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Movimientos Sociales

Diez años después: la marcha de San Cayetano vuelve con unidad histórica y reclamos urgentes

A una década de la primera peregrinación que instaló el reclamo por Tierra, Techo y Trabajo, las organizaciones sociales vuelven este viernes a trazar el camino desde Liniers hasta Plaza de Mayo en unidad con la CGT y las dos CTA. El aniversario se celebra mientras el gobierno de Javier Milei avanza sobre el desmantelamiento de herramientas clave para la economía popular.

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El-Argentino-Marcha UTEP -La Dignidad
La UTEP, la CGT y las CTA marchan este viernes por el décimo aniversario de la peregrinación de San Cayetano.

Este viernes 7 de agosto, las organizaciones de la economía popular marcharán nuevamente desde la Basílica de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers hasta la Plaza de Mayo, repitiendo el trayecto histórico que inauguraron hace una década exacta. La jornada inició a las 8 de la mañana con la tradicional bendición de las herramientas de trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva, y se inscribe esta vez en un marco de unidad inédita entre el movimiento sindical y el campo popular.

La convocatoria es encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en conjunto con la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Bajo el lema histórico de Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, los organizadores anticipan una movilización masiva que también recibirá la bendición del arzobispo porteño.

Una década de lucha y conquistas bajo amenaza

La primera marcha de San Cayetano, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, marcó un hito en la historia del movimiento popular argentino: logró instalar en la agenda pública la situación de miles de trabajadores desocupados y precarizados, y fue el motor para la conquista de la Ley de Emergencia Social (27.345), que institucionalizó el Salario Social Complementario como herramienta de ingreso para los trabajadores de la economía popular.

Diez años después, ese logro está en riesgo. Alejandro «Peluca» Gramajo, secretario general de la UTEP, fue categórico: «Hoy este gobierno le está queriendo arrebatar a la economía popular como herramienta de subsistencia» el Salario Social Complementario. «Hace 10 años comenzó a visibilizarse la Argentina profunda, miles de trabajadores que se inventan su propio trabajo ante el descarte del sistema, pero que reclaman reconocimiento y derechos. Aquel 2016 logramos instituir el Salario Social Complementario. Por eso seguimos caminando, por reconocimiento de nuestro trabajo y por mayores derechos», subrayó el dirigente.

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, sumó su voz con igual urgencia: «Seguimos peleando por garantizar el Pan para cada familia argentina que hoy sufre el hambre en esta Argentina devastada». «Marchamos para que a ninguna familia le falte su vivienda, su techo. La fe y la esperanza nunca defraudan», expresó.

El contexto: ajuste, hambre y soberanía territorial en disputa

La movilización del décimo aniversario se produce en lo que las propias organizaciones califican como un contexto de extrema gravedad. El desmantelamiento de políticas destinadas a los sectores vulnerables bajo la gestión libertaria incluye la eliminación del Salario Social Complementario, el corte sistemático de alimentos a los comedores comunitarios, la parálisis en los programas de urbanización de barrios populares y el avance de medidas que erosionan derechos laborales formales.

La jornada del 7 de agosto se enmarca también en el plan de lucha acordado con la CGT y las centrales sindicales, que incluye la movilización frente al Congreso para repudiar el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Las organizaciones advierten que la iniciativa busca derogar aspectos centrales de la Ley de Tierras Rurales (26.737), habilitando la extranjerización del territorio nacional. Desde el espacio lo señalan sin rodeos: «Esta propuesta representa una grave entrega de la soberanía territorial».

Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la UTEP, sintetizó el espíritu de la jornada: «Este 7 de agosto volvemos a la calle en unidad con las centrales sindicales, la universidad pública y los organismos de derechos humanos, con la convicción de no dar ni un paso atrás por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».

El Estatuto de la Economía Popular: la deuda que persiste

Entre los reclamos que se reiterarán en la Plaza de Mayo, Gramajo destacó la necesidad de avanzar en una regulación específica para el sector: «Necesitamos un Estatuto que regule la actividad de la economía popular. Necesitamos de un Estado y un gobierno que acompañe al laburante». La demanda de un marco legal para los trabajadores informales y de la economía popular lleva una década de elaboración política y continúa sin respuesta institucional.

Cronograma de la jornada

  • 8:00 hs, Liniers (Cuzco y Rivadavia): Bendición de las Herramientas de Trabajo a cargo del arzobispo Jorge García Cuerva e inicio de la peregrinación hacia Plaza de Mayo.
  • 11:00 hs, Plaza de Mayo / Av. de Mayo: Verdurazo masivo, Feria de producción agraria y cooperativa, e inauguración de la Muestra fotográfica a 10 años de la primera marcha.
  • 13:00 hs, Plaza de Mayo: Acto central y lectura del documento unitario de las organizaciones.

Puntos clave

  • La marcha del 7 de agosto marca el décimo aniversario de la peregrinación inaugural de 2016 que conquistó la Ley de Emergencia Social.
  • La UTEP, la CGT y ambas CTA marchan juntas bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo en lo que describen como unidad histórica.
  • El gobierno de Milei avanza en la eliminación del Salario Social Complementario, el corte de alimentos a comedores y la paralización de la urbanización de barrios populares.
  • Las organizaciones también rechazan el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que consideran una amenaza a la Ley de Tierras Rurales y a la soberanía territorial.
  • La jornada incluye verdurazo, feria cooperativa y muestra fotográfica histórica en Plaza de Mayo desde las 11 hs.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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