El expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno de Luis Arce de perseguirlo políticamente luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión en su contra. Morales aseguró que la acción judicial responde a un intento de descabezar al movimiento popular boliviano y acusó al gobierno de “inventar acusaciones” y “torcer las leyes”.

Una causa archivada

El conflicto comenzó cuando Morales no se presentó a declarar en una causa judicial reabierta por la Fiscalía boliviana, relacionada con delitos de abuso de menores y trata de personas en 2016. El caso había sido archivado, pero fue retomado por las autoridades, lo que el expresidente calificó como una persecución política. “Reabriendo un caso cerrado y utilizado por el gobierno de facto de Áñez, violando las leyes nacionales, la Constitución y el Derecho Internacional, el gobierno de Luis Arce está forzando un proceso penal”, escribió Morales en su cuenta de X (antes Twitter).

Morales destacó que este proceso judicial, impulsado por el gobierno de Arce, forma parte de una estrategia más amplia para evitar su retorno al poder, dado que es el político con mayor intención de voto en Bolivia. El exmandatario agregó que las acciones buscan “cumplir el mandato de la Casa Blanca”, insinuando una injerencia extranjera en la política interna del país.

Denuncia de persecución y amenazas

Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años hasta su derrocamiento en 2019, reafirmó su inocencia en el caso y denunció que su vida está en peligro. Alega que no existen garantías de seguridad para su persona y que enfrenta amenazas de muerte. Según el medio Actualidad RT, el exmandatario sostiene que todo el proceso responde a una desesperación del gobierno, que no cuenta con respuestas para la crisis que atraviesa el país ni tiene posibilidades electorales.

El expresidente afirmó que la reapertura del caso se trata de una estrategia de las autoridades para evitar que pueda postularse como candidato en las próximas elecciones presidenciales, bloqueando su participación política mediante acciones judiciales.

Un contexto de tensión política

El panorama político en Bolivia sigue marcado por la tensión desde que Morales fue derrocado en 2019 por un golpe cívico-militar, a pesar de haber ganado las elecciones. Morales denuncia que fue impedido de asumir un nuevo mandato y que el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, ahora lo proscribió para evitar su regreso al poder. Además, el respaldo social que mantiene Morales entre diversos sectores de la sociedad civil genera preocupación en el gobierno actual.

Esta situación se enmarca en un contexto donde las acusaciones de persecución política han sido recurrentes en Bolivia, especialmente tras la asunción del gobierno de facto de Jeanine Áñez, al que Morales responsabiliza de fabricar las acusaciones que ahora se utilizan para llevar adelante este nuevo proceso judicial en su contra.

Las acusaciones de Morales contra el gobierno de Arce reflejan el creciente conflicto interno dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y el escenario polarizado que vive Bolivia. La persecución política denunciada por el ex presidente no solo apunta a su posible exclusión del escenario electoral, sino que también pone en evidencia las divisiones políticas y la inestabilidad del actual gobierno.