La reforma de Salud Mental que busca reinstaurar el encierro.

El Gobierno presentó un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental que debilita el abordaje comunitario y centraliza las decisiones en la figura del médico psiquiatra, ignorando el reclamo de las provincias.

En el marco del XXXIX Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental realizado en Mar del Plata, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los lineamientos de un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).

Según el informe de la cartera sanitaria, la iniciativa oficial busca flexibilizar los criterios de internación involuntaria y reinstaurar la validez de las instituciones monovalentes, una medida que especialistas y organizaciones de derechos humanos denuncian como un retroceso directo hacia el modelo de encierro.

El fin del riesgo cierto e inminente

Uno de los puntos más polémicos de la reforma es el reemplazo del concepto de riesgo cierto e inminente por un criterio situacional. González afirmó que la normativa actual no funciona adecuadamente para los trastornos severos y que es necesario un cambio para evitar situaciones de violencia; “No vamos a contemplar la foto del momento como se hacía en el riesgo cierto e inminente”, sentenció la funcionaria.

Esta modificación permitiría decidir internaciones basadas en lo que ocurriría si no se hiciera el tratamiento, una interpretación subjetiva que, según advirtieron sectores académicos, abre la puerta a privaciones de la libertad arbitrarias y preventivas.

Corporativismo y falta de federalismo

La propuesta generó una reacción inmediata en el Consejo Federal de Salud (COFESA). Según pudo confirmar este medio a través de documentos oficiales, autoridades de salud mental de al menos 15 provincias firmaron un documento donde ratifican la vigencia de la actual ley y denuncian que la reforma fue elaborada de manera inconsulta.

El texto provincial subraya que los desafíos del sector no residen en la letra de la ley, sino en la falta de inversión presupuestaria (que por ley debería alcanzar el 10% del presupuesto total de salud) y en la ausencia de dispositivos comunitarios que el Estado nacional debe financiar.

En sintonía con las críticas, diversas organizaciones sociales sostienen que el proyecto parece redactado por sectores corporativos que buscan fortalecer las instituciones privadas y especializadas en detrimento de la integración en hospitales generales. El proyecto propone que la red asistencial incluya nuevamente instituciones monovalentes, lo cual contradice el proceso de desmanicomialización iniciado en 2010.

Responsabilidad familiar y control judicial

Otro eje que despertó alarmas es la intención de imponer una obligación legal a los familiares para que se hagan cargo de los pacientes una vez externados. Esta medida es vista por especialistas como un intento del Estado de desligarse de su responsabilidad en el acompañamiento y la reinserción social, trasladando el costo del cuidado a las familias sin proveer el apoyo económico o profesional necesario.

Asimismo, se propone un control judicial de seis meses sobre los pacientes dados de alta, una medida que, según fuentes del ámbito judicial consultadas por este medio, podría resultar ineficaz y saturar aún más un sistema ya colapsado.

Puntos clave:

• Se elimina el criterio de riesgo cierto e inminente para las internaciones.
• El proyecto reincorpora a los hospitales monovalentes (manicomios) como centros de atención válidos.
• Quince provincias rechazaron la reforma por considerarla inconsulta y alejada de los estándares internacionales.
• Se establece la obligatoriedad del cuidado familiar tras la externación, debilitando el rol del Estado responsable.
• Especialistas denuncian un sesgo corporativo que prioriza la figura del médico por sobre el equipo interdisciplinario.