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Educación

Unicef instó a los gobiernos del mundo a dar prioridad a la reapertura de las ESCUELAS

La pandemia dejó cerca de 320 millones de alumnos sin clases presenciales, con «poca evidencia de que las escuelas contribuyan a tasas más altas de transmisión», por eso Unicef pidió que se retomen las clases y a tomar todas las medidas posibles para que sean lo más seguras posible.

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La pandemia dejó cerca de 320 millones de alumnos sin clases presenciales, con «poca evidencia de que las escuelas contribuyan a tasas más altas de transmisión», por eso Unicef pidió que se retomen las clases y a tomar todas las medidas posibles para que sean lo más seguras posible.

Las aulas de casi uno de cada cinco escolares de todo el mundo, unos 320 millones, estaban cerradas el 1 de diciembre a raíz de la pandemia de coronavirus, un aumento de casi 90 millones desde los 232 del pasado 1 de noviembre, alertó este martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Esto significa que, en coincidencia con el recrudecimiento mundial de la pandemia, el número de estudiantes afectados por los cierres de las escuelas relacionados con la pandemia aumentó en un 38% el mes pasado, según los datos recopilados por Unicef.

En este contexto, el organismo de la ONU advirtió sobre el «daño continuo» al aprendizaje y bienestar de la infancia a medida que aumenta de nuevo el número de niños y niñas afectados por el cierre de escuelas.

El jefe de Educación de Unicef, Robert Jenkins, lamentó que, en este campo, se esté «avanzando en la dirección equivocada» y se lo haga «muy rápidamente», a pesar de «todo lo que hemos aprendido sobre Covid-19, el papel de las escuelas en la transmisión comunitaria y los pasos que podemos dar para mantener a los niños seguros».

«La evidencia muestra que las escuelas no son los principales impulsores de esta pandemia», dijo Jenkins, quien puso el foco en la «tendencia alarmante» en la que los Gobiernos «cierran una vez más las escuelas como primera medida y no como último recurso».

«En algunos casos, esto se está haciendo a nivel nacional, en lugar de comunidad por comunidad, y los niños continúan sufriendo los efectos devastadores en su aprendizaje, bienestar mental y físico, y seguridad», explicó.

Para el organismo de la ONU, cuando las escuelas cierran, los niños corren el riesgo de perder su aprendizaje, su sistema de apoyo, alimentos y seguridad.

Los niños más vulnerables, que son los que tienen más probabilidades de abandonar la escuela, «pagan el precio más alto», dijo Jenkins, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Unicef dijo temer que «demasiadas» escuelas cierren «innecesariamente» por no haberse puesto suficiente énfasis en tomar las medidas necesarias para hacer que estén a salvo de la Covid-19.

Un estudio global reciente que utilizó datos de 191 países no mostró asociación entre la situación de las escuelas y las tasas de infección por coronavirus en la comunidad.

Con poca evidencia de que las escuelas contribuyan a tasas más altas de transmisión, Unicef instó a los Gobiernos a dar prioridad a la reapertura de las escuelas y tomar todas las medidas posibles para que sean lo más seguras posible.

Así, los planes de reapertura de escuelas deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos más vulnerables, porque los sistemas educativos también deben adaptarse y desarrollarse para resistir crisis futuras.

«Lo que hemos aprendido sobre la escolarización durante la época de la Covid-19 es claro: los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan con creces los costes de cerrarlas, y los cierres de escuelas a nivel nacional deben evitarse a toda costa», opinó Jenkins.

Educación

Gratuidad universitaria: el aniversario expone un ajuste sin precedentes en democracia

A 77 años del decreto de Perón que suspendió los aranceles universitarios, el sistema público llega al Día de la Gratuidad con su presupuesto en el nivel más bajo desde 2006, salarios docentes que perdieron más de un tercio y una Ley de Financiamiento que Milei sigue sin aplicar pese a los fallos judiciales.

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El financiamiento por estudiante en las universidades nacionales cayó a 2,4 millones de pesos anuales a valores de 2026, el nivel más bajo desde por lo menos 2004. Con ese dato a cuestas llega el sistema universitario argentino a un nuevo 22 de noviembre, la fecha que recuerda el día en que el Estado decidió que estudiar una carrera no podía depender del bolsillo de cada familia.

El 22 de noviembre de 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió el cobro de aranceles en las universidades nacionales. Décadas más tarde, el Congreso de la Nación consagró esa fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria a través de la Ley 26.320. Este año, la conmemoración encuentra a docentes en paro, a rectores litigando contra el Poder Ejecutivo y a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario vigente en los papeles pero sin aplicación en los hechos.

El decreto que abrió las aulas

Los considerandos del decreto de 1949 dejaron por escrito una concepción del Estado que hoy está en discusión. El texto sostuvo que «el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura» de su población, y que «es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria«. Para eso, planteó la necesidad de eliminar todo obstáculo que impidiera a los jóvenes con vocación acceder a los estudios superiores.

