Por Karina Portizker

La prórroga excepcional por 30 días hábiles para presentar apelaciones en la causa Vialidad corrió los tiempos para la llegada del caso a la Cámara Federal de Casación, donde se abrirá un nuevo frente de conflicto con anunciadas recusaciones de jueces.

En concreto, se prevé que al menos la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pida que se aparten los magistrados que en la actualidad integran la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, según evaluaron fuentes del caso.

Esto recién ocurrirá cuando la causa llegue a esa instancia, se convoque a las partes para sus primeras presentaciones y siempre que esos mismos magistrados sigan para ese momento encargados de revisar el veredicto.

La sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos perpetua que se impuso a la Vicepresidenta por supuesta administración fraudulenta no está firme, al igual que el resto de las penas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) el 6 de diciembre pasado.

Ante Casación podría plantearse además si corresponde que el caso siga en la sala IV, donde está radicado ahora, o si debería ser revisado por la sala I, integrada por otros magistrados, en razón de recursos en los cuales estos últimos intervinieron con anterioridad.

Todos estos planteos deberán resolverse de manera previa al inicio de la revisión del veredicto, cuya apelación ya preparan todas las partes.

Si la investigación siguiera radicada ante la sala IV, la recusación de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a Cristina Kirchner, será contra los jueces Borinsky y Hornos por sospecha de parcialidad vinculada a las visitas de ambos al expresidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos o la Casa Rosada, durante su Gobierno, entre otros motivos.

Carbajo, por su parte, intervino en la revisión del veredicto condenatorio de uno de los imputados en la causa por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, hecho que juzgó el TOF2 en Vialidad.

Se trata del empresario y dueño de «Austral Construcciones» Lázaro Báez, condenado por lavado de activos, en un veredicto que confirmó otra sala de Casación el mes pasado, con Carbajo como uno de sus integrantes.

Las defensas entienden que lo que se juzgó en esa causa tiene puntos en común con lo que ahora le tocaría revisar a Carbajo en Vialidad y, por eso, el juez ya habría tomado postura al respecto, al confirmar la condena a Báez en ese primer juicio oral.

El pedido de extensión de plazos para presentar las apelaciones ante el Tribunal Oral fue motorizado por dos abogados defensores y los jueces lo aceptaron en base a la «especial complejidad de los hechos» juzgados y a que los fundamentos del veredicto que difundieron el 9 de marzo pasado tienen 1622 carillas.

Por eso se llevó de diez días hábiles a 30 ese límite para recurrir tanto para las defensas como para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes apelarían la decisión de absolver a tres acusados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y de dar por no probado el delito de asociación ilícita para todos los demás.

Sobre este último delito, en base al cual la fiscalía había reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, dos de los integrantes del Tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, concluyeron que «no ha podido demostrarse» mientras que, en este punto, Andrés Basso, el tercer magistrado, votó en disidencia.

Respecto a la figura de administración fraudulenta, los jueces consideraron que la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas «Austral Construcciones», de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas.

Las presuntas maniobras tuvieron un «fin económico» en «beneficio del empresario y sus socios comerciales», indicaron los jueces, quienes en el veredicto del juicio oral dispusieron que si la sentencia queda firme se decomisen 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.

En la sentencia del 6 de diciembre, Gorini, Giménez Uriburu y Basso condenaron a la Vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al considerarla «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Báez, propietario de la empresa «Austral Construcciones», recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.

También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López, en tanto resultó absuelto De Vido.

Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión, mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.