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Judiciales ⚖️

Caputo y Gutiérrez, los empresarios señalados por Cristina

La vicepresidenta apuntó a la «frecuencia y la familiaridad de la relación» de Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri; y Gutiérrez, del Grupo Farallón, con López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos que la expresidenta exhibió en su descargo.

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Los empresarios Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez fueron apuntados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la exposición que realizó hoy a través de las redes sociales, en el marco de lo que denominó su «derecho a la defensa» luego que el Tribunal Federal Oral (TOF) N° 2 le negara la posibilidad de ampliar su indagatoria en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

La expresidenta cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no hayan observado la «frecuencia» con que los empresarios Caputo y Gutiérrez, entre otros, se comunicaban con el exsecretario de Obras Públicas José López, ante lo cual mostró una serie de mensajes y llamadas telefónicas.

Cristina apuntó a la «frecuencia y la familiaridad de la relación» de Caputo, amigo personal del expresidente Mauricio Macri; y Gutiérrez, del Grupo Farallón, con López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos que la expresidenta exhibió en su descargo.

Cristina se refirió de esta forma al registro de llamadas del teléfono que se le secuestró a López el día de su detención en el convento de Luján, con detalles de contactos que se produjeron entre 2013 y mediados de junio de 2016.

La Vicepresidenta recordó también que cuando se investigó de donde provenían los 9 millones de dólares en fajos de billetes termosellados de la Reserva Federal de EEUU que había en el bolso de López, la FED informó que «un fajo había sido enviado al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama (Jorge) Sánchez Córdoba. ¿Quién es Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con (Daniel) Angelici en (el club) Boca». «Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamó la atención este grado de familiaridad? Notable», dijo Cristina Fernández.

Tanto Caputo –que habría mantenido un total de 109 comunicaciones con López entre 2013 y mediados de 2016- como Gutiérrez –con 177 contactos– son empresarios del rubro de la construcción.

Caputo es titular del Grupo Caputo, cuyas firmas principales son Caputo SA, SES SA, Mirgor SA y Sadesa, que -entre otras cosas- prestan servicios al estado en obra pública, con áreas de negocios tanto en construcción, producción de equipos de aire acondicionado y energía. En el plano político, «Nicky» Caputo forma parte del PRO, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri, con quien mantiene un vínculo estrecho.

Otro de los apuntados, Gutiérrez, es titular de Grupo Farallón, dedicado a la obra pública durante las presidencias de Cristina Kirchner. En su caso, el juez federal Daniel Rafecas lo procesó junto a otros empresarios como supuestos testaferros del exfuncionario José López.

«Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, porque no era como ellos decían, porque habían adoptado el guion de los medios, buscan pruebas en otras causas», subrayó Cristina, al hacer su llamado de atención sobre los vínculos «de familiaridad y cercanía de todos los días» entre López, Caputo y Gutiérrez.

Cristina Fernández también hizo una mención especial a las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una licitación lanzada durante su último gobierno que fue ganada por Odebretch y el Grupo Iecsa, que establecía como condición que las empresas eran las encargadas de conseguir financiamiento para la concreción de la obra.

La vicepresidenta señaló que «seis meses después» de que asumiera Macri, a través de un DNU firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti se modificó el Presupuesto General y se incluyó un financiamiento de $45.000 millones para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. «Qué hace en una ampliación de presupuesto si (el financiamiento) tenía que venir de afuera», se preguntó Cristina.

«El Estado cambia unilateralmente las reglas y perjudica al erario público», agregó la vicepresidenta. A renglón seguido, recordó que en 2017 –luego de que se presentara una denuncia por vinculación de parentesco-, se informó que Iecsa fue adquirida por el empresario Marcelo Mindlin.

«Dijeron que la vendieron a Marcelo Mindlín, en realidad nunca les creí demasiado a eso… así está la realidad argentina», completó Cristina. Mindlin y el magnate Joe Lewis son los titulares de la firma Sacde, el nuevo nombre de la constructora tras la operación de compra informada en 2017 por el presidente de Pampa Energía.

En su exposición, la vicepresidenta también apuntó al empresario Juan Chediack, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y titular de la firma Chediack.

Según Cristina, en los mensajes Chediack le agradecía a López por determinadas gestiones y lo mantenía al tanto de los avances de algunas obras. Chediack en su momento también declaró como arrepentido en la denominada causa «Cuadernos».

Investigación 🔎

Causa Andis: sobreprecios de alrededor de 2.000% y prótesis nunca entregada

Informes remitidos a la Justicia detectaron una prótesis facturada como entregada sin haber llegado al paciente, facturas duplicadas y diferencias de precios de hasta 1972% frente a compras del PAMI.

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De la prótesis fantasma a las facturas duplicadas: el detalle de las irregularidades en la ex Andis.

Un paciente de Río Negro que había perdido una extremidad esperó una prótesis que, según la documentación oficial, ya le había sido entregada. La realidad fue otra: el elemento nunca llegó a sus manos, pese a que existía un remito firmado por su madre. Informes técnicos remitidos a la Justicia sobre las compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) reconstruyeron ese caso entre una lista más amplia de presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos.

Los documentos fueron enviados a la Justicia por el Ministerio de Salud y por el interventor de la ex Andis, Alejandro Vilches, en el marco de la causa judicial que investiga posibles irregularidades en el sistema de compras del organismo. El material incluye comparaciones de precios contra otras entidades públicas que muestran diferencias de hasta el 1972%.

La prótesis que figuraba entregada pero nunca llegó

El caso del paciente rionegrino, que había sufrido una amputación, fue uno de los que más llamó la atención de los investigadores. Según el reporte, existía un remito firmado por la madre del beneficiario que daba cuenta de la entrega del elemento ortopédico. Pero al consultar directamente a los familiares se estableció que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas, y que la prótesis en verdad nunca fue recibida.

Un desfasaje de $158.717 millones y sobreprecios de hasta 1972%

Entre los ejemplos que constan en los informes figura la compra de válvulas bicavales transcatéter a la firma Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones. Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar, mientras que en implantes cocleares el precio promedio abonado a Droguería Floresta fue de US$62.613, muy por encima de las referencias de mercado. En conjunto, los informes técnicos detectaron un desfasaje de $158.717 millones entre lo pagado por la ex Andis y los valores de referencia relevados.

Facturas duplicadas y productos importados con sobreprecios de hasta 1000%

Los documentos también consignaron una factura de la empresa Indecomm que habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada una, y una diferencia del 219% en la compra de un neuroestimulador. A eso se suman presuntos errores de categorización en las adquisiciones y la compra de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% respecto de alternativas nacionales disponibles en el mercado.

El material fue incorporado a la investigación judicial que analiza posibles irregularidades en el esquema de compras de la ex Andis, en el marco de una causa que ya alcanzó a distintos funcionarios y proveedores del organismo durante la gestión libertaria.

Lo que tenés que saber:

  • Un paciente de Río Negro amputado nunca recibió la prótesis que figuraba entregada en la documentación oficial de la ex Andis.
  • Los informes técnicos detectaron un desfasaje de $158.717 millones entre lo pagado y los valores de referencia.
  • Se registraron diferencias de precios de hasta el 1972% frente a compras realizadas por otros organismos públicos.
  • Una factura de Indecomm habría sido abonada dos veces, por $28,7 millones cada una.
  • Se detectaron sobreprecios de entre 300% y 1000% en productos importados frente a alternativas nacionales.
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