La medida se inscribió en el marco de la reforma constitucional de ese mismo año, a la que el propio decreto hacía referencia. Su efecto fue la apertura de la universidad a sectores sociales que hasta entonces la tenían vedada. Cada 22 de noviembre circula en redes sociales una frase atribuida a Perón que resume esa lectura: la mayor conquista habría sido que la universidad se llenara de hijos de obreros.

La gratuidad no fue un camino lineal. Tras el golpe de 1955 que derrocó al segundo gobierno peronista, las sucesivas dictaduras intentaron reinstalar aranceles, y en democracia hubo gobiernos que impulsaron esquemas de privatización o cobro. Recién en 2015, con la Ley 27.204, la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas quedó establecida por ley del Congreso.

Un ajuste sin precedentes en democracia

Setenta y siete años después, la gratuidad formal sigue en pie, pero las condiciones materiales que la sostienen se erosionaron a un ritmo inédito. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario cayó 29% en términos reales entre 2023 y 2025 y tocó su punto más bajo desde 2006. La organización describió ese deterioro como algo que no tiene precedentes desde el retorno de la democracia.

El golpe se sintió de lleno en los salarios. De acuerdo con el mismo relevamiento, en marzo de 2026 el sueldo real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva era 25% inferior al de tres años antes, y el ingreso promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del registrado entre 2011 y noviembre de 2023. Mientras tanto, la matrícula siguió creciendo. ACIJ también señaló que parte de la escasez de recursos se explica por la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales, que implicó una merma de unos 5 billones de pesos en dos años: el Estado resignó recaudación de los sectores de mayor patrimonio mientras ajustaba sobre las aulas.

Una ley insistida por el Congreso y frenada por decreto

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras con la mayoría necesaria para insistir. El Ejecutivo debió promulgarla, pero lo hizo a través del Decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a la definición de fuentes de financiamiento y la dejó, en la práctica, suspendida.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires y gremios docentes acudieron a la Justicia. A fines de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó en forma cautelar aplicar los artículos referidos a salarios y becas, y la Cámara del fuero confirmó esa decisión al señalar que el Ejecutivo no podía suspender una ley del Congreso invocando una norma anterior.

El 6 de octubre de este año, el juez Martín Cormick fue más lejos: declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la norma a la definición de recursos y ordenó al Gobierno su «cumplimiento inmediato». El magistrado consideró que la ley sí contemplaba pautas de financiamiento, ya que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas. El Gobierno apeló con el argumento de que la norma compromete el equilibrio de las cuentas públicas.

En las últimas semanas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el recurso extraordinario del Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes y a sostener los programas estudiantiles. Aun con el máximo tribunal en contra, los fondos no llegaron a las universidades.

Presupuesto 2027: un tercio menos de lo necesario

El próximo capítulo se juega en el Congreso. Según el CIN, las universidades nacionales necesitan 11 billones de pesos para funcionar en 2027, mientras que el proyecto oficial les asigna alrededor de 7,3 billones. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a un paro nacional para el miércoles 25 de noviembre, el mismo día en que la Cámara de Diputados prevé tratar el Presupuesto, con movilización al Congreso.

«Paramos porque quieren asignar un 33% menos de lo que quiere el sistema para funcionar», señaló el gremio en un comunicado. Su secretaria general, Clara Chevalier, sostuvo que «la pérdida salarial supera el 35%, a los docentes les sobra mes al final del sueldo«. La CONADU Histórica, por su parte, encadenó semanas de paro desde fines de octubre en reclamo del cumplimiento de la ley y del pago de la deuda salarial.

Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario de Catamarca, advirtió que «hace más de un año que la ley no se aplica» y reclamó que se apruebe el presupuesto universitario «con los 11 billones de pesos para poder trabajar tranquilamente«. Sin esos recursos, alertó, quedarán sin pagar becas y proyectos de investigación y extensión.

La paradoja es evidente: el país celebra una conquista que nació de la decisión política de financiar la educación superior, mientras el Gobierno actual litiga hasta la Corte para no cumplir una ley que busca garantizarla. La gratuidad sobrevive como principio; lo que está en disputa es si quedará algo que sea gratuito de verdad.

Lo que tenés que saber:

  • El 22 de noviembre de 1949, Perón firmó el Decreto 29.337, que suspendió los aranceles universitarios; la Ley 26.320 instituyó la fecha como Día Nacional de la Gratuidad Universitaria.
  • Según ACIJ, el presupuesto universitario cayó 29% real entre 2023 y 2025 y el financiamiento por estudiante es el más bajo desde 2004.
  • La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue insistida por el Congreso, pero el Gobierno la frenó con el Decreto 759/2025, declarado inconstitucional por el juez Cormick.
  • La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a actualizar salarios y sostener programas estudiantiles.
  • El CIN pide 11 billones de pesos para 2027 y el proyecto oficial prevé unos 7,3 billones; la CONADU para el 25 de noviembre.

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