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Legislativo

La Ley del Censo que pedía la oposición en Bolivia ya tuvo sanción en el Senado

Después de cuatro horas de debate, el proyecto logró 22 respaldos sobre 36 en la votación del proyecto en general, y avanzaba la discusión en particular.

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El Senado de Bolivia convirtió en ley el llamado al censo nacional para marzo de 2024, iniciativa que tenía ya la media sanción de Diputados y con la que se destrabó el conflicto de más de un mes entre el Gobierno central y el departamento de Santa Cruz, bastión opositor.

Después de cuatro horas de debate, el proyecto logró 22 respaldos sobre 36 en la votación del proyecto en general, y avanzaba la discusión en particular.

El trámite fue más bien rápido, porque poco después de iniciada la sesión, los legisladores aprobaron que el texto fuera tratado «por dispensación de trámite», o sea, sin pasar por la Comisión de Constitución para su revisión.

“Queda aprobada la moción de dispensación de trámite para el tratamiento del presente proyecto de ley; se decreta su consideración en sala. Vamos a iniciar el tratamiento de ley en sus dos estaciones: en grande (en general) y en detalle (en particular)”, manifestó el presidente de la Cámara alta, Andrónico Rodríguez.

El 22 de octubre pasado, el denominado «movimiento cívico» que agrupa a organizaciones y empresarios de Santa Cruz, bastión opositor de derecha y ultraderecha, además de motor económico del país, convocó a un paro por tiempo indefinido para modificar la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda.

El relevamiento poblacional, que determina el reparto de recursos entre las regiones del país y que debe hacerse cada 10 años, según la Constitución, estaba previsto inicialmente para el 16 de noviembre de 2022, ya que el último fue en 2012, pero el Gobierno de Arce lo postergó para 2024 por razones técnicas.

Después de semanas de conflicto, el movimiento opositor llegó a aceptar la postergación de la fecha, pero reclamaba una ley que la fijara.

La media sanción lograda del sábado en Diputados permitió destrabar un conflicto de 36 días mantenido en Santa Cruz de la Sierra: un paro con bloqueo de calles y rutas protestas violentas y 4 muertos y 178 heridos como saldo.

El conflicto por el censo llevó a una tensión interna dentro del MAS entre el exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce, lo que de alguna manera quedó de manifiesto al momento de la votación hoy en el Senado.

“Los que estén a favor, aprobarán. Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción del presidente Lucho (Luis Arce) que diga `aprueben` o del hermano Evo (Morales) que diga `no aprueben`; es una postura particular de cada miembro del MAS. Por lo tanto, en su estación en grande (en general) ponemos a consideración”, dijo Rodríguez al momento de pedir los votos.

Tras el conteo, el secretario de Cámara fue tajante: “22 votos a favor de la aprobación del proyecto de Ley 005/2022-2023 Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral. Son mayoría”.

La propuesta legal recoge en esencia los contenidos del Decreto Supremo 4824 que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo.

En ese sentido, establece que en base a los datos oficiales de población que emitirá el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de 2024.

De manera adicional, la norma determina que el INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños”.

Sectores ligados a Morales y el propio expresidente consideraron que votar en la Asamblea Legislativa el proyecto era ceder ante la derecha y parte de un pacto entre el oficialismo y las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana.

Legislativo

Sin los votos para eliminar las PASO, el Gobierno busca suspenderlas o hacerlas optativas

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la UCR anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que LLA, por su naturaleza verticalista, no necesita resolver.

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El Gobierno no tiene los votos y busca un plan B para las PASO

★ El oficialismo reconoce que no cuenta con los apoyos suficientes para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y baraja dos alternativas de menor alcance: suspenderlas nuevamente, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2025, o quitarles el carácter obligatorio para convertirlas en optativas.

La admisión surge de las propias filas del Gobierno, dos días después de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso la reforma electoral que tiene la eliminación de las PASO como su punto más ambicioso. Como informó este medio el 22 de abril, el proyecto llegó al Parlamento en un contexto político adverso y sin los votos necesarios para avanzar.

