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Región

Perú declaró emergencia en su frontera con Ecuador y reforzará vigilancia militar

En Perú, el estado de emergencia se puede extender indefinidamente hasta que el Gobierno disponga lo contrario cuando la seguridad de la población está en riesgo o peligro, según la Constitución.

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Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador y reforzará la vigilancia con contingentes policiales y militares, luego de la crisis originada por ataques del narcotráfico en el país vecino, anunció anoche el gobierno.

«Se va a declarar la emergencia en todos los departamentos (regiones) fronterizos con Ecuador«, dijo anoche el primer ministro Alberto Otárola en declaraciones a periodistas, reflejadas por la agencia de noticias AFP.

La medida incluye a las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes, si bien las dos últimas ya estaban en emergencia desde noviembre pasado ante el incremento de la inseguridad en la frontera.

El funcionario indicó además que Perú enviará a un contingente de las fuerzas especiales de la Policía y a las Fuerzas Armadas para reforzar puestos y pasos de frontera, pero no cuantificó el número de efectivos que participarán de la misión.

Ecuador atraviesa una severa crisis de seguridad, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y ataques a hospitales que ya causaron 10 muertos.

También hubo motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en estado de «conflicto armado interno» y ordenar a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares para neutralizar» el accionar de una veintena de organizaciones.

Perú y Ecuador comparten una extensa frontera de más de 1.400 kilómetros.

Los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Torres, viajarán hoy a la ciudad fronteriza de Tumbes para coordinar las acciones a seguir.

«Mañana (por hoy) los propios ministros van a tomar acciones directas para resguardar toda nuestra frontera y poner a buen recaudo a nuestra ciudadanía», agregó Otárola, mano derecha de la presidenta Dina Boluarte.

La decisión se tomó en un Consejo de Ministros extraordinario convocado a raíz de la crisis en Ecuador, luego de que Quito declarara al país en «conflicto armado interno» y ordenara a los militares «neutralizar» a las bandas narcocriminales que intensificaron sus ataques ayer.

El Gobierno peruano también condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Ecuador, «que vulneran los derechos fundamentales de los ecuatorianos y atentan contra la seguridad de ese hermano país», según un comunicado de la Cancillería.

En Perú, el estado de emergencia se puede extender indefinidamente hasta que el Gobierno disponga lo contrario cuando la seguridad de la población está en riesgo o peligro, según la Constitución.

América Latina

Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones

Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.

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La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia

★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.

El pedido de informes y sus ejes centrales

El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.

«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».

El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.

La voz boliviana y la sospecha sobre la carga

La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.

«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».

Una resolución en defensa de la protesta popular

En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».

El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.

El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019

El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.

Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».

Puntos clave

  • Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
  • La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
  • El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
  • El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
  • La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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