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Denuncia

Contrabando de Macri a la dictadura de Áñez: declaran los que llevaron las armas

Se trata de los gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que llevaba en su carga municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos.

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Los gendarmes argentinos que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales comenzarán a declarar como testigos la semana próxima en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones desde Buenos Aires hacia La Paz en noviembre de 2019.

Se trata de los gendarmes que viajaron a Bolivia a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que llevaba en su carga municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de ese país, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial.

La ronda de testimoniales dispuesta por el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania comenzará el martes y se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria a diez gendarmes.

El magistrado citó, concretamente, a «prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020», según surge de la resolución a la que accedió Télam.

El jueza Catania citó a 10 de los 11 gendarmes que integraron aquella primera misión que se desplazó a Bolivia: quedó afuera de la nómina el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.

En este expediente ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el 1° de marzo del 2020, como también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio del mismo año.

En esta investigación se busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.

¿QUÉ DIJERON?

En la primeras dos rondas testimoniales los gendarmes confirmaron que no utilizaron las municiones trasladadas a Bolivia y que no realizaron prácticas de tiro, por lo que desacreditaron la hipótesis de que ese podría haber sido el motivo por el cual el material represivo no regresó a la Argentina, informaron fuentes con acceso al expediente.

En la primera tanda de testimoniales, los gendarmes de lo que fue el tercer contingente declararon que se trasladaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país -que les fueron entregadas allá- estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados, por lo que allí no hubieran entrado, por ejemplo, las 70.000 balas de goma cuyo destino se investiga.

A partir de una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes que fueron desplazados a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto; por lo que aún espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

LA DENUNCIA

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue asimismo imputado el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

En la investigación paralela que lleva adelante la Justicia boliviana, el 30 de marzo declaró ante el Ministerio Público Fiscal un ciudadano de ese país que durante los últimos 20 años trabajó en la embajada argentina en La Paz y que para la fecha de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Seguridad de la representación diplomática; información que fue revelada por el diario Página/12.

En calidad de testigo, Jorge Bernardo Salinas Berros contó cómo fue la descarga de aquel avión de la Fuerza Aérea Argentina en el que fueron trasportadas las municiones.

«Me llamó la atención que varias personas, cuatro o seis, alzaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo que hay adentro para que pesen tanto y me dijeron los policías que estaban cargando que los gases y las municiones eran pesados», relató.

Salinas Berros detalló también que, para bajar todas las municiones, se debió recurrir a montacargas y que una parte de aquel cargamento se lo llevó la policía de Bolivia y otro la Fuerza Aérea de ese país, información que coincide con la denuncia.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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