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Región

Paraguay: continúa en estado crítico el intendente baleado por sicarios

El parte médico señala que el intendente estuvo tres horas en cirugía.

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El intendente de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, continuaba este miércoles con pronóstico reservado y en «estado crítico» tras ser baleado el martes en plena calle de esa ciudad por un encapuchado.

Así lo informó el gobernador de la ciudad de Amambay, Ronald Acevedo -hermano de la víctima-, en declaraciones reproducidas por el diario local ABC, en su versión digital.

José Carlos Acevedo recibió siete impactos de bala, dos de ellos en el cuello, durante el ataque perpetrado ayer frente a la sede de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero que le produjeron un paro cardíaco en el hospital horas después, del que los médicos lograron reanimarlo.

El parte médico señala que el intendente estuvo tres horas en cirugía.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que distintas personas asisten al intendente en el piso, luego del ataque.

Los dos hermanos Acevedo pertenecen al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor opositor al Partido Colorado gobernante a nivel nacional.

Una hija del gobernador Acevedo, Haylee, de 21 años, fue asesinada por sicarios en octubre del año pasado.

El atentado «nos interpela a todos los paraguayos sobre la inseguridad que vivimos hoy, sufrimos una escalada de violencia sin precedentes en los últimos años», afirmó ayer el precandidato presidencial colorado Santiago Peña, quien exigió una «respuesta firme de nuestras autoridades».

«No podemos seguir así», agregó Peña, que pertenece a Honor Colorado, la línea interna que lidera el expresidente Horacio Cartes y está enfrentada con la que responde a Abdo Benítez.

Por su parte, el ministro del Interior, Federico González, informó que la capital de Amambay estaba «rodeada por efectivos policiales».

González dijo que viajaría a esa ciudad y que el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Benítez, estaba en camino hacia allí.

Asimismo, agregó que se tomarían «todas las medidas necesarias» para dar con los responsables, por lo que se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad en Brasil para que estuvieran alerta y también destinaron agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El Ministerio Público anunció en Twitter que «el fiscal José L. Torres, el fiscal de Crimen Organizado Federico Delfino y el fiscal de Narcotráfico Celso Morales intervendrán en el caso del atentado».

De extracción liberal, Acevedo cumple su cuarto mandato como intendente y es hermano del fallecido parlamentario Robert Acevedo y del actual gobernador departamental

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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