Legislativo
Bullrich admitió que la ley de Propiedad Privada “vino endiablada” y el Gobierno reconoció su fracaso comunicacional
La senadora y titular del bloque oficialista en el Senado admitió que la ley tardó tres meses en aprobarse y que «no se terminó de entender nada» sobre el proyecto. Desde el entorno de La Libertad Avanza reconocen que el desorden post-salida de Adorni y la falta de voceros claros complicaron la agenda legislativa, mientras la mirada electoral ya se impone sobre el Congreso.
La media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al fin, pero sin gloria. Después de tres meses de tramitación, 17 versiones del proyecto, cuatro intentos fallidos de sesión y la eliminación del capítulo más polémico, el que habilitaba la venta de tierras a capitales extranjeros sin límite, el oficialismo logró el martes la aprobación en el Senado. Sin embargo, lo que debía ser una victoria legislativa se convirtió en un espejo de las contradicciones internas y los tropiezos comunicacionales que atraviesa el Gobierno de Javier Milei.
«No se terminó de entender nada»
La propia Patricia Bullrich, senadora y conductora del bloque oficialista en la Cámara alta, reconoció ante Radio Rivadavia que «esta ley vino un poco endiablada». La dirigente explicó que el proceso se extendió porque el tratamiento debió interrumpirse cuando el Senado quedó paralizado durante las semanas en que se debatió el destino de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. «Nos paró dos sesiones importantes y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley», graficó.
En el mismo sentido, legisladores del espacio fueron más crudos en el diagnóstico. «No tuvimos buenos voceros. Primero vino Sturzenegger y después estuvo Patricia, pero no se terminó de entender nada sobre el proyecto. Se mezclaron dos discusiones y hasta pasó de ‘Propiedad Privada’ a ‘Ley de Tierras'», admitió un legislador consultado por Agencia NA, en referencia directa al diseñador del proyecto, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
El desorden post-Adorni y la crisis de comunicación
La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, investigado por la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito, abrió un bache en la coordinación del Ejecutivo que aún no se cerró. El actual vocero presidencial, Adrián Ravier, asumió la tarea de reencauzar la comunicación oficial, pero desde el propio espacio admiten que su perfil no se ajusta a las necesidades de la administración libertaria.
«Son errores muy solucionables. Lo cierto es que nos desordenamos post reseteo del Gabinete, pero tenemos que retomar la línea porque se acumulan los proyectos y más tiempo pasa, más cerca de la elección estamos y todo se complejiza», precisó una fuente de La Libertad Avanza. La misma lectura comparten otros referentes del espacio, que reconocen que el oficialismo fue más activo y disruptivo en el primer tramo de la gestión, período que algunos identifican con el mayor peso del asesor presidencial Santiago Caputo.
El ascenso de Santilli y la incógnita electoral
El reordenamiento interno con el ascenso de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete tampoco parece haber resuelto el problema de fondo. «Estamos en un buen momento, pero como estamos tan mal en lo comunicacional, el panorama parece completamente distinto», graficó ante la misma agencia una voz del espacio, en una frase que sintetiza la brecha entre el relato oficial y la percepción pública.
Con la agenda legislativa de reformas todavía cargada y el calendario electoral que se acerca, La Libertad Avanza enfrenta el desafío de sostener la producción parlamentaria sin que las negociaciones electorales la paralicen. «Tenemos la libido puesta en la agenda de reformas», precisó un integrante de la mesa política del espacio, aunque el propio historial reciente de la ley de Propiedad Privada sugiere que convertir esa voluntad en resultados concretos y comunicables sigue siendo la asignatura pendiente del oficialismo.
Por su parte, Bullrich trazó la hoja de ruta de los próximos meses con un llamado a ampliar la agenda hacia temas sociales: «Tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales, educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno», dijo, y añadió que el objetivo es trabajar sobre salud mental y educación. «Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes», concluyó.
Puntos clave
- Bullrich reconoció que la Ley de Propiedad Privada «vino endiablada» y atribuyó los retrasos a la crisis interna por Adorni y al Mundial.
- Legisladores del bloque oficialista admitieron que «no se terminó de entender nada» sobre el proyecto por la falta de voceros efectivos.
- La salida de Adorni de Jefatura de Gabinete generó un desorden en la coordinación del Ejecutivo que el oficialismo reconoce no haber resuelto.
- El ascenso de Diego Santilli como jefe de Gabinete no alcanzó para reencauzar la dinámica comunicacional del Gobierno.
- Con el calendario electoral acercándose, la agenda legislativa de reformas enfrenta un escenario crecientemente complejo.
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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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