Región
Tensión en Bolivia: acusaciones de autogolpe y conflictos en el MAS
Crece la crisis política: opositores acusaron a Luis Arce de promover la insurrección de Zúñiga, quien fustigó la posible candidatura de Evo Morales. Mientras, el mandatario denunció un complot internacional contra el gobierno y apuntó hacia EEUU.
En Bolivia, se desató una fuerte polémica tras las recientes acusaciones de un «autogolpe» por parte del presidente Luis Arce. La denuncia fue inicialmente realizada por Carlos Mesa, líder del partido opositor Comunidad Ciudadana, y otros políticos, quienes argumentaron que el gobierno intentaba consolidar el poder de manera dictatorial en la Asamblea Legislativa. La situación se agravó con forcejeos entre policías y diputados, interpretado por algunos como un intento de toma del control del Legislativo.
División interna en el MAS
El conflicto también expuso divisiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). El general Juan José Zúñiga, comandante del Ejército, tomó posiciones polémicas respecto a la posible candidatura de Evo Morales, exacerbando las tensiones políticas y militares en el país. Estas divisiones reflejan un MAS fragmentado, con diferentes facciones que buscan controlar el rumbo del partido y del país.
Denuncias de conspiración externa
En respuesta a estas acusaciones, el presidente Luis Arce afirmó que existen fuerzas internas y externas que conspiran contra Bolivia para controlar sus recursos estratégicos, como el litio. Arce mencionó a “potencias imperiales” y a un “país vecino” que, según él, buscan balcanizar Bolivia y desestabilizar el gobierno. “Pretenden mostrar a Bolivia como un Estado fallido”, manifestó Arce, añadiendo que estas acciones tienen como fin detener el progreso del país y socavar el proceso de revolución democrática popular e industrializadora.
La oposición y las acusaciones de autogolpe
Carlos Mesa y otros opositores denunciaron públicamente lo que consideraron un autogolpe de estado. Según Mesa, el oficialismo buscaba aprobar leyes de manera “dictatorial”, lo que generó un clima de tensión y enfrentamientos físicos en la Asamblea Legislativa. La diputada Mayra Zalles informó sobre la agresión sufrida por parte de colegas del oficialismo, criticando la pasividad de la policía en estos incidentes.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Ingvar Ellefsen Dotzauer, acusó al presidente Luis Arce de intentar un golpe de estado “en franco acto dictatorial y de abuso de las concesiones políticas”. Por su parte, Walthy Egüez, diputado de Creemos, señaló que el objetivo del gobierno es tomar el control del Legislativo y consolidar un régimen autoritario.
Puntos clave de la crisis política en Bolivia
- Carlos Mesa y otros opositores denunciaron un “autogolpe” del presidente Luis Arce.
- Fuerzas policiales y diputados se enfrentaron físicamente en la Asamblea Legislativa.
- Luis Arce acusó a potencias extranjeras de conspirar para desestabilizar Bolivia.
- Divisiones dentro del MAS aumentan las tensiones políticas y militares por la posible candidatura de Eco Morales.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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