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Múltiples protestas sacuden al gobierno de Macron
Continúan los reclamos contra la impopular reforma jubilatoria que impuso el presidente francés por decreto.
Francia vivió hoy la undécima jornada de protestas contra la impopular reforma jubilatoria aprobada por decreto por el presidente liberal Emmanuel Macron, ocho días antes de una decisión clave de la justicia que podría desbloquear o profundizar un conflicto que golpea la imagen del gobierno.
Al menos 20 personas fueron detenidas en París en el marco de las manifestaciones, que movilizaron a cerca de 400.000 personas en todo el país, según cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT), una cifra algo menor que en la última protesta del 28 de marzo.
Pese a que en general las protestas fueron pacíficas, en París se registraron algunos incidentes y momentos de tensión después de que una bengala lanzada en un choque entre un grupo de manifestantes radicales y las fuerzas de seguridad incendiara una parte del toldo del restaurante La Rotonde, un lugar apreciado por Macron.
En Nantes, la Policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, al igual que en Lyon, indicó la agencia Europa Press.
Además, grupos de trabajadores ocuparon las sedes y las instalaciones de algunas empresas y multinacionales, pero sin mayores incidentes, como la de la inversora estadounidense Black Rock, en París, por parte de los ferroviarios en su camino a la Asamblea Nacional.
Liceos y universidades bloqueados, algunos trenes anulados y una frecuencia en el transporte público de París «casi normal» apuntan a un movimiento de protesta que continúa, pero que en las últimas semanas perdió fuerza en un país que todavía no halló una solución a la crisis social y política.
«Tenemos la impresión de que estamos frente a un Gobierno sordo (…), de que a Emmanuel Macron no le interesa en absoluto lo que pasa en su propio país», dijo a la AFP Elise Bouillon, una estudiante de Urbanismo, quien protestó en París contra una reforma «injusta y brutal».
Ayer, una reunión entre la primera ministra, Élisabeth Borne, y los principales líderes sindicales sirvió para constatar que sus posiciones no cambiaron, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional el 14 de abril.
«Estamos todavía en este momento en que pedimos la retirada de la reforma. El gobierno dijo: ‘Vamos hasta el Consejo Constitucional, es el proceso democrático'», manifestó hoy en la radio RTL el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien corresponde a Macron «solucionar» el «problema».
Por su parte, la nueva líder de la CGT, Sophie Binet, dijo que «pase lo que pase, la movilización seguirá de una forma u otra». «La única solución es la retirada de esta reforma», insistió.
Pero el Gobierno se niega a retirar su reforma, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa, algo que rechazan dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su presentación a mediados de enero generó una oleada de protestas, que se radicalizaron el 16 de marzo cuando el presidente decidió adoptarla por decreto, al temer una derrota en el Parlamento, donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta.
El gobierno defiende que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa permitirá evitar un futuro déficit en la caja de las jubilaciones, pero sus opositores consideran que castiga más a las mujeres con hijos y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.

Muestra del malestar todavía presente, empleados del sector cultural desplegaron ayer en el Arco del Triunfo de París una pancarta con el lema: «No a los 64».
Desde el 7 de marzo, cuando los sindicatos movilizaron a 1,28 millones de personas, según la policía, y 3,5 millones, según el sindicato CGT, las manifestaciones perdieron fuerza. El 28 de marzo, fueron entre 740.000 y más de dos millones, según sendas fuentes.
Todas las miradas están puestas en el Consejo Constitucional. Su dictamen sobre la validez o no de la reforma marcará la evolución de un conflicto social enquistado y que beneficia, según los observadores y los sondeos, a la líder ultraderechista Marine Le Pen.

El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, responsabilizó de la situación a Macron, a quien advirtió de la «crisis democrática» que se vive y del «riesgo de ascenso de la extrema derecha».
Pero el entorno del mandatario de 45 años rechazó ese análisis y subrayó que la reforma formaba parte del programa con el que logró su reelección en 2022 con casi un 59% de votos en el balotaje frente a Le Pen.
Mientras tanto, la primera ministra Borne multiplicó los contactos esta semana con las fuerzas políticas para intentar lograr una mayoría estable en el Parlamento, pero no lo consiguió: Los Republicanos (derecha), aliado del gobierno en la batalla de la reforma jubilatoria, rechaza una alianza global con el oficialismo.
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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo
El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.
Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.
La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.
Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre
El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.
Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.
El fallo humano en la cadena de verificación
En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.
Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.
Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.
Una regulación que depende de la app que uses
Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.
Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.
El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.
Lo que tenés que saber
- La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
- La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
- El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
- Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
- La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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