Política 📢
Bloque de Pichetto presentará una nueva fórmula para los Jubilados
«Los jubilados no pueden esperar hasta el 25 de mayo. La licuadora los está llevando a una situación muy complicada», dijo Agost Carreño
«Los jubilados no pueden esperar hasta el 25 de mayo. La licuadora los está llevando a una situación muy complicada», advirtió el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Oscar Agost Carreño durante una suerte de conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.
Con esas concisas pero contundentes palabras, el cordobés, que estaba sentado al lado de su par de bancada Ricardo López Murphy en una amplia mesa redonda, justificó la razón por la cual desde ese sector apuraron el pedido de una sesión para el miércoles 13 de marzo al mediodía para tratar los distintos proyectos vinculados a la fórmula de movilidad jubilatoria.
«No imaginamos que los diputados de la Nación no vengan a sentarse en este recinto a discutir cómo mejorar el salario de los jubilados», siguió el legislador que pertenece al PRO cordobés, pero que en la Cámara de Diputados ocupa su banca por HCF.
Agost Carreño explicó que desde su espacio parlamentario decidieron «ponerle una fecha» a la sesión (que ahora debe ser convocada por la presidencia de la Cámara baja) para obligar al resto de las fuerzas políticas a poner en agenda la discusión en lo inmediato, evitando que el tema se diluya en la opinión pública.
«Presentamos el pedido de sesión sin previamente hablar con el resto de la oposición. Después que lo presentamos empezamos a hablar con todos los bloques menos el del oficialismo y todos estamos de acuerdo en que no podemos esperar a mayo», indicó.
«A todos les hemos sugerido que lleven al recinto todos los proyectos que quieran y que, si es necesario, convirtamos en comisión el recinto para que construyamos una fórmula o un procedimiento que le de una solución ya. ¿Qué es ya? Que impacte en el recibo de sueldo de abril», agregó Agost Carreño, quien ante una consulta de NA admitió que una posible solución podría ser emplazar a las comisiones a trabajar de inmediato en el tema.
La novedad es que ahora Hacemos Coalición Federal presentará en los próximos días un segundo proyecto de modificación de la fórmula de movilidad previsional, que se suma al firmado por los diputados de la Coalición Cívica (que forman parte de la misma bancada).
Se trata de una iniciativa conjunta entre la diputada cordobesa Alejandra Torres (esposa del recientemente eyectado titular de Anses Osvaldo Giordano) y López Murphy, quienes proponen que la actual fórmula tenga vigencia hasta marzo y que a partir del 1 de abril sea reemplazada por otra que tome al IPC como mecanismo de indexación.
Para compensar las pérdidas en los ingresos que se produjeron en los meses de mayor disparada inflacionaria, los diputados de HCF idearon un criterio por el cual la liquidación de los haberes de abril 2024 se determine por la inflación de diciembre de 2023 (base 100), y sucesivamente mayo de este año tenga como referencia para su actualización a enero, junio a febrero, y así para todos los meses subsiguientes.
Este sistema tiene como desvío metodológico la convalidación de una brecha de cuatro meses entre el mes de pago y el mes tomado como base para el cálculo del haber, pero la virtud es que corrige los meses de peor inflación.
«Tenemos que evitar juicios, o sea, hay 350.000 juicios por contenciosos de ajuste previsional. Nosotros con este proyecto, como nos ajustamos a los fallos de la Corte, creemos que eliminamos eso», ponderó López Murphy sobre el sistema propuesto.
El proyecto de la Coalición Cívica es en cierta forma más simple, ya que corrige por inflación de mes a mes, y para compensar parcialmente las pérdidas reales por la mega inflación de enero y febrero, propone aplicar de entrada (es decir, a partir del pago de abril) un nuevo piso de remuneraciones en base a un aumento del 20,6%.
Medio Ambiente 🌱
La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó
El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.
Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.
Un proceso cuestionado desde el inicio
La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.
El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.
La trama Neuss-Caputo-Servimagnus
El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.
El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.
Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».
Las cifras de la entrega
Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.
Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.
El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.
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