Por Santiago Rojas

El intendente de Morón, Lucas Ghi, parece haber abandonado definitivamente los principios de un gobierno popular con sus recientes decisiones. Una de las más polémicas ha sido otorgar «superpoderes» a Hernán Sabbatella, secretario de Legal y Técnica, en un contexto de crisis social y creciente inseguridad en el municipio. Lejos de ser una respuesta que priorice el diálogo y la cercanía con los vecinos, estas decisiones han derivado en una militarización sin precedentes del municipio.

La brutal muerte del joven vecino Franco Vera desató el malestar entre los habitantes de Morón, quienes buscan respuestas y acompañamiento por parte del gobierno local. Sin embargo, en lugar de abrir las puertas del municipio para escuchar a los familiares y vecinos afectados, Ghi y su flamante súper secretario decidieron blindar la sede de gobierno con un imponente despliegue policial. «Ni en el estallido del 2001 vimos algo así», comentaron vecinos memoriosos, recordando cómo el estado municipal en aquella época “se unió a los sectores más vulnerables en lugar de reprimirlos”.

Esta militarización se da en un contexto político tenso, marcado por el desplazamiento de Diego Spina de la Secretaría de Gobierno. Según trascendió, uno de los argumentos de Ghi para apartar a Spina fueron sus críticas al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. No obstante, esta movida interna ha generado mayor desconcierto en la población, que se enfrenta diariamente a un clima de inseguridad alimentado por el narcotráfico y los asesinatos a sangre fría.

En lugar de reforzar la seguridad en los barrios más golpeados, el gobierno municipal y provincial han optado por blindar su sede. Esto implica no sólo un desmesurado gasto de recursos económicos y humanos, sino también un mensaje político claro: la prioridad es protegerse de los vecinos, no proteger a los vecinos.

¿Un gobierno popular en entredicho?

La decisión de blindar el municipio refleja un cambio radical en la gestión de Lucas Ghi, que antes se mostraba cercano a las demandas populares. Este giro a la derecha contradice los principios de un gobierno que se proclamaba defensor de los derechos de los sectores más vulnerables. Las imágenes del despliegue policial, que algunos califican como excesivo, muestran un panorama que contrasta con la tradición de Morón de enfrentar las crisis con solidaridad y diálogo.

Los vecinos, ya acosados por el aumento del narcomenudeo y la violencia, ahora se sienten abandonados por quienes deberían estar a su lado. «No necesitamos más policías para reprimirnos, necesitamos que el municipio nos escuche y trabaje con nosotros», afirmó otro vecino indignado.

Un intendente cada vez más lejos del pueblo

El caso de Morón no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo ciertas mandatarios locales pueden priorizar su propia supervivencia política por encima de las demandas ciudadanas. En un municipio históricamente comprometido con las luchas populares, la militarización del gobierno local representa un quiebre profundo entre las autoridades y el pueblo.

Este episodio deja en evidencia no sólo la falta de sensibilidad política frente a las tragedias locales, sino también la desconexión entre un gobierno que se autoproclamaba popular y la realidad de sus decisiones, que cada vez parecen más alejadas de los principios que alguna vez enarboló.