La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó hoy ante la Cámara Federal porteña que se ordene el secuestro del teléfono celular del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman y advirtió que hasta el momento «ninguna prueba» lo desincriminó en la línea de investigación que lo vincularía con su intento de asesinato el 1 de septiembre pasado.

«Ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman», advirtió uno de los abogados de la querella, Marcos Aldazábal, y planteó como «esencial» realizar una pericia al celular del diputado, investigado en relación a la frase que se le adjudica haber pronunciado en el bar Casablanca, días antes del intento de magnicidio: «Cuando la maten, voy a estar en la Costa».

Durante la audiencia en el Tribunal de Apelaciones el abogado de Milman, Manuel Barros, calificó de «excursión de pesca» la investigación al diputado, dijo que no hay motivos para que se secuestre su teléfono celular y recordó otros casos penales, como el del fallecido fiscal Alberto Nisman, cuando «se abrió el teléfono con consecuencias bastante feas, mostraron todo y no hacía a la investigación». «Después nadie se hace cargo», remarcó.

Los abogados querellantes Aldazábal y José Manuel Ubeira participaron por la mañana y durante casi una hora de una audiencia ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes también escucharon al defensor de Milman.

Cumplida esta instancia, los magistrados quedaron en condiciones de resolver el planteo, en el marco del cual cuentan ya con el dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien concluyó que debe ordenarse el secuestro del celular.

Para la querella de la Vicepresidenta, «realizar la prueba es imperante», sostuvo Aldazábal al inicio de la audiencia presencial realizada ante los tres jueces en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

El abogado recordó que borraron los celulares de una de las asesoras que estuvo con él en Casablanca y del mismo Milman en una reunión con un perito y a otra «le aconsejan comprar un iphone nuevo y decir que se había olvidado la clave de acceso» al almacenamiento remoto.

Los argumentos en base a los cuales la jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido «son todos aparentes y ninguno se sostiene» e insistió: «Realizar la prueba es imperante, el celular ya debe haberse borrado, pero esto no puede ser excusa para no realizar la prueba de todas maneras, debe intentar realizarse».

«El contexto ahora es distinto, más robusto y por eso el fiscal ahora lo pide. Milman borró su celular cuando todavía no estaba pedido el secuestro», agregó y remarcó que por su condición de diputado se debe pedir autorización a la Cámara Baja pero no es necesario un desafuero y que «la norma es clara» al respecto.

La querella remarcó que se trata de una prueba «esencial» y que pide un «peritaje estrictamente vinculado al atentado, como lo pidió el fiscal y nosotros compartimos».

El segundo en exponer fue Ubeira, quien sostuvo que de parte de la jueza Capuchetti «no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas» y que Milman «debería haber entregado su celular como diputado».

Además recordó que «la jefa del partido» del diputado «hasta el día de hoy no repudió el atentado».

«Esta causa la llevamos a remolque en contra del sistema judicial», cuestionó Ubeira y dijo que «se aseguraron el borrado» de los celulares de Milman y sus dos asesoras presentes ese día en el bar, esto ocurrió «en oficinas que pertenecerían al partido de (Patricia) Bullrich».

Ubeira sostuvo que «si hubiera sido por ellos (jueza y fiscal), había tres personas llevadas a juicio. Nada más se hubiera investigado y la persona denunciante (de Milman) estaría con falso testimonio».

La querella también reclamó a la Cámara que revoque otra decisión de Capuchetti, vinculada a un límite temporal que se fijó para peritar el teléfono celular de una de las por entonces asesora de Milman, Carolina López Mónaco

La audiencia cerró con la exposición del defensor de Milman, Barros, quien se presentó en la causa a principios de este mes y pidió participar.

«¿Por qué Milman tiene que ofrecer el teléfono? -se preguntó ante los jueces- ¿Sólo por ser diputado? Es algo que la ley no impone», y agregó que «todo lo que dicen acá no me da un elemento objetivo que pueda hablar de participación de Milman» en el atentado a la Vicepresidenta.

Además, recordó que la fiscalía del caso dispuso un entrecruzamiento de llamadas que incluyó los teléfonos de los tres detenidos por el atentado, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con otros números, el de Milman incluido, y dio como resultado que «no hubo cruces entre ellos. No se comunicaron»

«Hicieron toda una teoría pero del por qué van a abrir el celular, no lo dicen. Es una excursión de pesca porque en el expediente no hay nada», dijo y recordó lo ocurrido en otros peritajes parecidos en otras causas penales, entre ellas la de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Tras escuchar a las partes los jueces quedaron en condiciones de resolver, al contar ya también con un dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien sostuvo que debe secuestrarse el teléfono celular.

«No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas», sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

La denominada «pista Milman» se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esas palabras hubieran sido pronunciadas.

Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman, dijo que el legislador le había facilitado un «perito» para que borrara información de su celular y que la maniobra se habría realizado en su presencia en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz era una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la Vicepresidenta antes de que ocurriera.

El tramo de la investigación vinculado a los detenidos y procesados por la autoría material del intento de magnicidio ya fue enviado a juicio por la jueza Capuchetti y resultó designado el Tribunal Oral Federal 6.

Los procesados son Sabag Montiel; su novia al momento de los hechos, Brenda Uliarte, y el sindicado jefe del grupo que supuestamente vendía copos de nieve, Gabriel Carrizo, este último como supuesto partícipe secundario.

Al resolver el cierre parcial de la pesquisa y enviar a juicio a los detenidos, la magistrada dispuso que continúe delegada en el fiscal Rívolo la parte de la investigación que busca determinar si hubo autoría intelectual, en el marco de la cual está incluida la llamada «pista Milman».