★ La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó este lunes un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente a diciembre de 2025, siguiendo la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago.

El incremento, que toma como referencia el IPC de octubre difundido por el INDEC, se suma al aguinaldo y al bono extraordinario de $70.000 que el gobierno mantiene congelado desde marzo de 2024. Con estos tres componentes, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un total de $581.319,39 en diciembre.

La trampa del bono congelado

El esquema implementado por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto 274/2024 establece actualizaciones mensuales por inflación, pero mantiene paralizado el bono compensatorio en $70.000 desde hace más de 20 meses. Esta decisión, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), constituye la principal variable de ajuste sobre el sector pasivo.

Mientras los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y febrero de 2025 un 103,1%, el haber mínimo con bono incluido solo aumentó 67,8%. De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en febrero de 2025 de $142.161, es decir, más del doble de lo actual, señala el informe del CEPA.

Esta licuación sistemática del bono significa que, en la práctica, cinco millones de jubilados que perciben el haber mínimo continúan perdiendo capacidad de compra mes a mes, a pesar de los aumentos nominales que el gobierno exhibe como logro en materia previsional.

Detrás de los números: pérdida histórica de poder adquisitivo

El haber mínimo que contempla el refuerzo acumuló una caída del 26% en los últimos siete años, según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La situación se agravó particularmente desde diciembre de 2023, cuando el actual gobierno aplicó una política de shock que incluyó una devaluación del peso del 54% y la eliminación de subsidios.

En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra, revela un estudio reciente de Infobae.

El panorama es aún más dramático para quienes no acceden al bono extraordinario. Los jubilados que en 2017 podían adquirir 2,8 canastas básicas con sus haberes, en 2024 solo accedieron a 1,5. Esto representa una pérdida del 46% en términos reales, según un informe de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El veto que selló el destino de los jubilados

El actual esquema de movilidad jubilatoria se consolidó tras el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso en agosto de 2024, que proponía un aumento adicional del 8,1% y mejoras en la fórmula de actualización. En la sesión especial de septiembre, 153 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 87 votaron en contra y 8 se abstuvieron. No se alcanzaron los 2 tercios necesarios para revertir el veto.

La decisión del Ejecutivo se fundamentó en argumentos fiscales. El decreto 782/2024 sostuvo que la medida aprobada por el Congreso representaría un gasto de $6.160.000 millones para 2024 y de $15.430.000 millones para 2025, comprometiendo el equilibrio fiscal que el gobierno considera prioritario.

Sin embargo, analistas del sector previsional cuestionan estos números. En 2024, el 19,2% del ajuste del gasto del Estado estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, señala un informe del CEPA que desnuda cómo el superávit fiscal se construyó sobre el ajuste a los sectores más vulnerables.

Crisis sanitaria y habitacional: el combo mortal

La caída en los ingresos se agudiza cuando se analiza el acceso a servicios básicos. Desde 2024, el gobierno eliminó la gratuidad de medicamentos para jubilados, medida que impactó directamente en quienes dependen de tratamientos crónicos. Sin capacidad de compra suficiente para afrontar los costos farmacéuticos, miles de adultos mayores se ven obligados a interrumpir sus tratamientos.

En el plano habitacional, la situación no es menos grave. El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, denunció recientemente que en la Ciudad de Buenos Aires una habitación con baño compartido cuesta más de $200.000 mensuales, cifra que consume más de la mitad del haber mínimo y deja apenas $180.000 para alimentación, medicamentos y otros gastos esenciales.

Los números de diciembre

De acuerdo al comunicado oficial de ANSES, la composición de los haberes para diciembre quedó establecida de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59 de haber base + $70.000 de bono + $170.439,80 de medio aguinaldo = $581.319,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 de haber + $70.000 de bono + $136.351,84 de aguinaldo = $479.055,51

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $238.615,71 de haber + $70.000 de bono + $119.307,86 de aguinaldo = $427.923,57

Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492

AUH por Hijo con Discapacidad: $398.853

El organismo previsional aclaró que los pagos se realizarán según el calendario habitual, modificado por el feriado del 8 de diciembre. Los jubilados con haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el martes 9 de diciembre según la terminación de su DNI.

El estancamiento como política

Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo pero tampoco podrán recuperar. La actualización decidida por Milei considera que el poder de compra actual de las jubilaciones es el máximo al que pueden aspirar los jubilados, advierte el análisis del CEPA.

Esta lógica de «estancamiento perpetuo» contrasta con la propuesta vetada por el Ejecutivo, que contemplaba mecanismos de recuperación gradual del poder adquisitivo perdido durante las últimas administraciones. La ley rechazada proponía que en marzo de cada año se habilitara una suba adicional por el 50% del índice de variación salarial, permitiendo que los haberes previsionales no quedaran definitivamente desacoplados de la evolución de los ingresos de los trabajadores activos.

El gobierno sostiene que el esquema actual «garantiza previsibilidad» y «protege el superávit fiscal». Sin embargo, para los cinco millones de jubilados que viven con $340.000 mensuales —antes del bono congelado—, la previsibilidad se traduce en la certeza de que su situación económica no mejorará mientras este modelo se mantenga vigente.

Con la inflación de octubre en 2,7% —la más baja desde noviembre de 2021— y proyecciones oficiales que apuntan a una desaceleración sostenida de los precios, el debate sobre la situación de los jubilados vuelve a instalarse: ¿es momento de discutir una recomposición integral del sistema previsional, o el equilibrio fiscal seguirá siendo la prioridad excluyente del Ejecutivo?

Puntos clave:

• ANSES oficializó un aumento del 2,34% para diciembre basado en el IPC de octubre de 2025
• El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, perdiendo más del 50% de su valor real
• Los jubilados de la mínima acumulan una pérdida de 6,9% en poder adquisitivo en dos años de gestión Milei
• En septiembre de 2024, el Congreso no logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria
• El ajuste a jubilaciones explicó el 19,2% del recorte total del gasto público en 2024