⬛ El empresario Armando Roberto Loson, titular del Grupo Albanesi, propuso a la Justicia una “reparación integral” de $181.236.691,18 con el objetivo de extinguir la acción penal en su contra y eludir el juicio oral. Aunque fue uno de los primeros arrepentidos de la causa, ahora se declaró inocente y negó cualquier responsabilidad penal.

La oferta de Loson y el giro en su estrategia

En una audiencia realizada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, Loson formalizó su propuesta económica. El cálculo del monto, según explicó su defensa, se basó en el requerimiento fiscal de elevación a juicio que estimaba entre $200.000 y $300.000 por cada uno de los diez hechos de cohecho que se le imputan, ajustados luego por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lo llamativo es el cambio de postura del empresario: tras haber prestado declaración como imputado colaborador en el inicio de la investigación, ahora sostiene que es inocente y que no reconoce “ninguna responsabilidad ni culpabilidad penal”. Su estrategia apunta a evitar una condena que lo inhabilitaría para seguir contratando con el Estado, pero también a cerrar el frente judicial antes del inicio del juicio, previsto para el 6 de noviembre.

Un movimiento colectivo de empresarios

La propuesta de Loson no es aislada: se suma a la de otros 40 empresarios que buscan evitar el debate oral ofreciendo compensaciones económicas. Según publicó La Nación, el total de las ofertas ronda los 8 millones de dólares. Entre los acusados que sí irán a juicio se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 73 imputados.

El rol del tribunal y las oposiciones

La decisión sobre la viabilidad de este mecanismo quedará en manos de los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Sin embargo, la iniciativa enfrenta dos trabas centrales:

• La UIF: La Unidad de Información Financiera, querellante en la causa, adelantó que rechazará la propuesta.
• La fiscalía: La fiscal del juicio, Fabiana León, aún no definió públicamente su postura. Antecedentes como el del ex titular del PAMI, Luciano Di Cesare, muestran que la Cámara de Casación exigió el consentimiento del Ministerio Público Fiscal para homologar acuerdos de reparación en delitos contra la administración pública.

Un desenlace abierto

La audiencia de este viernes será determinante para establecer si la causa avanza hacia un cierre parcial mediante acuerdos económicos o si todos los empresarios deberán comparecer junto a la dirigencia política imputada.

Romero también ofreció millones para evitar el juicio

El empresario Benjamín Gabriel Romero, titular de la compañía EMEPA, también ofreció este viernes el pago de $510.298.166 como “reparación integral” para evitar el juicio oral. El monto coincide con el embargo dictado en 2018, actualizado por la tasa activa del Banco Nación.

La propuesta se enmarca en una estrategia común a unos 40 empresarios que buscan acogerse a esta figura del Código Penal y así extinguir la acción penal sin admitir culpabilidad, según confirmaron fuentes judiciales.

La confesión sobre la Hidrovía

Romero fue uno de los arrepentidos en la investigación y declaró que pagó USD 600.000 en coimas para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le renovara la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En su testimonio, además, detalló que entregaba un 15% de los subsidios al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y un retorno adicional anual de USD 500.000 para garantizar la continuidad de la concesión de Ferrovías.

El debate sobre la “reparación integral”

La audiencia se realizó por Zoom ante el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. Según publicó el diario La Nación (Hernán Cappiello) y confirmó la agencia Noticias Argentinas, el total de aportes de los empresarios rondaría los USD 8 millones.

Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) ya adelantó que rechazará este mecanismo de salida. La fiscal federal Fabiana León también fijará postura en la misma línea.

El debate gira en torno a si los jueces pueden aceptar la reparación integral sin el consentimiento del Ministerio Público Fiscal. Precedentes judiciales, como el del ex titular del PAMI Luciano Di Cesare, marcaron que esa conformidad resulta “importante” e incluso “lógica” en casos de perjuicio al Estado.

Otros empresarios y ex funcionarios que ofrecen bienes millonarios

Los abogados de otros empresarios, financistas y ex funcionarios procesados en la causa también confirmaron este viernes sus propuestas de reparación económica para lograr la extinción de la acción penal y evitar la instancia oral. Las ofertas incluyen el pago de embargos actualizados y hasta la entrega de bienes como un departamento y un yate en Miami.

Propuestas sobre la mesa

Durante la audiencia virtual, que comenzó pasadas las 10, se detallaron distintas alternativas de reparación:

• Ernesto Clarens, financista arrepentido, ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millones de dólares, ya embargados en la causa.
• Mario Rovella propuso el pago de 732 millones de pesos.
• Julio Paolini ratificó su ofrecimiento de 826 millones de pesos.
• También confirmaron sus propuestas Aldo Roggio, Alberto Taselli, Ángelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.

Los abogados subrayaron que sus defendidos mantienen su inocencia, pero señalaron que la “pena natural” de seis años de procesamiento, el impacto en sus actividades económicas y el estigma social los lleva a buscar un cierre.

Argumentos de las defensas

El abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi, fue el primero en intervenir. Recordó que en Argentina hubo megacausas como “la mafia del oro”, “la aduana paralela” o el “contrabando de armas a Croacia y Ecuador” que “terminaron sin respuesta ni para la sociedad ni para los imputados”.

Otro de los letrados, Luciano Pauls, advirtió que el eventual juicio “podría durar entre 10 y 20 años”, con audiencias semanales y más de 600 testigos convocados. Según su estimación, el proceso implicaría un costo mensual de “50 mil dólares” en recursos judiciales.

Ex funcionarios presentes

En la audiencia también estuvieron presentes los ex funcionarios Julio De Vido, Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escucharon los planteos de las defensas y deberán dar la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la fiscal Fabiana León antes de resolver los pasos a seguir.

Qué está en juego

La decisión del tribunal será clave para definir si los empresarios imputados podrán evitar el juicio, previsto para el 6 de noviembre, en el que también están acusados Cristina Fernández de Kirchner y otros 73 procesados.

Puntos clave

• Armando Loson ofreció $181 millones como “reparación integral” para evitar el juicio en la Causa Cuadernos.
• Aunque fue uno de los primeros arrepentidos, ahora se declaró inocente y rechazó toda responsabilidad.
• Más de 40 empresarios hicieron propuestas similares, con un total cercano a los 8 millones de dólares.
• La UIF ya adelantó su oposición y la fiscalía deberá fijar posición en breve.
• El TOF 7 definirá si acepta las reparaciones o si el juicio se realiza en noviembre con todos los imputados.

• Benjamín Gabriel Romero (EMEPA) ofreció $510 millones como reparación para cerrar su causa en los Cuadernos.
• Había confesado el pago de USD 600.000 en coimas por la Hidrovía.
• También admitió retornos a Ricardo Jaime y pagos anuales para conservar Ferrovías.
• La UIF y la fiscal Fabiana León se oponen a esta salida.
• El TOF 7 definirá si los empresarios enfrentan el juicio oral o logran evitarlo con un acuerdo económico.

• Empresarios y ex funcionarios buscan evitar el juicio en la causa Cuadernos mediante reparación económica.
• Ernesto Clarens ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millones de dólares.
• Otros imputados propusieron pagos por 732 y 826 millones de pesos en concepto de embargos.
• Las defensas argumentan que un juicio podría durar hasta 20 años y costar 50 mil dólares mensuales.
• El Tribunal Oral Federal 7 escuchará a la UIF y a la fiscalía antes de resolver.