El Gobierno de Javier Milei implementó una medida que prohíbe a municipios y gobiernos provinciales incluir tasas e impuestos locales en las boletas de servicios públicos, lo que generó preocupación en las economías regionales. A partir de hoy, las facturas de servicios deberán ajustarse a la resolución 267/24 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que impide la incorporación de este tipo de cargos en los servicios.

Una decisión polémica: ¿Quién paga el pato?

El 10 de septiembre se publicó la normativa que daba a las empresas de servicios públicos un plazo de 30 días para adecuarse a la nueva regulación. Desde hoy, los usuarios solo verán reflejado en las facturas el monto correspondiente al servicio contratado, excluyendo cualquier tipo de tasa o impuesto municipal.

El objetivo de la resolución fue evitar los cobros indebidos que “encarecen el valor total de la factura”, según denunciaron asociaciones de consumidores que respaldaron la medida. Sin embargo, la decisión de la Secretaría de Comercio generó tensiones con los municipios y gobiernos provinciales, que ven en esta norma una traba para sus ingresos, ya de por sí recortados y bloqueados por el Gobierno nacional, que administra discrecionalmente la coparticipación federal.

Impacto en las economías regionales

La normativa, aplicada a nivel nacional, afectará directamente a los municipios y provincias que venían incluyendo tasas locales en las boletas de servicios públicos como electricidad y gas. Estas tasas representaban una fuente de ingresos clave para la administración local, que ahora deberá buscar mecanismos alternativos para cobrarlas. Las economías provinciales, muchas de ellas en situación crítica, verán limitada su capacidad de recaudación.

A su vez, la necesidad de generar boletas específicas para estos conceptos implicará costos adicionales de impresión y distribución para los gobiernos locales, afectando tanto a sus finanzas como a la capacidad de gestión.

Las sanciones por desobedecer la norma

La resolución prevé que las empresas que incumplan con la normativa recibirán multas. Para denunciar irregularidades, los consumidores podrán utilizar la casilla de correo oficial: denunciatufactura@comercio.gob.ar. Las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicadas esta semana, complementan esta normativa al prohibir también la inclusión de conceptos ajenos a los servicios prestados.

Esta medida forma parte de un esquema de políticas que supuestamente promueve la reducción de impuestos, alineado con la filosofía económica del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, muchos expertos y autoridades provinciales advierten que la prohibición afectará las ya debilitadas economías regionales, obligando a los gobiernos locales a recurrir a mecanismos más costosos para recaudar fondos.