques demorados y pérdidas que superaron los US$ 4,5 millones diarios para la cadena agroexportadora. Luego, el abandono de uno de los pilares del proyecto que Sturzenegger impulsó durante meses en el Senado. En menos de dos jornadas, el arquitecto de la desregulación libertaria encaró dos retrocesos de magnitud que exponen los límites prácticos, políticos y sociales del modelo. El decreto primero, la crisis después ya no es solo un patrón de gestión: es la marca registrada de una conducción que legisla sin consenso y negocia cuando el daño ya está hecho.

El decreto portuario: cuatro días de paralisis y una marcha atrás

El sábado 1° de agosto entró en vigencia el Decreto 690/2026, firmado por Javier Milei y Sturzenegger, que derogó el reglamento del servicio de practicaje vigente desde 1991. La norma creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, habilitó a capitanes extranjeros a navegar sin prácticos matriculados en determinadas condiciones, eliminó los cupos de inscripción y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) la facultad de fijar tarifas máximas. El objetivo declarado era reducir costos logísticos.

La respuesta fue inmediata y contundente. Prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país declararon un lock-out que abarcó desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. El impacto recayó sobre los complejos de Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, lo que también amenazó el abastecimiento de combustible. El martes 4, más de 185 buques aguardaban en las terminales; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, advirtió que la situación se agravaría hora a hora si no se llegaba a un acuerdo.

El martes 4 de agosto, cuatro días después de la entrada en vigencia del decreto, el Gobierno cedió. Funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica se reunieron de urgencia con las cámaras del sector y firmaron un acta acuerdo a las 17:00 horas. Los términos resultaron elocuentes: el Decreto 690/2026 quedó suspendido de manera temporal, las tarifas del servicio se redujeron un 20% y se conformó una Mesa Intersectorial integrada por representantes de Seguridad, Defensa, la ANPyN y las entidades del practicaje para redactar un nuevo reglamento consensuado. Los prácticos pusieron una sola condición antes de sentarse a dialogar: la suspensión o derogación del decreto. El Gobierno la aceptó.

La ley de tierras: cinco intentos, cinco fracasos

A menos de 24 horas del acuerdo portuario, el oficialismo debió encajar un segundo golpe. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (expediente 13/26), enviado por el Ejecutivo al Senado el 27 de marzo, incluye en su capítulo III la modificación de la Ley 26.737 de tierras rurales. La propuesta original eliminaba prácticamente todos los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, sobre una base que la ley vigente fija en el 15% a nivel nacional, provincial y departamental. El Observatorio de Tierras de la UBA advirtió que con esa reforma podrían quedar disponibles para venta a capitales foráneos más de 26 millones de hectáreas, equivalentes a dos veces el territorio de la provincia de Santa Fe.

El proyecto había fracasado en cuatro oportunidades previas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, debía presidir este jueves 6 de agosto la sesión convocada para retomar el cuarto intermedio votado el 16 de julio. Pero el miércoles 5, el conteo de bancas confirmó el escenario adverso: las senadoras Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, anunciaron que no acompañarían el capítulo. Tampoco la neuquina Julieta Corroza, fiel al gobernador Rolando Figueroa, quien expresó en sus redes sociales que Neuquén no acompañará ninguna iniciativa que favorezca la extranjerización de tierras. El gobernador misionero Hugo Passalacqua fue más categórico: «No acompaño el proyecto. Misiones tiene el 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay.»

La UCR profundizó la crisis interna del oficialismo. El senador radical pampeano Daniel Kroneberger confirmó su voto en contra. El Comité Nacional de la UCR, que conduce Leonel Chiarella, emitió un comunicado rechazando la reforma por considerar que «elimina limitaciones razonables, comprometiendo la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país». Hasta una banca del PRO optó por separarse de Bullrich cuando supo que un radical de su misma provincia votaría en contra. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya había trenzado un cruce con Bullrich por este tema en la previa de la sesión anterior, reafirmó su postura contraria.

Ante la perspectiva de una derrota pública en el recinto, Bullrich optó por retirar el capítulo III del proyecto la tarde del miércoles 5, antes incluso de que la sesión se reanudara. La decisión representó el quinto fracaso consecutivo del oficialismo para avanzar con la reforma de la ley de tierras desde que obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo.

Un patrón de gestión que se consolida

Los dos episodios no son hechos aislados. Revelan una lógica de intervención que se repite: el Gobierno impone por decreto o presenta proyectos de reforma estructural sin construir consenso previo, genera una crisis de magnitud variable, y finalmente retrocede o negocia bajo presión. Ya ocurrió con la desregulación del corretaje inmobiliario, con el decreto 378/2026 que derivó en movilizaciones de trabajadores estatales, y ahora se reproduce en el practicaje y en la política de tierras. En el caso portuario, el costo fue de al menos US$ 18 millones en pérdidas para el sector agroexportador durante los cuatro días de paro. En el caso de las tierras, el costo político es la exposición pública de una minoría parlamentaria que no puede imponer ninguno de los pilares de su proyecto de país sin el aval de aliados que, cuando la presión social se vuelve visible, se corren.

Lo que el Gobierno llama «desregulación» y «libertad» choca, una y otra vez, con una realidad mucho más compleja: trabajadores especializados que defienden su oficio y la seguridad de la navegación, gobernadores que no están dispuestos a entregar el territorio de sus provincias, y una ciudadanía que no entiende la soberanía como un obstáculo, sino como un derecho irrenunciable.

Puntos clave

• El Decreto 690/2026 fue suspendido el 4 de agosto, cuatro días después de su entrada en vigor, tras paralizar los principales puertos del país y provocar pérdidas superiores a los US$ 4,5 millones diarios para la cadena agroexportadora.
• El acuerdo con los prácticos incluye la suspensión temporal del decreto, una rebaja del 20% en las tarifas y la creación de una Mesa Intersectorial para redactar un nuevo reglamento.
• El capítulo de extranjerización de tierras fue retirado por Bullrich el miércoles 5, ante el rechazo de los gobernadores de Neuquén, Tucumán, Salta y Misiones y la falta de votos en el Senado.
• La UCR rechazó institucionalmente la reforma de la ley de tierras por comprometer la soberanía y los recursos estratégicos del país.
• En menos de 48 horas, Sturzenegger acumuló dos retrocesos que consolidan un patrón de gestión basado en la imposición unilateral seguida de la negociación bajo presión.