Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima

Perú conmemora este martes el trigésimo aniversario de la noche en que un presidente elegido en democracia, Alberto Fujimori, disolvió las instituciones y asumió poderes omnímodos, con apoyo militar, en un país consumido por la violencia y la crisis económica.

Para el politólogo Alonso Cárdenas, el autogolpe dejó dos legados básicos: la Constitución vigente -con su estructura económica-, y la corrupción enseñoreada en todos los extremos del país.

Y en ese marco, «hoy el peruano promedio, de a pie, vive peor que su similar de la mayoría de países de América Latina», dijo Cárdenas, de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, en diálogo con Télam.

Aquella noche dominical del 5 de abril de 1992, cuando los peruanos se iban a la cama, los programas de fútbol fueron interrumpidos por un mensaje de Fujimori, quien en las semanas precedentes se había dedicado a criticar con rudeza a los «partidos tradicionales».

«A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la actitud obstruccionista y la conjura encubierta contra los esfuerzos del Gobierno por parte de alguna cúpulas partidarias«, clamó un circunspecto Fujimori antes de lanzar su célebre verbo: «disolver» (al Congreso y a otras instituciones).

Terminada la breve alocución, puntos estratégicos del país estaban tomados por los militares. Decenas de personas fueron detenidas, incluidos congresistas, mientras frente a los medios se estacionaban tanques amenazantes.

El resto del año, Perú vivió bajo un régimen dictatorial, llamado «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», hasta que, a inicios de 1993, entró en funciones un Congreso Constituyente encargado de redactar una Carta Magna para reemplazar a la de 1979.

Para algunos, la dictadura se extendió en realidad hasta el 2000, año en que Fujimori y su poderoso asesor Vladimiro Montesinos cayeron por una ira popular que se generó por la desbordada corrupción y los atropellos a los derechos humanos.

«No se puede ocultar que desde 1992 un solo poder, el Ejecutivo, y solo dos personas, Fujimori y Montesinos, con apoyo de las Fuerzas Armadas, usurparon todas las funciones del Estado«, escribió el investigador Félix Reátegui, al reflexionar sobre si al período 1993-2000 se le puede llamar democrático.

En 1992, como desde la década anterior, Perú vivía un infierno: El grupo armado maoísta Sendero Luminoso lo desangraba con una ofensiva en que la mayoría de víctimas eran campesinos pobres de los Andes, y el ex presidente Alan García (1985-1990) había dejado de herencia un caos económico en el que la inflación se contaba por millones.

«Lo que hizo Fujimori (con el autogolpe) fue aplicar a rajatabla y sin anestesia las recetas del Consenso de Washington», dijo Cárdenas.

El recetario incluía privatizaciones a granel y la construcción de una economía totalmente enfocada en el sector privado, en la que el Estado era (o es) invitado de piedra. Y añadía elementos colaterales obvios, como el recorte de garantías laborales, reseñó el experto.

La otra herencia, la corrupción, se resume en la lista de ex mandatarios presos, prófugos, investigados o suicidados.

El aspecto económico, para el experto, quedó al desnudo con la pandemia de coronavirus, que hizo de Perú el país más afectado del mundo en término de muertos por número de habitantes. El sistema colapsó mientras importaba desesperado oxígeno básico desde Ecuador.

Los apologistas del autogolpe sostienen que era necesario y sirvió para los dos temas centrales: el control de la hiperinflación y el fin de Sendero, cosas que en efecto se lograron, aunque con muchos matices sobre circunstancias históricas y con la duda de si tales éxitos no se hubieran alcanzado en democracia.

Al margen de que persistieran otros problemas económicos, la hiperinflación y el desorden alanista desaparecieron. Y desapareció Sendero, aunque en su caso hubo factores exógenos y endógenos, no obstante lo cual la lucha antisubversiva derivó en graves violaciones a los derechos humanos, como las que tienen hoy presos a Fujimori y Montesinos.

Fujimori, ignoto profesor universitario, dio en 1990 una de las mayores sorpresas en la historia electoral de América Latina, al ser elegido presidente como consecuencia del malestar que generaban los demás candidatos, incluido el célebre escritor Mario Vargas Llosa, que se creía seguro triunfador por una coalición de derechas.

Sus primeros 20 meses fueron intrascendentes. No estaban claras sus líneas de Gobierno, su gabinete ministerial era una amalgama de tendencias y su partido, Cambio 90, no mostraba ninguna consistencia ideológica. En ese marco sobrevino el autogolpe.

«Lo que pasó ese 5 de abril fue un golpe de Estado planeado cuidadosamente. No estoy seguro de cuánto en los cálculos de Fujimori, pero sí de Montesinos, sin ninguna duda», dijo en una entrevista con el diario La República el periodista de investigación Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado por el Ejército mientras se anunciaban las medidas.

«Fue un golpe de Estado cuyo objetivo era tomar control dictatorial, vertical del país. Luego se adaptó para mantener una especie de cosmética de democracia, pero durante largos años el país estuvo en manos de Montesinos y Fujimori», insistió el periodista que reveló en su momento el poder que tenía el entonces desconocido asesor.

El aniversario encuentra al ex presidente a la espera de que un fallo polémico del Tribunal Constitucional abra la puerta de la cárcel en que desde 2007 purga 25 años como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros, incluido el de Gorriti. Ya pagó por otros varios delitos y en varios más ni siquiera han comenzado los juicios.

No le será fácil, sin embargo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó cartas, pues no concuerda con beneficios para casos de lesa humanidad. Es posible que, a sus 83 años y con una salud supuestamente deteriorada, Fujimori siga encarcelado pese a las maniobras.

Hasta el 5 de abril de 1992, Fujimori era la anécdota de quien, sin saberse cómo, ganó la presidencia. Hoy, con su hija Keiko como continuadora, divide al país en dos bandos: fujimorismo y antifujimorismo. El primero es implacable desde la oposición. El segundo, variopinto, le gana las elecciones, pero no se consolida como bloque homogéneo.