La ofensiva migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump comenzó a tener consecuencias concretas en distintas comunidades de Estados Unidos. En Key West, Florida, la decisión de terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos provocó temor entre trabajadores que sostienen buena parte de la actividad turística de la ciudad.

Según una investigación publicada por The New York Times, el fin del TPS para los haitianos afecta a unas 330.000 personas que contaban con protección legal para vivir y trabajar en EEUU.

La medida no solo amenaza con modificar la situación migratoria de miles de familias. En Key West, una ciudad cuya economía depende fuertemente del turismo, ya comenzó a sentirse en restaurantes, hoteles, supermercados y otros servicios.

Trabajadores que dejaron de salir a la calle

Key West es una pequeña ciudad ubicada en el extremo sur de Florida. De sus aproximadamente 25.000 habitantes, un abogado especializado en inmigración estimó que al menos 5.000 son haitianos, según el informe del diario estadounidense.

La investigación del periodista David Ovalle, citada por The New York Times, describió un escenario marcado por el temor. Trabajadores haitianos que se desempeñan como personal de limpieza de hoteles, cocineros, conductores de aplicaciones y empleados de supermercados comenzaron a desaparecer de sus lugares habituales.

Algunos fueron detenidos y deportados. Otros dejaron de concurrir a sus trabajos o directamente permanecieron en sus casas, incluso cuando contaban con permisos laborales vigentes.

El miedo también modificó rutinas cotidianas. Muchos haitianos y otros inmigrantes hispanos dejaron de utilizar las bicicletas para trasladarse al trabajo, una práctica habitual en Key West, por temor a llamar la atención de las autoridades migratorias.

Una comunidad atravesada por el miedo

El diario también recogió testimonios de personas que viven en Key West. Frances Robles, periodista de The New York Times que reside en la ciudad, relató situaciones que observó en su entorno.

Entre ellas mencionó el caso de un peluquero que fue detenido durante más de un mes y finalmente enviado a su país de origen. También contó que una trabajadora de limpieza abandonó la ciudad y regresó a Nicaragua junto con su esposo.

La situación amenaza con profundizar una falta de trabajadores en una ciudad cuya economía depende del turismo. El período de menor actividad todavía no terminó y en los próximos meses se espera la llegada de visitantes que pasan el invierno en Florida.

El Gobierno defiende el fin del TPS

Frente a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos defendió la decisión de poner fin a la protección temporal.

Según la respuesta enviada al New York Times, el organismo sostuvo que el “Temporary Protected Status” es exactamente eso: temporal y cuestionó que durante años haya funcionado, según su interpretación, como una forma de protección permanente.

El gobierno de Trump sostiene que el programa nunca fue pensado como una situación definitiva y que su aplicación debe ajustarse al carácter temporal establecido por la legislación.

“Alligator Alcatraz”: denuncian condiciones inhumanas

La investigación del New York Times también puso el foco en otro aspecto de la política migratoria de Trump: las condiciones de detención.

Un informe de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional analizó el funcionamiento de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención ubicado en los Everglades que cerró durante el verano.

El organismo encontró incumplimientos relacionados con atención médica, alimentación, higiene y recreación.

Uno de los elementos más cuestionados fueron pequeñas estructuras metálicas utilizadas como “áreas de calma”, donde algunos migrantes permanecieron encerrados durante períodos de hasta una hora.

El informe identificó al menos un caso en el que una de esas estructuras fue utilizada como forma de disciplina contra una persona detenida por no cumplir una orden.

Los espacios tenían aproximadamente 18 pies cuadrados, una superficie similar a la de un pequeño baño y muy inferior al estándar nacional de detención de 75 pies cuadrados mencionado en el informe.

El organismo concluyó que esas condiciones “no se alinean con los estándares para un trato humano”.

Incluso los inmigrantes legales enfrentan dificultades

La investigación también abordó otro problema: las dificultades que enfrentan personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos para demostrar su situación migratoria.

El periodista Minho Kim, de The New York Times, consultó a 35 abogados especializados en inmigración y encontró que algunos de sus clientes recibieron documentos oficiales fuertemente censurados o directamente respuestas en las que el Gobierno aseguró que determinados registros no existían.

Según los abogados consultados, esta situación puede dejar a personas con estatus legal en una posición de vulnerabilidad frente a los controles migratorios.

Uno de los casos citados es el de Cipriano Alarcon-Galvez, un ciudadano mexicano de 54 años que solicitó documentación relacionada con una petición de residencia presentada por su madre, ciudadana estadounidense naturalizada, en 1993.

Más de la mitad de los documentos que recibió estaban completamente censurados, según los registros revisados por el diario. Otra solicitud realizada por su madre permitió obtener copias de peticiones de residencia, pero la información correspondiente a sus hijos aparecía eliminada.

Alarcon-Galvez tiene cuatro hijas ciudadanas estadounidenses y vive desde hace décadas en California. Sin embargo, actualmente enfrenta un proceso de deportación.

Una política que ya modifica la vida cotidiana

Los casos recopilados por The New York Times muestran distintas consecuencias de la ofensiva migratoria de Trump: trabajadores que dejan sus empleos, familias que evitan salir de sus casas, personas detenidas y deportadas y dificultades incluso para quienes buscan demostrar que tienen derecho a permanecer legalmente en el país.

En lugares como Key West, el endurecimiento de los controles migratorios también comienza a impactar directamente sobre la economía local, especialmente en sectores que dependen de trabajadores migrantes.