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Política 📢

Bloque de Pichetto presentará una nueva fórmula para los Jubilados

«Los jubilados no pueden esperar hasta el 25 de mayo. La licuadora los está llevando a una situación muy complicada», dijo Agost Carreño

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«Los jubilados no pueden esperar hasta el 25 de mayo. La licuadora los está llevando a una situación muy complicada», advirtió el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Oscar Agost Carreño durante una suerte de conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

Con esas concisas pero contundentes palabras, el cordobés, que estaba sentado al lado de su par de bancada Ricardo López Murphy en una amplia mesa redonda, justificó la razón por la cual desde ese sector apuraron el pedido de una sesión para el miércoles 13 de marzo al mediodía para tratar los distintos proyectos vinculados a la fórmula de movilidad jubilatoria.

«No imaginamos que los diputados de la Nación no vengan a sentarse en este recinto a discutir cómo mejorar el salario de los jubilados», siguió el legislador que pertenece al PRO cordobés, pero que en la Cámara de Diputados ocupa su banca por HCF.
Agost Carreño explicó que desde su espacio parlamentario decidieron «ponerle una fecha» a la sesión (que ahora debe ser convocada por la presidencia de la Cámara baja) para obligar al resto de las fuerzas políticas a poner en agenda la discusión en lo inmediato, evitando que el tema se diluya en la opinión pública.

«Presentamos el pedido de sesión sin previamente hablar con el resto de la oposición. Después que lo presentamos empezamos a hablar con todos los bloques menos el del oficialismo y todos estamos de acuerdo en que no podemos esperar a mayo», indicó.

«A todos les hemos sugerido que lleven al recinto todos los proyectos que quieran y que, si es necesario, convirtamos en comisión el recinto para que construyamos una fórmula o un procedimiento que le de una solución ya. ¿Qué es ya? Que impacte en el recibo de sueldo de abril», agregó Agost Carreño, quien ante una consulta de NA admitió que una posible solución podría ser emplazar a las comisiones a trabajar de inmediato en el tema.
La novedad es que ahora Hacemos Coalición Federal presentará en los próximos días un segundo proyecto de modificación de la fórmula de movilidad previsional, que se suma al firmado por los diputados de la Coalición Cívica (que forman parte de la misma bancada).

Se trata de una iniciativa conjunta entre la diputada cordobesa Alejandra Torres (esposa del recientemente eyectado titular de Anses Osvaldo Giordano) y López Murphy, quienes proponen que la actual fórmula tenga vigencia hasta marzo y que a partir del 1 de abril sea reemplazada por otra que tome al IPC como mecanismo de indexación.

Para compensar las pérdidas en los ingresos que se produjeron en los meses de mayor disparada inflacionaria, los diputados de HCF idearon un criterio por el cual la liquidación de los haberes de abril 2024 se determine por la inflación de diciembre de 2023 (base 100), y sucesivamente mayo de este año tenga como referencia para su actualización a enero, junio a febrero, y así para todos los meses subsiguientes.
Este sistema tiene como desvío metodológico la convalidación de una brecha de cuatro meses entre el mes de pago y el mes tomado como base para el cálculo del haber, pero la virtud es que corrige los meses de peor inflación.

«Tenemos que evitar juicios, o sea, hay 350.000 juicios por contenciosos de ajuste previsional. Nosotros con este proyecto, como nos ajustamos a los fallos de la Corte, creemos que eliminamos eso», ponderó López Murphy sobre el sistema propuesto.
El proyecto de la Coalición Cívica es en cierta forma más simple, ya que corrige por inflación de mes a mes, y para compensar parcialmente las pérdidas reales por la mega inflación de enero y febrero, propone aplicar de entrada (es decir, a partir del pago de abril) un nuevo piso de remuneraciones en base a un aumento del 20,6%.

Educación

Sin mochilas: una escuela ensaya controles de emergencia por amenazas de tiroteos

La decisión se tomó en un colegio de San Fernando tras la aparición de mensajes intimidatorios. La medida expone el clima de temor que se extendió en al menos quince provincias y abre interrogantes sobre el rol del Estado.

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La escena es tan inusual como elocuente: estudiantes que llegan a clase con carpetas bajo el brazo, útiles en bolsas de supermercado y aulas semivacías. No es una postal de otro país ni de otra época. Ocurrió esta semana en Virreyes, partido de San Fernando, donde una escuela decidió prohibir el ingreso de mochilas tras una serie de amenazas de tiroteos.

El disparador fueron inscripciones en los baños del establecimiento. “Mañana tiroteo en el cole”, decía uno de los mensajes. La advertencia, lejos de ser leída como una broma, activó un protocolo de urgencia: controles reforzados, presencia policial en la puerta y una medida inédita en la vida cotidiana escolar.

Una normalidad alterada

La decisión no tardó en mostrar sus efectos. La asistencia se desplomó y la dinámica escolar se volvió errática:

  • Cursos con uno o dos estudiantes.
  • Jornadas completas sin asistencia en algunos casos.
  • Familias que optaron por no enviar a sus hijos.

Una alumna lo sintetizó sin rodeos: el aula quedó vacía de un día para otro. La sensación de amenaza, aun sin hechos concretos, operó como un disciplinador silencioso.

El eco de Santa Fe

El telón de fondo es el asesinato de un adolescente en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, un hecho que sacudió a la comunidad educativa y que funcionó como catalizador de una serie de amenazas replicadas en distintos puntos del país.

El fenómeno no es aislado. Se multiplicaron mensajes en redes sociales y dentro de las propias instituciones. El miedo circula, se amplifica y encuentra terreno fértil en un contexto donde la prevención parece llegar siempre un paso atrás.

Desde la conducción del colegio insistieron en que la prohibición de mochilas es una medida “transitoria”. Admitieron, sin embargo, que la escuela sola no puede dar respuesta a una problemática que desborda lo educativo.

  • Se habilitaron espacios de diálogo con familias.
  • Se reforzó la vigilancia en el ingreso.
  • Se pidió mayor presencia estatal.

El vicedirector fue directo: el problema es social y requiere intervención más allá de las aulas.

Padres en alerta

Las familias acompañaron la decisión, aunque atravesadas por la incertidumbre. Entre el “algo hay que hacer” y la conciencia de que las soluciones son limitadas, el miedo se volvió una experiencia compartida.

Una madre lo planteó sin eufemismos: la discusión tiene que darse en las casas, pero también necesita respuestas colectivas.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.

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