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Denuncia

Vialidad: se vienen las apelaciones a la condena

El veredicto no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema.

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El tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros imputados en la llamada «causa Vialidad» dará a conocer el próximo 9 de marzo los fundamentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.

Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.

Tras dar a conocer su decisión el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.

Pero como fija la ley, ahora tendrán que difundir los fundamentos completos de su veredicto, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes podrán apelar ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.

A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos completos.

Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.

Ambos habían reclamado 12 años de prisión a la vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado, el de administración fraudulenta.

Además irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.

En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial».

Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.

En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte del Poder Judicial.

En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó «una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».

En cuanto a la vicepresidenta, opinaron que tuvo «un interés manifiesto sobre el plan criminal» plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.

Días antes, al hacer uso de sus «últimas palabras» ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría «ya está escrita» por el «partido judicial».

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019 de manera presencial y estuvo suspendido seis meses por la pandemia de Covid-19 entre marzo y agosto de 2020, cuando se reanudó de manera virtual; finalmente entró en 2022 su etapa de alegatos, últimas palabras y veredicto.

En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.

Los tres jueces de la sala IV de Casación, como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.

Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.

En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.

Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.

Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Lázaro Báez, dueño de la empresa «Austral Construcciones», recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.

También quedaron condenados a seis años de cárcel el ex titular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.

Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.

El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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