La causa por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo se reactivará la semana próxima con el inicio de las declaraciones testimoniales ordenadas por el juzgado, entre ellas la del diputado nacional Diego Santilli, quien pidió responder por escrito.

Santilli está citado este lunes para expedirse «acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar», según resolvió el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.

Pero el diputado nacional, querellante como víctima del espionaje ilegal, hizo uso de su derecho a declarar por escrito y ante ello el juzgado le enviará un pliego de preguntas luego de consultar a las partes, informaron a Télam fuentes judiciales.

Para el martes 15 a las 10 sí está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado, el ex funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

Un detenido en una causa por narcotráfico declaró luego que habría sido contactado por un abogado que trabajaba para la AFI para dejar la caja en la casa de Vila.

El próximo testigo convocado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.

A Caamaño, el magistrado detalló que se la citó como testigo en relación a un reportaje publicado por el diario «Tiempo Argentino» el 25 de diciembre pasado y se le hizo saber que «deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520».

Otro testigo será el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo «a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano», dos ex funcionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la causa estuvieron procesados los ex responsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a ex jerárquicos del organismo y ex agentes.

Pero cuando el caso pasó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los ex funcionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal «cuentapropista» de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por la segunda del organismo, Majdalani.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La ex funcionaria quedó procesada por presunto «incumplimiento de deberes» a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como «Súper Mario Bros» por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.

Distintas querellas apelaron el fallo del 21 de diciembre pasado para llegar a la Cámara Federal de Casación, pero los recursos fueron rechazados y sólo resta ir en queja directa ante el máximo tribunal penal federal del país.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y entre ellas, pidió con carácter de «muy urgente» informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de «un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente» entre ese organismo y la AFI «a través de un enlace dedicado o mecanismo similar».

La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe «si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación», entre otros puntos.

A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los «números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros» entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.

Al ordenar las medidas de prueba, Martínez De Giorgi pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre «convenios que hubieren celebrado» con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.

También pidió al SPB que «con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata «Melchor Romero», entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.

Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe «la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia».