Región
Masacre en Río de Janeiro: revelan que ninguna víctima figuraba entre los más buscados
El operativo de Río de Janeiro refleja un patrón histórico de violencia policial contra poblaciones pobres y racializadas, especialmente en las favelas.
Un informe oficial reveló que ninguna de las 117 personas asesinadas por la Policía de Río de Janeiro durante el megaoperativo contra el narcotráfico figuraba entre los 69 sospechosos identificados por la Fiscalía. La investigación vuelve a poner bajo la lupa la violencia policial y las ejecuciones extrajudiciales en las favelas brasileñas.
Un operativo cuestionado
El operativo, realizado el 28 de octubre en dos de las favelas más populosas de la ciudad, involucró a 2.500 agentes de seguridad con el objetivo de ejecutar un centenar de órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho (CV), la organización narco más antigua y poderosa de Brasil.
Sin embargo, según el relevamiento, solo cinco de los sospechosos fueron detenidos. El resto de las víctimas no tenía antecedentes ni figuraba en los registros judiciales vinculados al narcotráfico.
El documento contradice las versiones oficiales difundidas por la Policía Civil, que había asegurado que “más del 95% de los muertos tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho”.
Reacción política y pedido de juicio
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió el accionar policial y afirmó que las fuerzas “actuaron en legítima defensa ante grupos armados”. “La Policía está en desventaja frente a estas organizaciones criminales”, sostuvo en declaraciones a la prensa local.
Sin embargo, tras conocerse los datos del informe, organizaciones de derechos humanos, sectores políticos y el Ministerio Público Federal exigieron una investigación independiente y pidieron someter al gobernador a un juicio político por la masacre.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU manifestó su “preocupación por la desproporción en el uso de la fuerza letal” y reclamó que Brasil garantice “el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de seguridad pública”.
El Comando Vermelho y el mapa del narco
El Comando Vermelho nació en 1979 en la cárcel de Ilha Grande, cuando un grupo de presos comunes y políticos formaron una alianza para resistir los abusos del régimen militar. Desde entonces, el CV consolidó su poder en los barrios marginales de Río y extendió su influencia a más de 20 estados brasileños.
Durante la última década, su poder fue disputado por el Primeiro Comando da Capital (PCC), con base en San Pablo, lo que desató una guerra territorial que dejó miles de víctimas. Desde 2022, el CV intenta recuperar el control territorial mediante acuerdos con bandas locales y presos federales.
Violencia estructural y desigualdad
El operativo de Río de Janeiro refleja un patrón histórico de violencia policial contra poblaciones pobres y racializadas, especialmente en las favelas. Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el 81% de las víctimas de intervenciones policiales en Brasil son jóvenes negros de entre 15 y 29 años.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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