El PRO y la UCR frenan la eliminación

El plan B tomó forma luego de que el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) anticiparan su rechazo a la eliminación lisa y llana de las primarias. Ambas fuerzas sostienen que las PASO cumplen una función estructural para dirimir candidaturas internas que la Libertad Avanza, por su naturaleza de partido sin internas, no necesita resolver.

Un miembro de la mesa política, que según trascendidos volverá a reunirse este sábado a las 12 en Casa Rosada, reconoció la situación: «Es muy probable que varios sectores no quieran apoyar la eliminación. Veremos si podemos suspenderlas o en tal caso, hacerlas no obligatorias».

La declaración desnuda la debilidad parlamentaria del oficialismo. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita acumular 129 votos para obtener mayoría simple en la Cámara baja, lo que exige el respaldo de aliados que, hasta ahora, no están dispuestos a acompañar la medida de máxima.

Un paquete con más resistencias que votos

Más allá de las PASO, el proyecto presenta otros dos puntos de alta conflictividad: la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos, que reemplazaría el aporte público por un esquema de financiamiento privado, y la eliminación de la elección directa de parlamentarios del Mercosur.

El presidente Javier Milei estableció ambas cuestiones como prioridades de la reforma. Sin embargo, el nuevo esquema de financiamiento preocupa especialmente a los partidos de menor escala, que dependen de los fondos estatales para subsistir, y la eliminación de los parlamentarios del Mercosur generó resistencias incluso dentro del arco aliado.

El proyecto incluye además cambios en los requisitos legales para presentar listas y la incorporación de la denominada Ficha Limpia, que aparece como el principal anzuelo para sumar voluntades, tal como anticipó este medio en la cobertura del 22 de abril.

Los «guiños» a los gobernadores

En Balcarce 50 anticipan que el articulado del proyecto incluye señales destinadas a los gobernadores aliados. Entre los ejemplos que circulan en el entorno oficial figuran la incorporación de un casillero en la boleta para tildar la lista completa, lo que permitiría «enganchar» las listas locales a las nacionales, y la decisión de vetar la propuesta de avanzar hacia un sistema de circunscripciones uninominales, que varios mandatarios provinciales rechazaban por considerarlo desfavorable para sus distritos.

Desde el oficialismo aseguran que el proceso será «similar al de la reforma laboral» y que «los votos van a estar», según afirmó un importante alfil legislativo. La comparación, sin embargo, no resulta del todo tranquilizadora: la reforma laboral tardó meses en aprobarse y requirió decenas de modificaciones para obtener los apoyos necesarios.

El contexto político

La reforma llega en un momento de fragilidad creciente para el Gobierno. Según datos de la consultora Opina Argentina difundidos en abril, la imagen positiva de Milei cayó al 35%, trece puntos menos que en enero. En ese escenario, forzar una disputa parlamentaria sobre las reglas electorales con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte puede representar tanto una apuesta estratégica como un riesgo político de primer orden.

La eliminación de las PASO beneficia directamente a una fuerza, como La Libertad Avanza, que no tiene internas que resolver. Para el resto del arco político, las primarias son una herramienta de ordenamiento interno. Esa asimetría explica, en buena medida, la resistencia que el Gobierno no logra vencer.

Puntos clave

  • El Gobierno admitió que no tiene los votos para eliminar las PASO y evalúa suspenderlas nuevamente o quitarles el carácter obligatorio.
  • El PRO y la UCR anticiparon su rechazo a la eliminación, lo que obligó al oficialismo a diseñar un plan alternativo.
  • La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios y necesita 129 para alcanzar mayoría simple.
  • El proyecto incluye también cambios en el financiamiento partidario y la eliminación de parlamentarios del Mercosur, dos puntos que generan alta resistencia.
  • El oficialismo comparó el proceso con la reforma laboral, que tardó meses y requirió numerosas modificaciones para aprobarse.
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