Numerosas personalidades de renombre mundial se unieron a una campaña en defensa de la libertad del periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks. Assange se encuentra detenido en Londres y enfrenta un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, donde se le acusa de espionaje y divulgación de documentos secretos que revelaban posibles crímenes de guerra. De ser condenado, podría enfrentar penas de hasta 170 años de prisión.
Figuras de prestigio como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien brindó asilo a Assange en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña hasta su expulsión por parte del sucesor Lenin Moreno, se han sumado a esta campaña liderada por la Internacional Antiimperialista, presidida por el hondureño Manuel Zelaya.
La campaña busca la liberación del activista australiano y expresa que aquellos que denuncian crímenes se encuentran encarcelados y perseguidos, mientras los verdaderos criminales siguen impunes.
Diversas personalidades, como el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, han manifestado su apoyo a Assange, señalando que su detención va en contra de la defensa de la democracia y la libertad de prensa. La campaña también cuenta con la participación de Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien advierte que esta detención busca intimidar y evitar que se revelen los crímenes de lesa humanidad cometidos por diferentes gobiernos de Estados Unidos.
Julian Assange es considerado por muchos como un “preso geopolítico”. Su extradición ha sido aceptada por Gran Bretaña, donde se le acusa de haber publicado informes clasificados, imágenes, videos y cables diplomáticos que exponían las acciones controvertidas de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, así como en la prisión de Guantánamo.
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A pesar de los esfuerzos de su defensa, el Tribunal Supremo británico ha rechazado su apelación, y solo queda una audiencia pública para ratificar o rectificar el veredicto. Aunque el tiempo se acorta, aún existe la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa de Assange argumenta que la orden de extradición viola el Tratado sobre extradiciones entre Estados Unidos y el Reino Unido, el cual establece que no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita es un delito público. Sostienen que la solicitud de Estados Unidos está motivada políticamente, con el objetivo de silenciar y condenar al periodista australiano por revelar información de interés público.
Assange lleva cuatro años recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en condiciones de aislamiento que han deteriorado aún más su salud física y mental.
Organizaciones como Amnistía Internacional también han expresado su preocupación por su bienestar, destacando el frágil estado de su salud mental y advirtiendo sobre el riesgo de que pueda suicidarse en caso de ser trasladado a una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes.
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El 11 de abril de 2019, la Policía británica sacó a Assange de la embajada de Ecuador en Londres, poniendo fin a su estadía de siete años como refugiado.
Las impactantes imágenes de su arresto fueron transmitidas en vivo en todo el mundo, generando una amplia atención y debate sobre su caso.
La detención y posible extradición de Assange han suscitado preocupación y controversia a nivel internacional. Sus partidarios argumentan que su trabajo en Wikileaks ha sido de vital importancia para la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y las instituciones poderosas. Consideran que su enjuiciamiento y posible condena amenazan la libertad de prensa y sientan un peligroso precedente para los periodistas y activistas que buscan revelar la verdad y promover la justicia.
El caso de Julian Assange plantea cuestiones fundamentales sobre el equilibrio entre la libertad de prensa, la seguridad nacional y los derechos humanos.
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La lucha por su libertad continúa, con organizaciones de derechos humanos, periodistas y defensores de la libertad de expresión abogando por su liberación y pidiendo un juicio justo.
El destino de Julian Assange sigue siendo incierto, pero su caso ha puesto de relieve la importancia de proteger y preservar la libertad de prensa en un mundo cada vez más complejo y conectado.
La resolución de este caso marcará un precedente significativo para el ejercicio del periodismo y los derechos humanos en la era digital.
Miembros de la comunidad mapuche realizaron esta tarde una manifestación para pedir que el dirigente Facundo Jones Huala no sea extraditado a Chile y se congregaron en la puerta de un hospital de Esquel, donde el activista permanece internado.
Desde la comunidad originaria indicaron que Jones Huala continua bajo atención médica tras volver a ser internado de urgencia el miércoles pasado, debido al deterioro físico que le ocasiona la huelga de hambre que mantiene en reclamo por su libertad y en rechazo a su extradición al país vecino.
“Fue una convocatoria para brindar apoyo y brindarle fuerzas. También se realizó una ceremonia para pedir que no sea enviado a Chile” señaló a Télam Vanesa Millañanco, integrante de la comunidad mapuche local.
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La manifestación fue realizada desde el movimiento mapuche autónomo del Puelmapu y se llevó a cabo afuera del hospital zonal desde las 17, “en un marco de empatía con las demás personas hospitalizadas en el lugar”, según aseguró la vocera.
“Fue una concentración en apoyo de Facundo. Llegó gente de diferentes territorios a acompañar el nguillipun (ceremonia mapuche). Se dio todo en un marco muy tranquilo”, detalló Millañanco en diálogo con esta agencia.
A fines de setiembre, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de la extradición a Chile del activista mapuche, en una causa por la que está condenado por el incendio de una casa en la región de Los Ríos, en el sur de Chile.
Días atrás, la Corte Suprema ordenó que se concrete la extradición de Huala, quien había estado detenido en la ciudad chilena de Temuco y a comienzos del año pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón.