El Senado de la Nación aprobó este jueves en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 37 votos afirmativos contra 33 negativos, en una sesión que terminó siendo muy distinta a la que el oficialismo había imaginado. La Libertad Avanza logró la sanción con el apoyo de la UCR, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas, pero debió pagar un precio político alto: resignar dos capítulos enteros del texto original. Primero fue el articulado sobre extranjerización de tierras rurales, retirado el miércoles ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas. Este jueves le tocó el turno a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que tampoco reunió los votos necesarios entre los propios aliados.

El bloque de La Libertad Avanza aportó 21 votos, la UCR sumó 9, el PRO contribuyó con 3, y completaron la mayoría los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones), Carlos «Camau» Espínola (Corrientes) y Edith Terenzi (Chubut). En el capítulo de desalojos, Terenzi se abstuvo, por lo que ese articulado se aprobó con 36 adhesiones. En contra votaron los 24 senadores del interbloque justicialista, tres de Convicción Federal y legisladores de bloques provinciales, entre ellos la rionegrina Beatriz Avila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La Ley de Manejo del Fuego: el segundo capítulo que el oficialismo no pudo sostener

La Ley de Manejo del Fuego vigente, impulsada en 2020 con autoría del entonces diputado Máximo Kirchner, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno buscaba flexibilizar ese régimen al considerar que perjudica a los propietarios de inmuebles incendiados. Pero la resistencia cruzó las fronteras de la oposición: los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Terenzi, la salteña Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos senadores misioneros rechazaron el cambio. Sin ese respaldo, el oficialismo optó por retirar el capítulo antes de exponerse a una derrota en el recinto.

Desalojos exprés: 72 horas para la orden judicial y 10 días para el inquilino moroso

El corazón que sobrevivió del proyecto es el nuevo régimen de desalojos, que modifica el Código Civil y Comercial para agilizar los procedimientos. Según el texto aprobado, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble si el derecho del propietario resulta verosímil y este presta caución juratoria. En los casos de usurpación, el magistrado podrá intimar la devolución dentro de las 72 horas si el propietario acredita la titularidad con documentación. La notificación podrá realizarse en el domicilio del contrato o por correo electrónico.

Para los casos de inquilinos con alquileres impagos, el propietario deberá otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda antes de iniciar la acción de desalojo. Si el incumplimiento persiste, el desalojo tramitará en un plazo de 10 días hábiles. El texto obliga al propietario a aceptar las llaves del inmueble sin condiciones, aunque puede dejar constancia escrita de las deudas pendientes para reclamarlas después. En los casos en que haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar.

Expropiaciones: tope al lucro cesante y tasa atada al IPC

El capítulo sobre expropiaciones restringe la potestad del Estado para avanzar sobre bienes privados. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado estará obligado a fundamentar claramente los motivos. Se fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante y la tasa de interés aplicable quedará atada al Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días. No se podrá transferir el bien sin el pago previo de la indemnización, aunque el Estado conserva la posibilidad de solicitar la posesión anticipada. Cuando existan diferencias sobre la valuación, el juez podrá requerir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Digitalización y regularización de escrituras

El proyecto también incorpora la posibilidad de presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en varias jurisdicciones esa práctica ya estaba habilitada. Además, modifica la ley «Pierri» de regularización dominial para facilitar el acceso a la escritura de vivienda única a las familias que puedan acreditar posesión pública durante los 10 años anteriores a la solicitud.

El cruce político: «un asco» vs. «ningún argentino será violentado»

El debate fue de una dureza inusual. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto de «un asco» y lo declaró «inconstitucional de cabo a rabo». «Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado», afirmó antes de la votación. Y agregó que la iniciativa apunta a «garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo».

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la ley con un discurso centrado en la protección de la propiedad individual: «Ahora nadie te va a poder avasallar. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar». La senadora peronista Ana Marks contrapuso que considerar la tierra «un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo» y acusó al oficialismo de actuar como «cipayos y entreguistas». El senador del bloque justicialista Daniel Bensusán calificó la iniciativa de «nuevo mamarracho» y denunció que los senadores recibieron el nuevo dictamen «apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones».

El radical Maximiliano Abad, cuyo voto fue determinante para el rechazo a la reforma del manejo del fuego, planteó una mirada diferente sobre las inversiones: «Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo».

Puntos clave

• El Senado aprobó el proyecto por 37 a 33 votos, con el apoyo de LLA, UCR, PRO y senadores provinciales.
• El oficialismo debió retirar los capítulos de extranjerización de tierras (miércoles) y Ley de Manejo del Fuego (jueves) por falta de votos entre sus propios aliados.
• El nuevo régimen de desalojos habilita órdenes judiciales en 72 horas para usurpaciones y plazos de 10 días para inquilinos morosos.
• Las expropiaciones quedan sujetas a un tope del 30% por lucro cesante y la tasa de interés se atará al IPC.
• El bloque justicialista calificó la ley de «inconstitucional» y la acusó de facilitar la entrega de activos estatales al sector privado.